Por. J. Jesús Lemus
La fractura hidráulica (fracking) en México se ha convertido en una de las realidades más contradictorias y silenciadas del sector energético nacional. Mientras el discurso oficial de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una narrativa de soberanía energética y transición ecológica, la realidad en los campos de Veracruz, Puebla y Tamaulipas revela una alarmante intensificación de la actividad extractiva.
A esto se suma un ingrediente crítico: la presencia del crimen organizado, que ha encontrado en el control territorial de las reservas de gas un negocio alterno, provocando el desplazamiento forzado de comunidades enteras.
Pese a las promesas políticas de años recientes sobre detener esta práctica, las organizaciones civiles y el monitoreo de la Alianza Mexicana contra el Fracking revelan un panorama muy distinto, en donde el gobierno federal insiste en destrozar el territorio nacional para extraer las reservas de gas.
Se estima que en México se han perforado más de 7,800 pozos utilizando la técnica de la fractura de la corteza terrestre o fracking convencional en yacimientos no convencionales. La gran mayoría se concentran en la cuenca Tampico-Misantla, en Veracruz y Puebla, y en la cuenca de Burgos, en Tamaulipas.
Para reducir la dependencia del gas natural importado de Texas, que actualmente cubre más del 70% del consumo nacional, la estrategia energética federal contempla la perforación de cientos de pozos adicionales en campos terrestres en los próximos años, reactivando asignaciones de Pemex en zonas de lutitas (gas Shale).
El mapa del fracking coincide de manera exacta con las rutas más violentas del país. En regiones como el norte de Veracruz, en la zona Poza Rica y Papantla, la Huasteca Poblana, en Pantepec y Venustiano Carranza y en la cuenca de Burgos en Tamaulipas, la extracción de gas opera bajo la sombra de los carteles.
El crimen organizado actúa como un brazo de presión informal. Mediante extorsiones o el famoso “cobro de piso”, secuestros y amenazas directas, los grupos delictivos obligan a ejidatarios y pequeños propietarios a abandonar sus tierras.
Una vez que las comunidades quedan desiertas, el acceso de las empresas subcontratistas de Pemex se facilita, eliminando de golpe la resistencia social o las consultas indígenas obligatorias. Además, el control de los caminos por parte de las células criminales sirve para el robo de hidrocarburos -huachicol de gas y condensados- y la extorsión a las propias empresas operadoras.
La insistencia en abrir más campos mediante esta técnica implica firmar un pagaré de alto riesgo para los ecosistemas del oriente del país.
Cada pozo de fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua para una sola inyección. En regiones de Veracruz y Tamaulipas que ya sufren sequías crónicas, este volumen de agua limpia se extrae de acuíferos locales, compitiendo directamente con el consumo humano y la agricultura.
Además, esa agua regresa a la superficie convertida en “agua de retorno”, mezclada con un cóctel de más de 750 aditivos químicos, muchos de ellos cancerígenos como el benceno y el plomo, y metales pesados. Al no haber plantas de tratamiento adecuadas, estas sustancias terminan filtrándose a los mantos freáticos, envenenando el agua subterránea que abastece a los pueblos circundantes.
La inyección a altísima presión de agua, arena y químicos altera las tensiones naturales de la corteza terrestre. En la Huasteca Poblana y el sur de Tamaulipas, comunidades rurales han reportado un incremento notable en microsismos y grietas en viviendas coincidiendo con los periodos de fracturación intensa. Aunque no suelen generar terremotos mayores, este golpeteo constante en el subsuelo desestabiliza los terrenos.
El fracking es una de las fuentes principales de escape de metano, un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono a corto plazo. La infraestructura en Veracruz y Tamaulipas carece de los sistemas de captura de emisiones del primer mundo, lo que resulta en la quema masiva e ineficiente de gas a la atmósfera (los llamados “mecheros”), destruyendo el tejido forestal de la selva mediana y los cultivos de cítricos locales.
De esa forma, la política energética de la presidente Sheinbaum se enfrenta a una encrucijada ética y ecológica.
Buscar la autosuficiencia de gas a costa de fracturar el subsuelo, agotar el agua en plena crisis climática y permitir que la violencia desplace a los ciudadanos del México rural, dibuja un escenario donde el remedio energético podría resultar mucho más costoso que la enfermedad de la dependencia exterior.
El costo de cada metro cúbico de gas mexicano ya no solo se mide en dólares, sino en comunidades desplazadas y acuíferos destruidos.
