Por. J. Jesús Lemus
Por las aulas, patios y dormitorios de diversas instituciones educativas y de adiestramiento en México vaga un fantasma antiguo que suele vestir ropajes de fraternidad, pero cuya piel real es la crueldad desmedida.
La novatada, entendida históricamente como un ritual de bienvenida o integración para los alumnos de nuevo ingreso, ha mutado a lo largo de las décadas hasta convertirse en una estructura de violencia institucionalizada, tortura física y psicológica, y en el peor de los casos, en una condena a muerte.
Lejos de ser inofensivos juegos o bromas de bienvenida, estas prácticas han dejado una estela de luto en familias de todo el país, cobrando la vida de jóvenes que buscaban profesionalizarse, servir a su comunidad o formarse en las fuerzas del orden.
Génesis histórica de una violencia normalizada
Para comprender la raíz del problema es necesario remontarse a la gestación de los centros de formación superior y militar en México.
La novatada no nació por generación espontánea, sino como una transculturación de las tradiciones universitarias europeas de la Edad Media, donde los estudiantes de grados superiores sometían a los de primer año a vejaciones públicas para despojarlos de su condición rústica y moldearlos según la disciplina académica.
En el contexto mexicano, esta costumbre echó raíces profundas durante el siglo veinte, adquiriendo matices particulares según el tipo de institución.
En las escuelas normales rurales, fundadas con un fuerte sentido de cohesión comunitaria y resistencia social, la novatada se transformó en la llamada semana de inducción o semana de prueba. La intención teórica era forjar el carácter del futuro maestro rural para enfrentar las inclemencias del campo, pero la práctica degeneró en pruebas de resistencia física extrema, inanición y castigos corporales administrados por los propios comités estudiantiles.
Por su parte, en las academias militares y policiales, el ritual se mimetizó con la doctrina de la disciplina castrense. Lo que en el papel debía ser adiestramiento táctico se convirtió en la barra libre del abuso jerárquico, donde el superior o el alumno de grado avanzado ejercía un dominio absoluto sobre el recluta, amparado en el secreto de vestidor y la lealtad mal entendida.
La anatomía social y cultural del abuso
Desde la perspectiva social, la novatada funciona como un mecanismo coercitivo de pertenencia. La necesidad del individuo de ser aceptado en un grupo cerrado opera como el principal motor para someterse a vejaciones atroces.
En este fenómeno se observa cómo la violencia es legitimada a través de un pacto implícito de silencio. Quien sobrevive al abuso desmedido no suele denunciar; al contrario, aguarda con ansia su turno de convertirse en victimario al año siguiente, completando así un círculo vicioso de venganza generacional.
En la sociedad mexicana, marcada en diversos estratos por dinámicas de machismo estructural, el sufrimiento físico es percibido erróneamente como un certificado de hombría, entereza o capacidad profesional.
Se cree que quien no soporta la golpiza, la humillación o la ingesta forzada de sustancias no es digno de portar un uniforme o un título profesional. Esta deformación cultural naturaliza la crueldad y silencia las alarmas de las autoridades educativas, quienes durante décadas han cerrado los ojos prefiriendo catalogar los decesos como lamentables accidentes o imprudencias individuales.
Entre la desindividualización y la tortura
La criminología aborda la novatada no como una simple falta disciplinaria, sino como un delito colectivo motivado por la desindividualización y la obediencia ciega a la autoridad informal. En el seno de estos rituales opera el fenómeno de la dilución de la responsabilidad: al participar decenas de estudiantes o cadetes en una golpiza o en una tortura prolongada, la culpa individual se disuelve en el grupo, permitiendo que sujetos que en su vida cotidiana serían incapaces de cometer un crimen atenten contra la vida de sus compañeros.
Desde la técnica legal y criminológica, las conductas cometidas durante las novatadas fatales encuadran frecuentemente en tipos penales severos como homicidio calificado, lesiones graves, privación ilegal de la libertad y tortura.
La presencia de alevosía y ventaja es evidente, pues la víctima se encuentra en total indefensión ante una masa de agresores que actúa con el respaldo o la omisión del entorno. La impunidad ha sido el combustible principal de esta problemática, dado que las investigaciones suelen chocar contra la ley del silencio impuesta por los propios alumnos o las cúpulas institucionales que buscan proteger el prestigio del plantel.
