Por. J. Jesús Lemus
La promesa de claridad en torno a uno de los episodios más humillantes para la soberanía de México se desvaneció en el atril de Palacio Nacional. Durante la conferencia de prensa del 7 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum se enfrentó a la asignatura pendiente que su administración heredó y que sigue arrastrando como una pesada losa: explicar cómo fue la extracción de Ismael “El Mayo” Zambada de territorio nacional.
La expectativa era alta. El gobierno federal había anticipado un informe exhaustivo, una “lectura de hechos” definitiva para aclarar las dudas. Sin embargo, lo visto y escuchado ante los medios de comunicación no fue más que un tropiezo informativo, una pifia política donde las evasivas sustituyeron a los datos duros y las quejas diplomáticas reemplazaron a las explicaciones internas.
La mandataria no pudo responder a la pregunta medular que los mexicanos se formulan desde el día del suceso: ¿cómo operó un avión en el espacio aéreo del país para llevarse al capo más veterano del narcotráfico sin que ninguna autoridad local se enterara?
Un silencio institucional de primer nivel
A pesar de contar con el aparato de inteligencia del Estado, ni la Fiscalía General de la República ni el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han sido capaces de articular un reporte creíble que aclare la cadena de eventos de aquella jornada.
La narrativa oficial ha quedado atrapada en un callejón sin salida, donde la constante es admitir, implícitamente, una ceguera institucional absoluta o una inacción inexplicable.
El secretario de Seguridad asiste a los encuentros con la prensa para hablar de detenciones locales, pero cuando el foco se sitúa sobre el operativo que vulneró la seguridad aérea del país, los detalles desaparecen. En lugar de certezas, la administración mexicana se ha visto orillada a construir su “informe” con base en reportajes publicados por la prensa y filtraciones del otro lado de la frontera.
El colmo de la ironía gubernamental quedó expuesto cuando la presidenta tuvo que admitir que se enteraron de nuevos detalles operativos porque la aeronave utilizada para el traslado de Zambada está siendo exhibida por el FBI en una muestra de aviones de guerra en Estados Unidos.
El gobierno de México investiga el caso leyendo periódicos y observando las ferias de agencias extranjeras.
La asimetría de la información y la pérdida de credibilidad
La desconexión bilateral es evidente. Mientras el gobierno de los Estados Unidos prefiere alimentar las páginas de los medios de comunicación internacionales con datos, bitácoras y fotografías del traslado de Joaquín Guzmán López y del propio Zambada, al gobierno de México lo mantienen en una prolongada sala de espera diplomática.
Las constantes peticiones de información enviadas a Washington regresan vacías o con respuestas ambiguas, dejando al descubierto que la confianza entre ambas naciones está fracturada.
La retórica oficial de Palacio Nacional intenta disfrazar este vacío con discursos sobre la dignidad nacional y la exigencia de respeto mutuo, acusando que alguien mintió en las versiones oficiales. El problema de origen para este discurso de soberanía herida radica en la grave crisis de credibilidad que el propio gobierno ha cultivado en casa.
Resulta sumamente complicado exigir transparencia al exterior cuando de manera interna el gobierno federal ha cerrado filas para proteger y defender a personajes señalados por la opinión pública y por investigaciones periodísticas debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado en Sinaloa.
El cobijo político otorgado al narco gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al narco senador Enrique Inzunza, ha minado el peso moral del discurso gubernamental. Ante los ojos de la ciudadanía, la defensa a ultranza de estas figuras locales neutraliza cualquier reclamo de legalidad frente a las agencias estadounidenses.
El resultado de la jornada del 7 de julio no fue el informe de seguridad esclarecedor que se prometió, sino una confirmación del desconcierto que impera en los círculos de poder. México sigue sin saber cómo se llevaron a uno de los hombres más buscados de su propio territorio, y su gobierno, entre el silencio de sus funcionarios y el blindaje a sus aliados políticos, demuestra una alarmante incapacidad para recuperar el control de la narrativa y de la seguridad nacional.
