Por. J. Jesús Lemus
El ejercicio del periodismo en México se mantiene bajo la ley del plomo. Los casos más recientes confirman un patrón sistémico en el que el crimen organizado opera como el brazo ejecutor de intereses políticos, eliminando a comunicadores que incomodan a las estructuras de poder regional.
La violencia no es un fenómeno aislado de bandas delictivas, sino el resultado de una colusión abierta entre mafias y funcionarios gubernamentales que buscan silenciar denuncias de corrupción y afectaciones ambientales.
El comunicador y activista ambiental Álex Serna fue localizado sin vida en Zihuatanejo, Guerrero, tras haber permanecido desaparecido durante doce días.
A través de sus plataformas digitales, Serna había denunciado de manera frontal la corrupción en la Costa Grande, enfocándose en las afectaciones ambientales, las obras de construcción sin permisos correspondientes y la contaminación en la zona costera de la comunidad de La Saladita.
Sus reportes tocaban directamente intereses económicos de particulares amparados por autoridades locales, lo que derivó en amenazas previas que terminaron con su secuestro y posterior asesinato.
Este crimen se suma al de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, cuyo cuerpo fue hallado a principios de julio de 2026 en un predio del estado de Veracruz, tras un mes de haber sido secuestrada violentamente de su domicilio en el municipio de Nanchital.
El caso de Guzmán Ramírez desnudó por completo la complicidad estatal: la fiscalía local detuvo a ocho personas vinculadas al crimen, entre las cuales se encontraban cuatro policías municipales activos de Ixhuatlán del Sureste.
Los agentes de la ley proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico a la célula criminal que ejecutó el secuestro, evidenciando que el aparato del Estado trabaja activamente al servicio del crimen organizado para callar a la prensa local.
El Gobierno detrás del gatillo
Las investigaciones independientes y los análisis de organizaciones de libertad de expresión coinciden en que las agresiones contra la prensa tienen en las autoridades públicas a sus principales autores intelectuales.
El crimen organizado funciona en estos escenarios como un contratista de la violencia; el brazo armado que ejecuta las órdenes que se dictan desde las oficinas gubernamentales.
Cuando un periodista investiga el desvío de recursos públicos, los nexos políticos con los cárteles o la devastación ambiental protegida por alcaldes y gobernadores, la respuesta del poder es delegar la ejecución a los grupos delictivos locales.
La impunidad casi absoluta en estos crímenes funciona como una garantía para los autores intelectuales, consolidando zonas enteras del país donde investigar al gobierno es una sentencia de muerte.
Periodistas asesinados en el sexenio de Claudia Sheinbaum
Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, la lista de comunicadores asesinados en posible relación con su labor informativa continúa creciendo, reflejando la continuidad de una crisis de seguridad nacional que el gobierno federal no ha querido frenar.
- Mauricio Cruz Solís
Asesinado a balazos en Uruapan, Michoacán, el 29 de octubre de 2024. El comunicador dirigía el portal Minuto por Minuto y minutos antes de su muerte había transmitido en vivo una entrevista con el presidente municipal sobre el incendio de un mercado local, en una zona fuertemente azotada por la extorsión criminal.
- Calletano de Jesús Guerrero
Asesinado en el Estado de México el 17 de enero de 2025. Se desempeñaba como comunicador independiente para el medio Global México.
- Kristian Uriel Martínez Zavala
Asesinado en el estado de Guanajuato el 2 de marzo de 2025. Era colaborador y periodista en los portales El Silaoense Mx y Reporte Silao.
- Raúl Irán Villarreal Belmont
Asesinado en San Luis de la Paz, Guanajuato, el 13 de marzo de 2025. Colaboraba en el medio digital Observatorio Ciudadano San Luis de la Paz.
- José Carlos González Herrera
Asesinado en el estado de Guerrero el 15 de mayo de 2025. Escribía y reportaba para los medios El Guerrero y Opinión Ciudadana.
- Ángel Sevilla
Asesinado en el estado de Sonora el 8 de julio de 2025. Era el responsable del medio informativo Noticias 644.
- Ronald Paz Pedro
Asesinado en el estado de Guerrero el 9 de julio de 2025. Fungía como director y reportero del espacio Ronald Paz NotiExpress Pedro.
- Miguel Ángel Beltrán Martínez
Asesinado en el estado de Durango el 25 de octubre de 2025. Colaborador de los portales Contexto y La Voz de Durango, su cuerpo fue localizado con un mensaje explícito de advertencia sobre su labor informativa.
- Carlos Leonardo Ramírez Castro
Asesinado en el estado de Veracruz el 8 de enero de 2026. Ejercía el periodismo de manera independiente en una de las entidades federativas con mayor letalidad para la prensa en el mundo.
- Roxana Berenice Guzmán Ramírez
Secuestrada el 2 de junio de 2026 en Nanchital, Veracruz, y localizada sin vida a principios de julio de 2026. Dirigía el portal Pulso Informativo del Sureste.
- Álex Serna
Localizado sin vida en Zihuatanejo, Guerrero, a inicios de julio de 2026, tras permanecer doce días desaparecido debido a sus denuncias sobre corrupción y ecocidio en la entidad.
La acumulación de estos nombres demuestra que el discurso oficial de pacificación choca con una realidad donde los periodistas locales quedan desprotegidos frente a pactos de poder regionales. La censura en México ya no solo se logra con el cierre de espacios, sino con la eliminación física de quienes se niegan a callar frente a las complicidades del gobierno y el narcotráfico.