Diez muertes que cimbraron al sistema educativo
El recorrido por las tragedias provocadas por novatadas en escuelas mexicanas deja ver un mapa del dolor que abarca desde el norte hasta el sur del país, afectando principalmente a niveles de educación superior y media superior.
Uno de los casos más dramáticos ocurrió con el joven Ronaldo Mojica Morales, estudiante de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, ubicada en el municipio de Canatlán, en el estado de Durango.
En agosto de 2018, durante la denominada semana de novatadas, Ronaldo fue sometido a jornadas extenuantes de trabajo físico sin agua ni alimento, obligado a ingerir sustancias nocivas y golpeado severamente en la cabeza. Tras días de agonía provocada por un cuadro de deshidratación severa y traumatismo craneoencefálico, el joven falleció en un hospital de la capital duranguense.
Ese mismo verano, en julio de 2018, la tragedia tocó a la Escuela Normal Rural Mactumactzá, situada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. El aspirante José Luis Hernández perdió la vida tras colapsar durante los ejercicios físicos extremos a los que fue sometido por el comité estudiantil en la semana de novatadas, sufriendo una falla orgánica múltiple derivada del esfuerzo físico sobrehumano y la falta de asistencia médica oportuna.
En la misma línea de la educación normalista rural, en julio de 2024, el estudiante Brayan Medina perdió la vida tras ser víctima de una golpiza multitudinaria conocida como el bautizo en la Escuela Normal Rural de Tenería, localizada en el municipio de Tenancingo, en el Estado de México. El joven sufrió contusiones graves en órganos vitales que le provocaron la muerte horas después del ataque infligido por sus propios compañeros de grados superiores.
Avanzando en el recuento histórico de la violencia universitaria, en octubre de 2012, en el municipio de Texcoco, Estado de México, el estudiante de primer ingreso Juan José Hernández falleció ahogado en su propio vómito tras ser obligado a consumir cantidades industriales de alcohol durante el ritual de bienvenida organizado por alumnos de semestres avanzados de la Universidad Autónoma Chapingo, un plantel de nivel superior con profunda tradición agronómica.
Hacia el norte del país, en la Escuela Normal Rural de El Quinto, en el municipio de Etchojoa, estado de Sonora, el joven Félix Pedroza perdió la vida en agosto de 2004 tras colapsar durante las pruebas físicas clandestinas a las que fue sometido por los estudiantes veteranos. El joven no resistió la deshidratación y las altas temperaturas a las que fue expuesto sin posibilidad de recibir líquido.
En el estado de Jalisco, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, la Escuela Normal Rural de Atequiza fue escenario en septiembre de dos mil uno de la muerte de Israel Morales, un alumno de nuevo ingreso que falleció a causa de las secuelas pulmonares y los golpes recibidos durante la novatada brutal que duró varios días consecutivos dentro de las instalaciones del internado.
El estado de Chihuahua también registra eventos fatales. En la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, ubicada en el municipio de Saucillo, la joven estudiante Diana Karen falleció en agosto de 2017 tras ser obligada a realizar rutinas de ejercicio extremo bajo el sol abrasador y sufrir maltratos físicos por parte del comité de alumnas, desencadenando un paro cardiorrespiratorio por golpe de calor e inanición.
En el estado de Guerrero, en la célebre Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, situada en el municipio de Tixtla, se registró la muerte del joven indigenista Gabriel N. en agosto de 2011. Durante las pruebas de inducción, el aspirante fue sometido a castigos físicos y obligado a arrastrarse sobre terrenos punzocortantes mientras era golpeado, sufriendo heridas que se infectaron gravemente y un colapso físico que le arrebató la vida.
En el nivel medio superior, las escuelas técnicas y vocacionales no han quedado exentas. En la Ciudad de México, dentro del ámbito del Instituto Politécnico Nacional, el joven Carlos Hernández, de nivel técnico profesional en una vocacional de la capital, falleció en septiembre de 2005 tras ser atacado por una turba de estudiantes que realizaban la llamada rapada y golpiza tradicional, sufriendo una caída fatal que le provocó fractura de cráneo contra el pavimento.
