Por. J. Jesús Lemus
Cuando observamos los discursos oficiales dictados desde los atriles de la procuración de justicia, lo primero que salta a la vista no es lo que se dice, sino las estruendosas omisiones que quedan flotando en el aire.
El reciente anuncio de Ernestina Godoy, presentado con la solemnidad de una cruzada histórica y la promesa de pesquisas sin precedente para desmantelar una presunta red de tráfico ilegal de combustible, vuelve a poner sobre la mesa la misma encrucijada de siempre: la justicia en México sigue operando como un bisturí quirúrgico que solo corta hacia un lado del espectro político.
En la narrativa oficial, la fiscalía despliega una contundencia implacable para colocar bajo los reflectores a figuras históricas de la oposición como el exgobernador bajacaliforniano Ernesto Ruffo Appel. Se construyen expedientes minuciosos, se filtran hipótesis a la prensa y se proclama con orgullo que la impunidad ha llegado a su fin.
Sin embargo, para cualquier reportero que ha recorrido las rutas por donde fluye el oro negro robado a las venas de la nación, ese despliegue mediático resulta tan estridente como sospechoso. La indagatoria, anunciada a bombo y platillo, ignora de manera deliberada la vertiente más voluminosa, peligrosa y documentada del problema, una trama que involucra señalamientos directos desde agencias de inteligencia de Estados Unidos y que apunta hacia las más altas esferas del poder político de la propia transformación.
En el corazón de este punto ciego intencional emerge la figura de Adán Augusto López Hernández.
Las alertas de los organismos norteamericanos no son recientes ni improvisadas. Apuntan a una estructura pesada que operaba en la sombra y que tomó el control de las redes del huachicol financiero y operativo tras la ejecución del empresario tamaulipeco Sergio Carmona, conocido en los pasillos de la política como el Rey del Huachicol.
Tras la muerte de Carmona, lejos de extinguirse el negocio, la logística del contrabando de hidrocarburos se reconfiguró, y diversas líneas de investigación internacionales apuntan a que los hilos del control pasaron a manos de operadores vinculados estrechamente con el exsecretario de Gobernación y legislador tabasqueño.
El entramado es denso y profundamente inquietante. Las piezas que la fiscalía decide no ver conectan directamente a Adán Augusto López Hernández con una red de alianzas regionales en el bajío mexicano, específicamente con el Cártel de Santa Rosa de Lima, la organización criminal que convirtió la extracción y venta ilegal de combustible en un imperio de terror bajo el mando de José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro.
Esta relación no es meramente circunstancial; representa un pacto no escrito de protección operativa y territorial que permitió al grupo criminal mantener cierta operatividad a cambio de sostener los flujos financieros que nutren las campañas y las arcas del poder.
Es precisamente esa intrincada red de complicidades la que explica, según fuentes cercanas a los expedientes de seguridad binacional, el curioso estancamiento en el proceso de extradición de El Marro hacia Estados Unidos.
Mientras otros capos son entregados con celeridad para ser juzgados en cortes norteamericanas, la extradición de Yépez Ortiz se ha mantenido congelada en un laberinto burocrático. El temor en las altas esferas es evidente: en una sala de audiencia en Washington o Nueva York, el testimonio de El Marro no solo desmantelaría la estructura de su cártel, sino que revelaría los nombres, cargos y transferencias que ligaron al huachicol con figuras centrales del gabinete federal y el Congreso.
Frente a esta realidad, el papel desempeñado por Ernestina Godoy resulta desolador para quienes buscan una verdadera procuración de justicia. Su gestión al frente de las instituciones de investigación se ha caracterizado por un pragmatismo político donde la ley se convierte en un instrumento de selección de objetivos.
Se persigue con vigor implacable a las figuras opositoras para alimentar la conversación pública y dar la impresión de una lucha frontal contra la corrupción, mientras se tiende un manto de protección absoluta sobre los aliados estratégicos de la cúpula gobernante.
Un informe riguroso y humano sobre el estado de la justicia en el país no puede obviar el costo social de esta simulación. Cada litro de combustible robado que no se investiga debido a la complicidad de altos funcionarios no es una simple pérdida contable para Petróleos Mexicanos.
Significa comunidades enteras bajo el yugo de la violencia, familias desplazadas en Guanajuato y Tabasco, policías locales cooptados y un tejido social destruido por la avaricia de políticos que vieron en el huachicol la fuente perfecta de financiamiento inagotable.
La selectividad con la que opera la fiscalía bajo la mirada de Godoy no solo desprotege a la ciudadanía, sino que profundiza el desinterés institucional por llegar al fondo de la verdad.
Al enfocar los reflectores exclusivamente en rivales políticos como Ruffo Appel y dar la espalda a los expedientes que señalan la red Carmona-Adán Augusto y el pacto con el Cártel de Santa Rosa de Lima, la justicia mexicana confirma la vieja y amarga lección de la política nacional: las investigaciones sin precedente suelen detenerse exactamente en la puerta de los despachos de quienes ostentan el poder.
