Por. J. Jesús Lemus
En una maniobra judicial que reactiva uno de los episodios más oscuros e impunes en la historia reciente de México, la Fiscalía General de la República formalizó el ingreso del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal de máxima seguridad del Altiplano.
La aprehensión del político perredista, ejecutada en la autopista México-Querétaro a la altura de Tepotzotlán, representa un giro sustancial en el expediente de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La acusación central en su contra se enfoca en la orden directa de ocultar y destruir pruebas clave, en particular las videograbaciones captadas por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala durante la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014.
Eran las pruebas perdidas
Durante cerca de doce años, las autoridades mantuvieron la narrativa de que las grabaciones del Palacio de Justicia no existían debido a supuestas fallas técnicas en el sistema.
Sin embargo, la investigación apoyada en testimonios de colaboradores protegidos reveló que el material sí existió y que mostraba el momento exacto en que el autobús Estrella de Oro número 1531 fue cercado por patrullas municipales y estatales frente al inmueble judicial.
De acuerdo con las indagatorias presentadas por la representación social, las imágenes de las cámaras doce y quince registraron la golpiza, el sometimiento y la detención forzada de al menos quince normalistas, configurando el último rastro visual que se tiene de ese grupo de jóvenes con vida.
Las pruebas documentan que las cintas fueron sustraídas del edificio del Poder Judicial estatal y entregadas en mano al propio mandatario guerrerense, quien instruyó desaparecer cualquier evidencia que involucrara a los mandos de su administración o que entorpeciera las versiones oficiales que comenzaban a perfilarse.
El contexto de aquella noche trágica en Iguala expone un engranaje de violencia institucional y colusión criminal de escala monumental.
Los normalistas habían acudido a la terminal de autobuses para tomar unidades de transporte con el fin de trasladarse a la Ciudad de México y participar en las marchas conmemorativas del 2 de octubre, una práctica habitual en la dinámica estudiantil.
La respuesta del aparato de seguridad fue un ataque coordinado a balazos y persecuciones a lo largo de varios puntos de la ciudad, coordinado entre policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, junto con agentes ministeriales, elementos de la Policía Federal y sicarios del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Aquella jornada se saldó con seis personas ejecutadas en el sitio, decenas de heridos y cuarenta y tres estudiantes arrebatados de sus familias, dando pie a la posterior fabricación de la llamada verdad histórica dictada por la entonces Procuraduría General de la República para encubrir la participación de mandos de alto nivel.
Harfuch y Cienfuegos, la duda eterna
A pesar del encarcelamiento de Aguirre Rivero y de la imputación previa de figuras de alto rango como el exprocurador Jesús Murillo Karam, el expediente de Ayotzinapa continúa arrastrando profundas sombras de impunidad respecto a mandos clave que ocupaban posiciones estratégicas en la cadena de mando y de inteligencia militar y policial.
Entre las figuras más señaladas por familiares de las víctimas e investigaciones independientes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se encuentra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Pese a que se ha documentado que el Ejército Mexicano, a través del veintisiete Batallón de Infantería radicado en Iguala, monitoreó en tiempo real los ataques mediante el sistema C4 y tuvo agentes de inteligencia militar desplegados en la zona, las Fuerzas Armadas se negaron sistemáticamente a intervenir para proteger a los estudiantes y posteriormente obstaculizaron el acceso a los archivos militares, sin que el alto mando militar haya sido procesado o tocado por las autoridades judiciales.
De igual manera, en la trama operativa e informativa de la época destaca la figura de Omar García Harfuch, quien en septiembre de 2014 se desempeñaba como comisionado de la Policía Federal en la entidad de Guerrero.
Informes y testimonios integrados en el proceso han ubicado su nombre en las reuniones de alto nivel donde presuntamente se diseñó la estrategia de encubrimiento y la formulación de la versión oficial en las semanas posteriores a los ataques.
Pese a los constantes reclamos de las madres y padres de los desaparecidos, quienes han exigido que se investigue a fondo el grado de conocimiento, omisión y responsabilidad de todos los funcionarios presentes en Guerrero durante la crisis, García Harfuch ha transitado por los más altos cargos de seguridad pública del país sin ser llamado a rendir cuentas ante los tribunales por este caso.
El traslado de Ángel Aguirre al penal del Altiplano marca un hito en la búsqueda de responsabilidades políticas y penales en el fuero estatal, pero reaviva la exigencia social de que las investigaciones de la Fiscalía no se detengan en los eslabones políticos caídos en desgracia.
Para las familias de los cuarenta y tres normalistas, la verdadera justicia exige desmantelar por completo el cerco de protección que hasta hoy resguarda a los altos mandos federales y militares que permitieron la tragedia y contribuyeron a mantener oculta la verdad sobre el destino final de los estudiantes.
