Por. J. Jesús Lemus
En las últimas semanas, la relación bilateral México-Estados Unidos, en materia de seguridad civil, encara su mayor fractura institucional en décadas. Desde las mesas de inteligencia militar y los despachos diplomáticos, el panorama es claro: Washington ha dado por concluida la “era de la pasividad” y ha puesto en marcha su nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026.
Al clasificar formalmente a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y al fentanilo como un arma de destrucción masiva, la Casa Blanca expandió unilateralmente su marco de acción extraterritorial.
Ante la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de obsequiar detenciones fast-track sin pruebas exhaustivas —y su enérgico reclamo de reciprocidad por más de 260 extradiciones ignoradas por EE. UU.— la Casa Blanca ha optado por la ofensiva directa a través de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Contra los Cárteles (JITC-CC).
El cisma más profundo no proviene únicamente de la sierra, sino de los despachos gubernamentales. La reciente acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. contra diez políticos y funcionarios de Sinaloa, encabezados por Ruben Rocha, vinculados al partido oficialista ha marcado una línea roja inédita. Washington acusa formalmente a este grupo de utilizar sus posiciones de poder para blindar operativamente el tráfico de drogas, concretamente al Cártel de Los Chapos.
Debido al rechazo del gobierno de Sheinbaum de ejecutar arrestos basados en lo que ella calificó como “interferencia e intervencionismo”, estos perfiles se convirtieron en blancos prioritarios de captura con fines de extradición, mediante operativos en suelo mexicano, ejecutados por agentes de Estados Unidos:
Rubén Rocha Moya (Exgobernador de Sinaloa), es el eje central de la acusación. EE.UU. lo señala por presuntos vínculos operativos y de protección a la facción de “Los Chapitos”, una línea de investigación que se aceleró tras la polémica captura de Ismael “El Mayo” Zambada.
Enrique Inzunza (Senador), es identificado en las carpetas de investigación estadounidenses como parte de la red política que presuntamente facilitaba el blindaje judicial y operativo en el noroeste del país al cártel de los hijos del Chapo Guzmán.
Juan de Dios Gámez (Alcalde de Culiacán), es señalado bajo los mismos cargos federales de conspiración para el tráfico de narcóticos y armas de fuego, además de haber facilitado a la policía municipal de Culiacán para secuestrar a los adversarios del los mandos del Cártel de Los Chapos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
Los acusados del llamado mini cártel de Sinaloa, actualmente mantienen cuentas congeladas en México y el apoyo de la presidente Sheinbaum, la que se niega a entregarlos a las agencias de EE.UU. sin un debido proceso riguroso y de reciprocidad jurídica, particularmente exigiendo la entrega de figuras refugiadas en EE.UU., como el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
A la par de la operación puesta en marcha para la detención de figuras de la política, la arquitectura de los grandes cárteles se reconfigura de manera violenta debido a las intervenciones de inteligencia militar coordinadas o impulsadas desde Washington.
El Cartel Jalisco Nueva Generación
Tras confirmarse la muerte del capo supremo del CJNG durante una operación militar de Fuerzas Especiales en Tapalpa, Jalisco —donde la inteligencia estadounidense (JITC-CC) proveyó datos clave de geolocalización—, el aparato de captura de la DEA se vuelca sobre los herederos de la estructura criminal dejada por Nemesio Oseguera.
Los objetivos prioritarios se centran ahora en los coordinadores regionales y operadores financieros que asumieron el control tras el vacío del “Mencho” y la neutralización de sus brazos derechos, como Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”. EE.UU. busca desmantelar los nodos financieros en Jalisco, Michoacán y Veracruz para evitar la consolidación de una nueva jefatura unificada.
El Cártel de Sinaloa
Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar “Los Chapitos” siguen siendo los criminales más buscados por las agencias federales de EE. UU., con recompensas multimillonarias sobre sus cabezas. Washington busca descabezar por completo la dinastía de Joaquín “El Chapo” Guzmán, responsabilizándolos de la mayor cuota de introducción de fentanilo a su territorio.
Tras la detención del “Mayo” Zambada y su entrega en Texas, las agencias estadounidenses mantienen bajo la lupa a los operadores que sostienen la guerra interna en el estado de Sinaloa contra Los Chapitos, buscando desactivar los laboratorios clandestinos de síntesis química que coordina Ismel Zambada Sicairos.
El choque de doctrinas es total. Mientras que la administración de Sheinbaum defiende la soberanía nacional bajo el principio juarista y exige que EE.UU. resuelva las solicitudes mexicanas de extradición pendientes desde 2018, la Casa Blanca aplica una estrategia de asfixia utilizando el T-MEC, con amagos arancelarios y designaciones de terrorismo como palancas de presión.
