Por. J. Jesús Lemus
El ejercicio de la diplomacia por parte de una nación no solo refleja sus principios constitucionales, sino también la escala de valores con la que decide medirse ante la comunidad internacional.
En el arranque de su mandato al frente del Poder Ejecutivo mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum ha trazado una línea de continuidad ideológica que, lejos de consolidar a México como un mediador imparcial y garante de las libertades democráticas, ha abierto un profundo debate sobre su inclinación hacia gobiernos autoritarios y regímenes altamente cuestionados en América Latina.
A través de silencios calculados, discursos de victimización hacia figuras condenadas por los tribunales de sus países y acciones de apoyo material directo, la conducción de las relaciones internacionales del país muestra episodios que diversos analistas diplomáticos y opositores catalogan como serias pifias de Estado.
El examen de los casos más relevantes de esta agenda internacional permite reconstruir un mapa donde los valores democráticos parecen quedar supeditados a la afinidad ideológica y a una interpretación sesgada del principio de no intervención.
La pasividad deliberada frente al fin de las urnas en Nicaragua
Uno de los momentos más críticos en la postura hemisférica del gobierno mexicano se evidenció tras las declaraciones del mandatario nicaragüense Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo respecto a la eliminación definitiva de las elecciones en Nicaragua.
Frente a una medida que consuma de manera abierta la instalación de una tiranía dinástica en el país centroamericano, la respuesta de la mandataria mexicana se refugió en una retórica de neutralidad que muchos catalogaron como complicidad por omisión.
Cuestionada de forma directa sobre la cancelación del voto popular en suelo nicaragüense, Sheinbaum evitó censurar la maniobra del régimen de Managua y se limitó a señalar que la postura de su administración se basa en la autodeterminación de los pueblos y en lo que decida la población de esa nación.
Al invocar que cada país decide su propio camino sin cuestionar si en efecto existe la libertad para que el pueblo se exprese, el Ejecutivo mexicano eludió señalar el encarcelamiento sistemático de opositores, la expulsión de disidentes y el desmantelamiento de las garantías individuales impulsado por el sandinismo.
Esta postura contrasta de manera drástica con la tradición de defensa de los derechos humanos y deja al descubierto una doble vara donde la suspensión del orden democrático es tolerada si proviene de una dictadura alineada con la izquierda continental.
El manto de impunidad para Cristina Fernández de Kirchner en Argentina
La injerencia discursiva en los asuntos internos de los países de la región ha mostrado un matiz marcadamente parcial cuando se trata de aliados políticos de la misma corriente ideológica. Un ejemplo claro se presentó ante la ratificación de la condena judicial por delitos de corrupción cometidos por la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
En lugar de mantener una distancia institucional respetuosa hacia los fallos emitidos por el poder judicial de una nación soberana, la presidenta de México emitió declaraciones públicas de plena solidaridad hacia la exmandataria austral.
Al calificar el proceso penal y la sentencia contra Kirchner como un mero conflicto político o lawfare, Sheinbaum descalificó el trabajo de los tribunales argentinos e interpretó la aplicación de la ley contra la corrupción como una persecución partidista.
Esta toma de postura no solo tensó la relación bilateral con el gobierno argentino, sino que envió la señal de que la solidaridad ideológica del gobierno mexicano se sitúa por encima del combate al desvío de recursos públicos y del respeto al Estado de derecho.
El blindaje irrestricto a Pedro Castillo y el choque con el Estado peruano
El conflicto diplomático con la República del Perú representa una de las heridas abiertas más complejas para la cancillería mexicana. Tras la destitución de Pedro Castillo al intentar perpetrar un autogolpe de Estado mediante la disolución arbitraria del Congreso, la administración mexicana mantuvo una férrea defensa del exmandatario peruano.
Claudia Sheinbaum ha sostenido de manera reiterada la narrativa de que Castillo fue víctima de un golpe de Estado orquestado por las élites y de una persecución motivada por razones de discriminación e identidad.
Esta lectura pasa por alto el quebrantamiento constitucional ejecutado por el propio Castillo al emitir un mensaje en cadena nacional donde ordenaba el cierre del Parlamento y la intervención del sistema de justicia peruano.
La insistencia en solicitar la liberación e indulto de Castillo, sumada al refugio otorgado a miembros de su círculo cercano en sedes diplomáticas, provocó la molestia del Congreso en Lima, que llegó a calificar la conducta de la mandataria mexicana como una intromisión inaceptable en su soberanía.
En este mismo contexto sudamericano se enmarca el deliberado silencio institucional frente a las dinámicas político-electorales de la oposición peruana, como los triunfos o consensos alcanzados por agrupaciones vinculadas a Keiko Fujimori y otras fuerzas conservadoras.
El gobierno mexicano ha optado por desconocer o ignorar la legitimidad de los procesos institucionales del Perú cuando estos no benefician a sus aliados ideológicos, profundizando la ruptura diplomática con una nación hermana de la región andina.
La retórica del silencio frente a la represión en la Venezuela de Maduro
La postura respecto a la crisis social, política y de derechos humanos que enfrentó Venezuela bajo el mando de Nicolás Maduro constituye otro de los pilares que denotan la complacencia de la diplomacia mexicana con regímenes autoritarios.
A pesar de los constantes informes de organismos internacionales de derechos humanos que documentan la detención arbitraria de opositores, la anulación de procesos electorales transparentes y la violencia ejercida desde las estructuras del Estado venezolano, el gobierno de Claudia Sheinbaum siempre mantuvo una política de calculada tibieza.
Ante los momentos de mayor tensión, donde la comunidad internacional exige la liberación de presos políticos o el escrutinio independiente de los comicios electorales en Caracas, la respuesta del Palacio Nacional ha sido el refugio en el aislamiento diplomático y la negativa a condenar los atropellos del chavismo.
Este silencio estratégico buscaba evitar el quiebre con el régimen de Maduro, pero hoy tiene como costo directo la pérdida de autoridad moral de México para exigir el respeto a las garantías fundamentales en el resto del planeta.
El salvavidas petrolero a la dictadura de Miguel Díaz-Canel en Cuba
Quizás la acción de apoyo más tangible y económicamente costosa para la sociedad mexicana sea el envío sistemático de hidrocarburos hacia la isla de Cuba. En medio de una severa crisis energética en la nación caribeña, la administración mexicana ha continuado con la entrega de barriles de crudo procesados por Petróleos Mexicanos hacia el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel.
Bajo el argumento de la solidaridad humanitaria con el pueblo cubano y el rechazo a las sanciones económicas internacionales, el gobierno de Sheinbaum destina valiosos recursos energéticos de la nación a un régimen que no garantiza libertades políticas a sus ciudadanos y que reprime cualquier intento de protesta social.
Diversos analistas económicos y diplomáticos advierten que estas entregas de combustible se realizan bajo esquemas poco transparentes que equivalen a un subsidio directo de los contribuyentes mexicanos para sostener la infraestructura de un modelo dictatorial en permanente colapso, mientras Pemex atraviesa por severas dificultades financieras.
El balance del accionar internacional bajo la conducción de Claudia Sheinbaum muestra una tendencia inequívoca: el debilitamiento de la tradición mexicana como defensora universal de la democracia y las libertades para convertirse en un bastión de respaldo político y económico a regímenes de corte autoritario.
La acumulación de estos episodios erosiona la credibilidad de México en los foros globales, proyectando la imagen de un Estado dispuesto a condescender con la abolición del voto, la corrupción y el autoritarismo siempre que estos lleven el sello de la afinidad ideológica.
