Por. J. Jesús Lemus
Detrás de los discursos oficiales, las conferencias de prensa matutinas y la retórica del bienestar, la crisis del agua en México atraviesa un momento desgarradoramente contradictorio. El Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, insiste públicamente en que la prioridad absoluta de su administración es resguardar el recurso hídrico, frenar la sobreexplotación de los mantos acuíferos y garantizar el derecho humano al agua para la población.
Sin embargo, la realidad que se vive en el terreno muestra un panorama diametralmente distinto. La narrativa gubernamental focaliza la culpa de la escasez en el uso doméstico irresponsable, el cambio climático o las fugas de la red municipal, omitiendo encarar con firmeza el verdadero motor del agotamiento hídrico en el país: la continuidad, protección e imposibilidad práctica de limitar las concesiones de autoabastecimiento que benefician a megaempresas privadas y estatales, concentradas prioritariamente en las industrias minera y de hidrocarburos no convencionales.
Mantenidas bajo el blindaje del Registro Público de Derechos de Agua y amparadas en un esquema normativo que no ha cambiado de fondo, las corporaciones privadas extraen cada día miles de millones de litros de agua directamente del subsuelo y de las cuencas locales sin que el Estado establezca topes drásticos ni aplique verdaderas restricciones en momentos de sequía extrema.
Mientras comunidades enteras en el norte y centro del país padecen racionamientos severos y reciben agua por tandeo un par de días a la semana, las gigantescas operaciones extractivas operan interrumpidamente con títulos concesionados que les garantizan un caudal inagotable.
Para dimensionar el abismo entre la postura mediática de la administración federal y la devastación hídrica territorial, basta con analizar lo que ocurre con la industria minera de extracción a cielo abierto y refinamiento.
Esta actividad consume volúmenes descomunales de agua subterránea que quedan inutilizados permanentemente debido al uso de reactivos químicos tóxicos como el cianuro o el ácido sulfúrico.
Mineras impunes, con el aval del Estado
El primer caso emblemático es el de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, operada por Grupo México. Esta colosal instalación minera cuenta con concesiones para extraer decenas de millones de metros cúbicos de agua al año directamente de la cuenca del río Sonora y del acuífero local.
La afectación en la región ha sido histórica y devastadora. El consumo desmedido ha provocado el abatimiento drástico de los pozos agrícolas y comunitarios, dejando a los agricultores sin capacidad de riego, a lo que se suma el impacto imborrable de la contaminación de las fuentes hídricas, condenando a los habitantes a vivir con incertidumbre sobre la toxicidad del agua que llega a sus hogares.
En el corazón de Zacatecas opera la mina Peñasquito, propiedad de la corporación estadounidense Newmont Corporation. Asentada en el municipio de Mazapil, una zona semiárida por naturaleza, la minera extrae volúmenes masivos de agua subterránea para el lavado de minerales.
El impacto regional en el semidesierto zacatecano es desolador: el acuífero de Cedros ha sufrido un desecamiento acelerado, provocando la desaparición de manantiales históricos de los que dependían comunidades campesinas y ganaderas. Los pobladores locales denuncian que la tierra se ha vuelto infértil y que las familias deben recorrer kilómetros o comprar agua en pipas a precios impagables para sobrevivir.
Un tercer ejemplo dramático se localiza en la Comarca Lagunera, entre Durango y Coahuila, donde opera la Mina La Parrilla de First Majestic Silver. En una de las regiones más castigadas por el estrés hídrico en el país, el acaparamiento industrial del subsuelo por parte de la actividad minera en combinación con la agroindustria ha obligado a perforar pozo a profundidades riesgosas.
La consecuencia directa para las comunidades de la región ha sido la concentración crónica de arsénico en el agua de consumo humano extraída a gran profundidad, detonando altos índices de enfermedades crónicas, padecimientos renales y cáncer en la población local.
En el estado de Guerrero, en el cinturón dorado del Mezcala, la empresa Torex Gold Resources opera la mina El Limón-Guajes. A través de cuantiosos títulos de extracción, absorbe agua de la cuenca del río Balsas.
La afectación territorial en la región de la Balsas y la Montaña de Guerrero ha desatado una profunda crisis social. Los pueblos originarios ven mermados los caudales de sus ríos tradicionales, enfrentando una severa deforestación, pérdida de la biodiversidad acuática y la contaminación del flujo de agua que solía sostener sus cultivos de subsistencia.
