Por. J. Jesús Lemus
El territorio mexicano enfrenta una realidad ineludible que la retórica oficial no ha logrado sepultar: la crisis de personas desaparecidas y la proliferación de fosas clandestinas.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) ha superado la alarmante cifra de 133,000 personas desaparecidas. La distribución de esta crisis no es homogénea; se concentra con especial violencia en zonas de disputa territorial, rutas de tráfico de drogas y corredores de tránsito migrante.
Los estados con mayor volumen histórico y reciente de casos son Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Tabasco, Chiapas, Guanajuato y Baja California, en donde mantienen presencia los grupos criminales más sanguinarios, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, algunas fracciones de Los Zetas, Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.
Territorio en poder del Narco
Jalisco, está históricamente a la vanguardia nacional en desapariciones. Aunque los reportes estatales alegan ligeras disminuciones estadísticas, sigue siendo el epicentro de la crisis, concentrando la mayor cantidad de carpetas de investigación abiertas, aquí opera el CJNG.
El Estado de México registra un crecimiento sostenido impulsado por la violencia urbana y de género, superando los 14,000 casos acumulados. Las desapariciones en esta entidad se atribuyen en su mayoría a los cárteles Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana
Tamaulipas, calificado por organismos civiles con un nivel “extraordinario” de gravedad debido a las desapariciones sistemáticas en carreteras y zonas fronterizas, se mantiene bajo el asedio del Cártel del Noreste y algunas fracciones de Los Zetas
En Veracruz y Nuevo León, en ambos estados se mantienen como focos rojos permanentes, promediando más de 7,000 desapariciones documentadas cada uno, en esta entidad también se registra una actividad criminal preponderante atribuid a grupos escindidos de Los Zetas, al Cártel del Golfo y Cártel del Noreste.
Estados como Tabasco, con incrementos porcentuales drásticos en el último año; Chiapas, Guanajuato y Baja California registran incrementos superiores al 20% en su tasa de desapariciones, ligadas directamente a la reconfiguración de la guerra entre cárteles. En estas entidades las desapariciones se atribuyen a los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y Caballeros Templarios.
La desaparición de personas en México se ha consolidado como un mecanismo operativo del crimen organizado para ocultar homicidios, borrar evidencias de control territorial o forzar el reclutamiento. Los principales generadores de violencia en las zonas críticas son: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que mantiene hegemonía local con purgas internas y disputas periféricas y Cártel del Golfo y Cártel del Noreste, que mantienen control de aduanas, tráfico de migrantes y extorsión masiva.
El Cártel de Sinaloa también es considerado un grupo criminal con alta incidencia en la crisis de desaparecidos, sobre todo por los conflictos internos que se han recrudecido, provocando desapariciones forzadas masivas en Culiacán y zonas de tránsito hacia EE.UU.
Las fosas, evidencia del mal
Las fosas clandestinas no son anomalías aisladas. Son la consecuencia directa y material del fenómeno de la desaparición. El país registra un acumulado superior a las 4,500 fosas clandestinas detectadas por colectivos de búsqueda y fiscalías. Además, el colapso de los servicios forenses se evidencia en los más de 72,000 restos humanos sin identificar depositados en morgues y fosas comunes estatales.
El hallazgo más significativo y estremecedor de los últimos meses se concentra en las inmediaciones del Estadio Akron, en Zapopan, una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo de la FIFA. Colectivos de madres buscadoras localizaron una red de predios utilizados como cementerios clandestinos que incluyen los sitios conocidos como Las Agujas, Arroyo Hondo, Lomas del Refugio y Nextipac.
En este perímetro se han recuperado más de 500 bolsas con restos humanos. Los reportes forenses independientes y de colectivos indican que los cuerpos presentan “poca data” de fallecimiento -aún con tejido blando-, lo que demuestra que estos sitios continuaban activos y recibiendo cuerpos de manera reciente. Los perpetradores han modificado sus métodos, empleando el empaquetado en bolsas y costales compactos para dificultar el rastreo y agilizar las inhumaciones exprés.
En el ámbito político, la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum encara duras críticas por parte de colectivos de víctimas y de organismos internacionales, quienes describen la actitud de la mandataria como displicente y evasiva frente a la magnitud de la crisis.
Sheinbaum, ni los ve ni los oye
La presidencia ha chocado abiertamente con las evaluaciones de la ONU y Amnistía Internacional. Ante los señalamientos de que México enfrenta una crisis humanitaria persistente, la postura oficial de Sheinbaum ha sido tajante: “El Estado mexicano no está rebasado”, acusando a los organismos de tener “motivaciones políticas” y de no reconocer los esfuerzos institucionales.
El gobierno federal ha negado explícitamente que la crisis de desapariciones configure crímenes de lesa humanidad, atribuyendo la totalidad de la culpa al actuar exclusivo del “crimen organizado”, eximiendo así de responsabilidad a las omisiones o complicidades estructurales del Estado.
Siguiendo la línea metodológica implementada en el sexenio anterior, la administración de Sheinbaum ha priorizado discursivamente las reformas legales de búsqueda (como las de julio de 2025 para agilizar alertas) y la localización de personas mediante bases de datos burocráticas (matrimonios, registros civiles).
Para los colectivos de buscadoras, este enfoque tiene como fin real la reducción artificial de las cifras oficiales en lugar de atender la contención de la violencia y la excavación de los campos de exterminio.
Mientras el discurso oficial se enfoca en defender la soberanía institucional y regularizar los registros en el papel, la realidad en el terreno sigue siendo dictada por las palas de las familias que buscan a los suyos bajo la tierra y por la violencia del crimen organizado que continúa operando con impunidad.
