Por. J. Jesús Lemus
Transcurridos dos años desde la implementación del plan de paz del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, los resultados en las regiones más críticas del país pintan un panorama de estancamiento.
A pesar de los discursos oficiales que defienden la Estrategia Nacional de Seguridad, en las calles de Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Guerrero y el Estado de México la percepción y la realidad difieren drásticamente de los informes gubernamentales.
Las políticas de pacificación no han logrado desarticular el control territorial de los grupos delictivos, los cuales permanecen empoderados y desafiantes en estas entidades.
El principal reclamo social e institucional apunta a una notable ausencia de golpes de verdadero impacto. En los estados señalados, no se reportan detenciones de líderes criminales de primer nivel que alteren las estructuras de mando, así como tampoco existen decomisos significativos de drogas, arsenales de armas de alto poder o flujos de dinero en efectivo que afecten las finanzas de las organizaciones delictivas.
Este vacío operativo permite que delitos que flagelan a la población y a la economía local —como el cobro de piso, la extorsión y el control de mercados básicos— sigan operando en la total impunidad.
A nivel internacional, la narrativa oficial también enfrenta un serio cuestionamiento.
El gobierno de Estados Unidos mantiene una abierta desconfianza sobre las cifras presentadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien insiste en registrar un supuesto avance en la construcción de la paz en estos focos rojos.
Para las agencias de seguridad estadounidenses, los indicadores muestran una realidad maquillada que no se traduce en un debilitamiento real del narcotráfico ni en el cese de la violencia que desestabiliza la frontera y las regiones clave del territorio mexicano. Dos años después, el plan de seguridad federal sigue bajo la sombra de la duda y con nulas muestras de funcionalidad.
La promesa de pacificación se ha topado con una realidad innegable: las organizaciones criminales no solo conservan sus estructuras, sino que han consolidado un control territorial absoluto.
Este fracaso no es exclusivo de la federación; se alimenta directamente de la apatía, el cálculo político y el nulo esfuerzo de los gobiernos estatales, cuyos mandatarios han decidido abdicar de su responsabilidad constitucional de proteger a sus ciudadanos, sumiendo a sus entidades en una ola de violencia sin precedentes.
Guanajuato: La trampa de la continuidad
Bajo la gestión de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la entidad se mantiene como el epicentro de los homicidios dolosos en el país. La estrategia estatal ha sido incapaz de frenar la violenta disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y las células locales por el control del huachicol y el narcomenudeo.
La gobernadora ha fallado en depurar las policías municipales —muchas de ellas infiltradas— y su insistencia en mantener inercias del pasado ha neutralizado cualquier intento de pacificación, dejando a la población desprotegida ante masacres constantes y ataques a comercios.
Sinaloa: Un gobierno de rodillas
La gobernadora Geraldine Bonilla Valverde carga con la responsabilidad directa de una de las peores crisis de seguridad en la historia reciente del estado. Tras fracturas internas en el Cártel de Sinaloa, las calles de Culiacán y los municipios aledaños se convirtieron en zonas de guerra.
La administración heredada del narco gobernador con licencia Rubén Rocha Moya ha mostrado un esfuerzo prácticamente nulo para contener los enfrentamientos, bloqueos y desapariciones, exhibiendo una preocupante parálisis gubernamental que la sociedad civil interpreta como una claudicación ante el poder fáctico de las facciones criminales.
Guerrero: El vacío de poder
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabeza una administración caracterizada por la debilidad institucional. En Guerrero, grupos delictivos como Los Ardillos, Los Tlacos y la Familia Michoacana no solo controlan el tráfico de drogas, sino la economía legal, imponiendo precios a la canasta básica y el transporte público.
Salgado Pineda ha sido incapaz de diseñar una política de contención local, reaccionando de manera tardía ante eventos de extrema violencia, lo que ha consolidado la percepción de que el estado carece de una autoridad real que enfrente a la delincuencia.
Michoacán: Extorsión institucionalizada
Bajo el mandato de Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán sigue siendo un territorio fracturado donde el cobro de piso y la extorsión a los productores de limón y aguacate ocurren a la vista de todos.
A pesar de la presencia de fuerzas federales, el gobierno de Ramírez Bedolla no ha implementado una estrategia de inteligencia local para desmantelar las finanzas de agrupaciones como los Viagras o el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su gestión se ha limitado a administrar la crisis, permitiendo que la violencia criminal asfixie la economía del estado.
Sonora: La frontera olvidada
El gobernador Alfonso Durazo Montaño, a pesar de su experiencia previa en la seguridad federal, no ha logrado pacificar una entidad clave para el tráfico de fentanilo y armas hacia Estados Unidos.
Células vinculadas a distintas facciones criminales se disputan a sangre y fuego los desiertos y puertos del estado.
La policía estatal bajo el mando de Durazo carece de las capacidades operativas para disputar el terreno, y el gobierno local se ha mostrado omiso en la vigilancia de las rutas de tránsito, permitiendo que los grupos armados impongan su ley en municipios enteros.
Estado de México: La periferia violenta
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabeza la entidad con mayor índice de robos con violencia, feminicidios y extorsiones comerciales en el centro del país. La zona oriente y el sur del estado se encuentran bajo el yugo de la Familia Michoacana y otras bandas delictivas.
La administración de Gómez Álvarez no ha mostrado un esfuerzo coordinado ni reformas estructurales en la fiscalía o las policías estatales para frenar el acoso criminal a transportistas y comerciantes, permitiendo que la impunidad dicte el ritmo de la vida cotidiana.
La simulación de los golpes de impacto y la desconfianza internacional
El factor común en estas seis entidades es la preocupante ausencia de resultados contundentes. En dos años de gestión, ni la federación ni los gobernadores estatales pueden presumir la detención de objetivos prioritarios de primer nivel que desarticulen las cúpulas criminales.
Los decomisos de cargamentos de droga significativos son escasos, las incautaciones de arsenales de alto poder militar son insuficientes para frenar el fuego cruzado, y el aseguramiento de dinero en efectivo o el congelamiento de cuentas bancarias —la vía más rápida para asfixiar al crimen— es prácticamente inexistente. Los delincuentes operan con recursos financieros intactos.
Esta alarmante falta de efectividad operativa ha dinamitado la credibilidad de la estrategia mexicana en el exterior. El gobierno de Estados Unidos mantiene una abierta y profunda desconfianza sobre las cifras de avance y pacificación que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presenta de manera recurrente en sus informes de labores.
Para las agencias de inteligencia y seguridad de Washington, los supuestos logros expuestos por García Harfuch son vistos como una narrativa de simulación política que no corresponde con el poder armamentístico y financiero que los cárteles demuestran día con día en el territorio nacional. Al cumplirse el primer tercio del sexenio, el balance del plan de paz es de un profundo estancamiento, atrapado entre una federación que no ajusta el rumbo y seis gobernadores que han fallado en su deber más elemental: garantizar la paz de sus estados.
