Por. J. Jesús Lemus
La cooperación y el intercambio de inteligencia financiera internacional entre México y Estados Unidos han puesto bajo el microscopio un fenómeno recurrente en la política mexicana: el enriquecimiento inexplicable de gobernadores apenas se asume el cargo.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de sus unidades de fiscalización global, mantiene un rastreo sistemático sobre los flujos de capital que vinculan a un bloque específico de siete gobernadores en funciones y electos debido a asimetrías brutales entre sus ingresos declarados históricamente y sus activos actuales en el extranjero.
Los gobernadores y gobernadoras mexicanas que el gobierno de Estados Unidos ahora mantiene bajo la mira, por la forma irregular en que han crecido sus fortunas solo después de haber asumido el cargo público, son:
Clara Brugada (Ciudad de México), Rocío Nahle (Veracruz), Layda Sansores (Campeche), Salomón Jara (Oaxaca), Margarita González Saravia (Morelos), Esteban Villegas (Durango) y Manolo Jiménez (Coahuila).
Lo último que al gobierno norteamericano le interesa es conocer si el aumento irregular de las fortunas de estos funcionarios es producto del saqueo del dinero oficial, lo que Estado Unidos persigue es saber si esos fondos en aumento son producto de relaciones con el narcotráfico o producto de actividades ilícitas que afecten a la seguridad norteamericana.
Todos los perfiles bajo la lupa —tanto del bloque oficialista como de la oposición— iniciaron sus carreras públicas con declaraciones patrimoniales modestas. No contaban con antecedentes como empresarios de alta escala, accionistas globales o herederos de grandes fortunas antes de asumir posiciones de poder real y administración de presupuestos públicos.
Conforme avanzaron en sus respectivas administraciones o campañas electorales, sus entornos familiares y redes de operadores políticos comenzaron a registrar movimientos y aperturas de cuentas en destinos como las Islas Caimán, las Bahamas o el estado de Delaware.
La investigación resalta la contradicción política. Personajes que han fincado sus carreras en discursos de austeridad y combate a las élites terminan operando financieramente bajo la misma lógica de evasión, ocultamiento y resguardo de capitales que públicamente cuestionan.
A diferencia de las fiscalías locales o las contralorías estatales en México, que suelen verse frenadas por coyunturas políticas, las agencias estadounidenses —particularmente a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)— operan bajo la estricta lógica del seguimiento del dólar (Follow the Money).
Mediante alertas por Transacciones Sospechosas (SARs) en bancos comerciales con matrices en EE.UU., se ha podido Identificar el uso de corresponsalías bancarias americanas para triangular fondos hacia el Caribe o Europa.
A través de Registros de Beneficiario Final (UBO) bajo regulaciones internacionales de transparencia, se ha podido romper las capas de las empresas “fachada” para encontrar el nombre real del político, cónyuge o prestanombres.
Posterior a esto, ahora si puede venir el congelamiento administrativo de activos y diseño de alertas migratorias o financieras (OFAC), a fin de inmovilizar los fondos e impedir la dispersión de activos en economías no cooperativas antes de que inicien los juicios.
Aunque la lista está predominantemente integrada por gobernadores del partido en el poder (CDMX, Veracruz, Campeche, Oaxaca y Morelos), la inclusión de perfiles como Esteban Villegas (Durango) y Manolo Jiménez (Coahuila) demuestra que el rastreo de inteligencia financiera de Washington no distingue ideologías, sino flujos de capital no justificados que tocan el sistema financiero internacional.