El quinto caso se ubica en San Luis Potosí, donde la Minera San Xavier, subsidiaria de la canadiense New Gold, operó durante años en el municipio de Cerro de San Pedro. A pesar de los ceses operativos, las concesiones concedidas para el manejo de sus presas de jales y la extracción profunda dejaron una huella imborrable en el acuífero del Valle de San Luis Potosí.
La sobreexplotación acumulada en la zona ha generado el hundimiento del suelo urbano en la capital potosina, grietas estructurales en viviendas y la desertificación irreparable del valle circundante.
El Fracking, un problema latente
Por otro lado, la paradoja del discurso oficial se vuelve aún más profunda cuando se analiza la producción de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de fracturación hidráulica o Fracking.
Pese a las promesas del Ejecutivo de no recurrir a este método por sus implicaciones ambientales, en los hechos los proyectos de extracción de gas de lutitas y petróleo pesado continúan vivos a través de Petróleos Mexicanos y sus empresas contratistas privadas en las cuencas del Golfo y del Noreste.
El Fracking requiere la inyección a alta presión de millones de litros de agua dulce mezclada con aditivos químicos por cada pozo perforado, dejando el líquido completamente radioactivo y no reutilizable.
En la Cuenca de Burgos, en el estado de Tamaulipas, Pemex Exploración y Producción mantiene campos donde la fracturación hidráulica ha consumido enormes volúmenes de las reservas de agua dulce de la región.
Las zonas rurales adyacentes a San Fernando y Reynosa padecen un estrés hídrico extremo, donde las lagunas y pozos someros agrícolas se han secado, diezmando la capacidad productiva de los ejidos y obligando a los habitantes a desplazarse por la falta absoluta del recurso básico.
En el norte de Veracruz, en la región del Paleocanal de Chicontepec, operan contratistas como la empresa Schlumberger en asociación con la petrolera estatal.
La inyección masiva de agua dulce para fracturar los pozos ha afectado de manera directa la cuenca del río Cazones y los mantos freáticos de la zona Totonacapan.
La población campesina e indígena de la región enfrenta una severa escasez de agua potable, además del constante riesgo de contaminación de los manantiales de los que históricamente se abastecían para sus necesidades primarias.
Un tercer punto crítico se encuentra en el norte de Coahuila, en el municipio de Hidalgo, dentro de la cuenca del río Bravo, donde la empresa Halliburton brinda servicios de fracturación hidráulica para la extracción de gas no convencional.
En esta zona desértica, el uso intensivo de agua para el Fracking ha entrado en competencia directa con las necesidades vitales de las poblaciones fronterizas. El impacto territorial se traduce en pozos comunitarios secos, salinización de los mantos acuíferos restantes y la pérdida irremediable de agua potable en una región azotada recurrentemente por sequías prolongadas.
En el estado de Puebla, en la Sierra Norte, la empresa Tecpetrol ha participado en bloques licitados con potencial de extracción mediante técnicas no convencionales que involucran altos insumos hídricos.
Las comunidades locales denunciaron la perturbación irreversible del sistema de manantiales que abastece a los municipios serranos, el agotamiento de arroyos comunitarios y la alteración del ecosistema montañoso que alimenta la cuenca alta del río Necaxa.
Por último, en el estado de Tabasco, en zonas de extracción profunda operadas por empresas multinacionales en alianza con Pemex como Baker Hughes, el requerimiento continuo de agua tratada e industrial para procesos de estimulación de pozos petroleros ha presionado severamente las cuencas de los ríos Grijalva y Usumacinta.
A pesar de ser una zona rica en recursos hídricos superficiales, la contaminación cruzada y el acaparamiento de los mejores caudales para uso industrial ha dejado a los municipios periféricos con redes de agua potable colapsadas, altamente turbias o insuficientes para el consumo de la gente.
El contraste resulta evidente para quien observa la política pública desde el territorio y no desde el boletín oficial. La narrativa del gobierno de Claudia Sheinbaum intenta proyectar una imagen de rigor ambiental, fiscalización hídrica y justicia social, anunciando programas de ordenamiento y combate al mercado negro del agua.
Sin embargo, al eximir de un recorte drástico y obligatorio a las grandes corporaciones mineras y petroleras que retienen los volúmenes más altos de agua concesionada, el Estado renuncia a democratizar el recurso. Al final del día, el costo real del modelo extractivista lo siguen pagando las comunidades, los agricultores de pequeña escala y las familias de las periferias urbanas, quienes ven cómo el agua desaparece de sus grifos mientras fluye sin interrupción hacia las minas y los pozos de fracturación hidráulica.
