Por. J. Jesús Lemus
El ambiente dentro de las salas de redacción de radio y televisión en México transita entre la incertidumbre y la cautela. Tras el reciente anuncio del gobierno federal sobre la puesta en consulta pública de los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, los micrófonos y las cámaras han quedado en el centro de un acalorado debate nacional sobre la libertad de prensa, las obligaciones éticas y la facultad sancionadora del Estado.
Desde la perspectiva de los informadores que diariamente enfrentan la prisa del cierre de edición y la transmisión en vivo, el dilema no radica en rechazar la calidad o el respeto al público, sino en quién y bajo qué criterios se determinará cuándo un reporte incurre en falsedad, descontextualización o manipulación.
La propuesta gubernamental busca reglamentar las disposiciones contenidas en la legislación sobre telecomunicaciones y radiodifusión.
En el centro del texto oficial se exige a los concesionarios de televisión abierta, radio y sistemas por suscripción cumplir con obligaciones concretas. Entre las pautas principales se encuentra la separación estricta entre información noticiosa y opinión personal durante las transmisiones, el deslinde claro respecto a la publicidad pagada y la emisión de datos veraces y oportunos.
Adicionalmente, se exige a los medios la publicación de un Código de Ética propio, la designación formal de una Defensoría de las Audiencias y el establecimiento de mecanismos efectivos para atender reclamos ciudadanos por incorrecciones o afectaciones a la imagen personal mediante el derecho de réplica.
El proyecto contempla además la integración de herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y visual, un aspecto que en términos generales ha recibido una respuesta positiva por parte de organizaciones civiles. Sin embargo, la inquietud colectiva surge cuando el mecanismo administrativo escala desde la autorregulación hasta la posibilidad de medidas coercitivas económicas.
El camino de las quejas y la escala de sanciones financieras
El procedimiento diseñado por la autoridad contempla un esquema escalonado. En la primera etapa, cualquier ciudadano que considere vulnerados sus derechos como radioescucha o televidente puede recurrir a la Defensoría del propio medio de comunicación. Este órgano interno analiza la queja y, de estimarlo procedente, emite una recomendación no vinculante al canal o emisora.
Si la empresa informativa desatiende dicha sugerencia o reincide de forma sistemática en el incumplimiento, el expediente se traslada a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Es en este punto administrativo donde las autoridades federales sostienen que, únicamente como última instancia ante casos graves y de desacato persistente, la entidad reguladora podrá imponer sanciones económicas.
Dichas sanciones contemplan multas que van desde una fracción mínima equivalente al cero punto cero uno por ciento hasta el uno por ciento de los ingresos anuales del concesionario involucrado. Para los grandes consorcios o estaciones con alcance nacional, un porcentaje de esa magnitud representa pérdidas de cientos de millones de pesos, lo que genera una presión financiera directa sobre las empresas informativas.
Para quienes ejercen el oficio periodístico día a día, la inquietud primordial estriba en la ambigüedad conceptual contenida en las normas redactadas. Definir qué constituye una verdad, qué es desinformación o cuándo un hecho histórico está presentado de manera fuera de contexto requiere de interpretaciones complejas.
La preocupación latente es que funcionarios públicos o actores políticos utilicen estos canales administrativos para asfixiar la crítica sobre asuntos de interés general.
Diversos analistas e integrantes de agrupaciones del gremio señalan que imponer criterios sancionatorios sobre conceptos tan laxos abre la puerta a la discrecionalidad. Cuando la línea entre la valoración de un reportero y la calumnia depende de la interpretación de un comité gubernamental, el riesgo inmediato es el surgimiento de la autocensura, donde las redacciones opten por no publicar investigaciones de impacto con tal de evitar controversias legales y castigos económicos.
Representantes de la Cámara Internacional de Radio y Televisión han externado formalmente sus dudas sobre la subordinación de los defensores éticos internos a las resoluciones del órgano estatal.
Del mismo modo, la posibilidad esbozada desde el Ejecutivo sobre extender eventualmente estas pautas sancionatorias hacia la prensa escrita o los portales digitales independientes ha encendido las alarmas en el sector editorial.
Ante las duras críticas recibidas, la postura oficial de la Presidencia de la República insiste en que el proyecto no pretende acallar posturas disidentes ni restringir la libertad de expresión en el país.
Las autoridades defienden que la meta primordial consiste en erradicar la manipulación, dignificar a la audiencia como un sujeto activo con garantías legales y fomentar una verdadera cultura de responsabilidad pública en las transmisiones masivas.
Se ha enfatizado además que las multas no son el objetivo central sino una herramienta disuasoria excepcional contra omisiones flagrantes o rebeldía absoluta frente a las recomendaciones emitidas por los defensores.
De acuerdo con el calendario institucional, el borrador de los lineamientos permanecerá en un proceso de consulta pública hasta la segunda mitad de agosto, periodo en el cual académicos, directivos, comunicadores y la sociedad civil podrán enviar observaciones para ajustar la redacción final.
El desenlace de este proceso definirá la convivencia entre los medios masivos y el poder político en los próximos años. El gran reto estriba en construir un esquema donde la ciudadanía reciba coberturas respetuosas y veraces, sin que por ello se cree una estructura estatal capaz de auditar los juicios de valor, la línea editorial o la cobertura de investigación de los contrapesos del periodismo.
