Por. J. Jesús Lemus
El entramado del huachicol fiscal representa una de las aristas de corrupción e infiltración criminal más profundas en la historia reciente de México. En el centro de este laberinto se encuentra la figura de Sergio Carmona Angulo, conocido empresarial y mediáticamente como el Rey del Huachicol, cuya red de operaciones no solo movió miles de millones de pesos en contrabando de combustible, sino que extendió sus ramificaciones hacia la estructura del poder político.
Entre las figuras públicas señaladas en los expedientes periodísticos e informes de inteligencia tanto en México como en Estados Unidos, destaca la gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, cuyo ascenso electoral en el proceso de 2021 ha quedado bajo el escrutinio de agencias internacionales.
Para comprender cómo se tejió la relación entre el poder político local y el esquema de financiamiento ilícito, es imprescindible desmenuzar el modelo de negocio ideado por la estructura de Carmona.
El llamado huachicol fiscal operaba mediante el ingreso sistemático de hidrocarburos a través de las fronteras del norte y de puertos marítimos estratégicos, registrando diésel y gasolina bajo fracciones arancelarias falsas para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Esta evasión millonaria generó un flujo de efectivo descomunal que requería protección institucional para garantizar la continuidad del tráfico a través de aduanas clave y nodos logísticos de gran envergadura.
En ese mapa de intereses, el estado de Colima cobró una relevancia primordial debido al puerto de Manzanillo, la principal puerta de entrada marítima del país para el comercio internacional y un punto estratégico apetecido por redes de contrabando de hidrocarburos y precursores químicos.
Diversas investigaciones señalan que la estrategia del Rey del Huachicol no se limitó a Tamaulipas o al norte del territorio nacional, sino que buscó tejer una red de cobijo gubernamental mediante la inyección masiva de capital en campañas electorales estatales.
Según los testimonios y rastreos financieros que se han ventilado en la prensa de investigación, los recursos provenientes del esquema de Carmona habrían fluido hacia múltiples candidaturas a través de intermediarios políticos de alto nivel dentro del partido en el poder.
En este contexto, la campaña de Indira Vizcaíno en Colima fue señalada por haber recibido apoyo logístico y financiero indirecto proveniente de las arcas del contrabando de combustible.
Reportes periodísticos señalan el uso de aeronaves privadas vinculadas a las empresas de Carmona para el traslado de operadores y viáticos, así como aportaciones en efectivo destinadas a consolidar las estructuras territoriales del partido durante la contienda de dos mil veintiuno.
El punto de quiebre de esta historia ocurrió el 23 de noviembre de 2021, cuando Sergio Carmona fue ejecutado a balazos en una barbería del municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.
Su asesinato provocó un efecto dominó que cruzó la frontera de inmediato. Temiendo por su vida, su hermano y socio operativo, Julio Carmona, huyó hacia los Estados Unidos y se entregó a las autoridades norteamericanas para acogerse al programa de testigos protegidos.
Fue precisamente la entrega de Julio Carmona ante agentes del Departamento de Justicia, la DEA y el FBI lo que abrió la puerta a una investigación de escala internacional.
El hermano del capo huachicolero entregó a las agencias estadounidenses una vasta reserva de evidencia documental que incluía bitácoras de vuelo, registros bancarios, mensajes de texto, registros de llamadas y datos de geolocalización extraídos de los teléfonos celulares del grupo empresarial.
En esas pruebas se documentaban detalladamente las entregas de dinero a diversos candidatos y las peticiones de facilidades operativas en puertos y aduanas una vez que estos asumieran la administración pública.
La mención de Indira Vizcaíno en los expedientes del gobierno estadounidense se enmarca en las indagatorias sobre lavado de dinero, delincuencia organizada transnacional y la infiltración del crimen en puertos estratégicos del Pacífico mexicano.
La presencia del puerto de Manzanillo sitúa a la administración colimense bajo la lupa del Departamento de Estado y la embajada norteamericana, cuyos diplomáticos han puesto especial énfasis en la contención del crimen organizado y la transparencia en la gestión de infraestructuras aduaneras.
A pesar de los constantes desmentidos públicos emitidos por los involucrados en las esferas gubernamentales, la sombra del financiamiento opaco sigue sobrevolando la entidad.
Las revelaciones surgidas a raíz de las pesquisas en Estados Unidos ubican el caso de Colima como un eslabón fundamental en la llamada trama del huachicol fiscal, donde el dinero del contrabando de combustible no solo financió ambiciones electorales, sino que intentó garantizar la impunidad y el control de los accesos logísticos más valiosos de la nación.
