Por. J. Jesús Lemus
En el corazón del Bajío mexicano, donde las carreteras de asfaltos impecables cruzan campos industriales y parques de alta tecnología, se ha tejido una narrativa soterrada que hoy empieza a emerger con la violencia indómita de los secretos mal guardados.
Guanajuato, gobernado durante más de tres décadas por el Partido Acción Nacional, atraviesa un punto de quiebre institucional. Lo que durante años se vendió como un oasis de desarrollo económico y paz social ha mutado en una estructura donde los límites entre la autoridad civil y el crimen organizado parecen haberse diluido por completo, permitiendo el afianzamiento y la expansión hegemónica del Cartel Jalisco Nueva Generación.
La historia de esta infiltración no ocurrió de la noche a la mañana ni mediante la sola fuerza de las armas.
Documentos, testimonios judiciales en cortes federales y revelaciones desde las entrañas de la propia organización criminal pintan un panorama desolador: al menos la mitad de los municipios del estado, con Pénjamo a la cabeza, han sufrido una penetración tal que sus aparatos locales, desde las corporaciones de policía municipal hasta las direcciones de obras públicas y vialidad, operan bajo el dictado directo de los mandos del cartel.
La gobernanza local se ha convertido en una fachada donde la nómina pública termina financiando, directa o indirectamente, las estructuras del crimen.
Para comprender la arquitectura de este pacto, las miradas apuntan inevitablemente a la cúpula del poder político estatal.
En los pasillos de las dependencias federales resuenan con fuerza los señalamientos que sitúan al secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, como una pieza clave en el engranaje de negociación. Jiménez Lona, cuya trayectoria política está indisolublemente ligada al grupo de poder tradicional panista y en particular a la sombra del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, representa el puente histórico entre los viejos acuerdos del pasado y las dinámicas del crimen contemporáneo.
Cabe recordar que la era de Oliva Ramírez dejó fracturas profundas en el tejido del estado, marcada por sospechas de nexos violentos con grupos criminales como Los Zetas durante su irrupción en el Bajío. Hoy, las ramificaciones de esa misma estirpe política parecen haber encontrado acomodo en la nueva geografía del narcotráfico.
La expansión del grupo jalisciense no se ha dado al azar.
Su avance implacable sigue el trazado subterráneo de las venas de acero de Petróleos Mexicanos. El control de los municipios atravesados por el Poliducto Salamanca-Guadalajara se ha convertido en el verdadero botín de guerra.
El negocio del robo de combustible, el huachicol, lejos de extinguirse, se ha sofisticado hasta convertirse en una industria paralela que alimenta las arcas de la organización criminal y financia campañas políticas.
Las acusaciones han escalado hasta el escalafón más alto del Ejecutivo estatal. En una declaración rendida bajo protesta de decir verdad ante un juzgado federal, un integrante de alto nivel del Cartel Jalisco Nueva Generación expuso la supuesta anuencia de la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo en este esquema de control territorial.
Según el testimonio judicial, el acuerdo no solo implica la no interferencia de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado en las zonas de extracción de hidrocarburo, sino una coordinación táctica para ahogar a los grupos rivales y entregar el monopolio de las rutas del huachicol a la estructura de Jalisco.
Esta red de complicidades recuerda inevitablemente los episodios más oscuros del saqueo de recursos energéticos en el país, evocando los esquemas de corrupción institucionalizados que en su momento se vincularon a figuras patronales y políticas del panismo histórico como las redes operadas en la era de los grandes desvíos de combustible.
La diferencia es que hoy el cobro no se realiza únicamente en pesos o dólares, sino en la tranquilidad de la población civil, atrapada en medio de extorsiones, desapariciones forzadas y ejecuciones cotidianas.
Las consecuencias de esta simbiótica relación entre el crimen y el estado la pagan los ciudadanos de a pie. En los municipios afectados, las patrullas policiales no patrullan para cuidar al vecino o al comerciante, sino para vigilar las esquinas donde se vende droga al menudeo o para escoltar las pipas clandestinas que salen de los campos de cultivo a altas horas de la madrugada.
El ciudadano de León, Celaya, Irapuato o Villagrán vive bajo la certeza implícita de que denunciar un delito ante la autoridad local equivale a entregarse directamente al verdugo.
El modelo político que alguna vez se presentó como el motor económico de México hoy muestra sus costuras más podridas.
La penetración en la mitad de los ayuntamientos guanajuatenses no es un fallo del sistema, sino el resultado directo de una tolerancia calculada, donde el poder político garantizó impunidad a cambio de financiamiento, control territorial y paz social simulada.
Mientras las carpetas de investigación se acumulan en los tribunales federales y las declaraciones ministeriales siguen arrojando luz sobre los nombres de los altos funcionarios involucrados, el Bajío sigue desangrándose bajo el peso de una alianza que entregó las instituciones del Estado al servicio de un cartel.