Por último, en el estado de Michoacán, en la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en la tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia, el aspirante Diego Ramírez perdió la vida en agosto de 2015 tras un paro cardíaco derivado del agotamiento extremo y la tortura psicológica infligida durante los ritos de bienvenida organizados en el internado de dicha institución de nivel superior.
La violencia en las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad
Si en las escuelas civiles la novatada reviste una gravedad extrema, en las instituciones castrenses y policiales adquiere dimensiones siniestras debido a la naturaleza armada de sus integrantes y al rigor del mando. En estos espacios, la frontera entre el adiestramiento y el delito de tortura suele borrarse con alarmante frecuencia.
El caso más conmovedor y reciente registrado en las fuerzas armadas ocurrió el veinte de febrero de 2024 en el municipio de Ensenada, estado de Baja California. Siete jóvenes cadetes del Ejército Mexicano, entre ellos Fernando Isaías Pérez López, perdieron la vida ahogados en las embravecidas olas de la playa Corona.
Los reclutas, que estaban a punto de graduarse de su adiestramiento básico, fueron obligados por su coronel a ingresarse al mar con el uniforme completo, las botas puestas y el equipo pesado, a pesar de que había una alerta meteorológica por oleaje alto. Este acto, que la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció posteriormente como una novatada e novatada fuera de protocolo, terminó en la masacre de siete vidas jóvenes consumidas por la imprudencia castrense.
El Heroico Colegio Militar, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, ha cargado históricamente con sombras similares. En sus instalaciones de nivel universitario militar se han documentado a lo largo de las décadas múltiples muertes de cadetes por ahogamiento forzado en fosas de clavados, Golpizas nocturnas conocidas como cobijazos y castigos de privación de sueño y agua, que a menudo son encubiertos por la justicia militar bajo la narrativa de accidentes durante el entrenamiento.
La Secretaría de Marina no ha sido ajena a esta dinámica. En bases de adiestramiento de la Armada de México localizadas en el estado de Veracruz, se han registrado fallecimientos de reclutas por la ingestión forzada de agua salada, deshidratación aguda provocada por caminatas nocturnas con cargas excesivas y golpes contusos aplicados por instructores de rangos superiores bajo el pretexto de templar el carácter para la guerra naval.
En las corporaciones de protección civil y bomberos, donde la preparación física es vital, la distorsión del entrenamiento ha dejado también saldo fatal. En academias municipales de bomberos en estados como Guanajuato y Jalisco, jóvenes aspirantes han perdido la vida al ser expuestos sin el equipo adecuado a densas humaredas en espacios cerrados o al ser arrojados a cisternas con peso encima como parte de las pruebas de valor no autorizadas.
Finalmente, las fuerzas policiales estatales y federales concentran un historial negro en materia de ritos de iniciación. En la Academia de Policía del Estado de Veracruz, ubicada en el municipio de Emiliano Zapata, y en la Academia Estatal de Policía de Oaxaca, situada en el municipio de Santa María Coyotepec, se han denunciado decesos de cadetes provocados por el método del pozo, consistente en sumergir la cabeza del Recluta en tambos de agua sucia o sustancias fétidas hasta el límite de la asfixia, así como por golpizas colectivas infligidas por los monitores durante la noche.
La revisión histórica demuestra que las novatadas en México no son casos aislados ni manifestaciones de inocente folclor estudiantil. Son la expresión de una patología social donde el poder se ejerce a través de la humillación y el dolor del más débil. Cada joven fallecido en una normal rural, en una universidad, en un cuartel militar o en una academia de policía representa el fracaso de las autoridades para garantizar el derecho más fundamental: la vida.
Romper con este ciclo exige más que discursos condenatorios tras cada tragedia. Requiere la tipificación penal específica de las novatadas violentas, la tipificación estricta de la omisión de mando en instituciones armadas y una profunda reforma cultural que desmonte la falsa idea de que el sufrimiento fortalece el alma.
Mientras la impunidad siga cobijando a los verdugos de las aulas y los cuarteles, las listas de víctimas seguirán aumentando en el silencio de los pasillos y bajo el peso de una tradición sangrienta que debió ser erradicada hace mucho tiempo.
