Por: J. Jesús Lemus
A décadas de distancia, el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 sigue siendo un rompecabezas con piezas que el gobierno de Estados Unidos se resiste a archivar.
Aunque históricamente el crimen se le atribuyó a la cúpula del extinto Cártel de Guadalajara, liderado por Rafael Caro Quintero, una vertiente de la investigación apunta a que los verdaderos hilos conductores no se movieron desde los campos de cultivo, sino desde los despachos más altos de la política mexicana de los años ochenta.
En el centro de esta tormenta se encuentra Manuel Bartlett Díaz, el que fuera director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de una figura prominente dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y, en el momento del crimen, titular de la poderosa Secretaría de Gobernación (Segob).
Documentos desclasificados por agencias estadounidenses como el FBI y testimonios recopilados en cortes federales de EE.UU. sostienen que el secuestro y tortura de Camarena no fue una simple venganza de narcotraficantes. La teoría apunta a que Camarena descubrió una red de colusión masiva donde el gobierno mexicano y la CIA protegían operaciones del narcotráfico a cambio de financiamiento encubierto.
Testigos protegidos —entre ellos ex policías judiciales de Jalisco— han declarado formalmente en expedientes estadounidenses que Bartlett participó en reuniones con capos antes y después del crimen.
Los señalamientos indican que Bartlett presuntamente buscaba silenciar las investigaciones de Camarena para proteger acuerdos económicos y salvaguardar sus propias aspiraciones presidenciales rumbo a la sucesión de 1988.
Testimonios de juicios en la década de los noventa llegaron a afirmar que Bartlett estuvo presente e incluso participó activamente en los interrogatorios mientras Camarena era torturado en la casa de la calle Lope de Vega, en Guadalajara.
Fuentes del Departamento de Justicia de EE.UU. han reiterado que, si Bartlett Díaz pisara territorio estadounidense, sería detenido de manera inmediata para comparecer ante un Gran Jurado por este caso. Bartlett siempre ha negado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de “falacias y mentiras”.
El declive físico de Caro Quintero
Mientras el debate político continúa, Rafael Caro Quintero, señalado formalmente por las autoridades como uno de los ejecutores del crimen, vive una realidad diametralmente opuesta a sus años de opulencia. A sus más de 70 años y recluido en una cárcel federal de Nueva York, tras su extradición en el 2025, el capo ha manifestado repetidamente el peso del encierro y el deterioro de su salud.
Caro Quintero se ha manifestado formalmente enfermo y ha recurrido al sistema judicial en busca de medidas humanitarias.
Su defensa ha tramitado amparos denunciando condiciones de incomunicación, pero lo que más resalta son sus crisis médicas. Desde que fue internado, el capo ha solicitado y recibido servicio médico de urgencia fuera del penal en por lo menos dos ocasiones.
El antecedente médico de Caro Quintero, refiere una Cirugía urológica de próstata, por lo que, en su momento, en México, fue trasladado de emergencia y vía aérea al Hospital Adolfo López Mateos en Toluca debido a complicaciones urológicas graves.
Recientemente, en la prisión de Nueva York, ha requerido de manera urgente, en dos ocasiones, servicios médicos, por lo que ha sido trasladado de su celda al servicio medico dentro la prisión, precisar la causa de la urgencia, solo se sabe que se trata de problemas relacionados a la presión arterial.
El Cártel de Caborca: El negocio sigue
A pesar de que el “Narco de Narcos” se encuentra debilitado y tras las rejas, su estructura criminal está lejos de desaparecer. Informes de inteligencia militar confirman que el Cártel de Caborca sigue operando plenamente bajo el control absoluto de sus sobrinos.
José Gil Caro Quintero, alias “El Pelo Chino”, aunque preso, pero aun así mantiene el control operativo y logístico de la organización, disputando territorios clave para el trasiego de droga, sobretodo en la zona de Chihuahua, Sonora y Baja California
Rodrigo Omar Páez Quintero, alias “El R”, también preso en una cárcel de Estados Unidos, sigue teniendo control del cártel de Caborca. Él fungió como líder de células hasta su detención en Zapopan y posterior extradición a EE.UU.
Esta facción familiar mantiene una cruenta disputa en Sonora y Chihuahua contra agrupaciones rivales como “Los Chapitos” y “La Mayiza”, demostrando que el apellido Caro Quintero sigue siendo un eje de control en el mapa del narcotráfico, operando de manera independiente a la situación jurídica y médica de su fundador.
