Por. J. Jesús Lemus
El panorama político se sacudió otra vez a raíz de la acción de la justicia de Estados Unidos, desde donde se insiste en la persecución de funcionarios ligados al crimen organizado y al tráfico de drogas. Ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene bajo la lupa a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.
Fuentes del gobierno de Estados Unidos han referido que Alfonso Durazo ya no tiene visa y que como parte de la investigación bajo la que se encuentra sometido, para poder ingresar a territorio estadounidense, se ha recurrido a un permiso especial conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, el cual suele otorgarse a personas que cooperan o fungen como testigos en investigaciones de las agencias de seguridad de EE. UU.
Por su parte, Alfonso Durazo ha negado categóricamente estas acusaciones, calificando el reporte como “una nota más sin fuentes” y una “infamia”. Aseguró tener su visa vigente y que su trayectoria pública es limpia. En sintonía, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó al mandatario, colega de su partido, y cuestionó públicamente los intereses detrás de estas filtraciones mediáticas, exigiendo que se presenten pruebas verificables antes de precipitar conclusiones.
Para comprender el calado de las sospechas que proyectan las agencias de inteligencia, es necesario revisar tres antecedentes clave en la carrera de Durazo:
1. El Culiacanazo y la Sombra de “Los Chapitos”
El episodio más polémico de Alfonso Durazo fue durante su gestión como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal (2018-2020), cuando se dio el fallido operativo del 17 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa. La captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, marcó un precedente de opacidad. Como cabeza de la seguridad nacional, Durazo justificó la liberación para “salvaguardar vidas” ante las amenazas del cártel, pero el manejo del evento alimentó las suspicacias sobre el verdadero nivel de interlocución y pactos entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la facción de “Los Chapitos”.
2. El Enlace Político
Críticos del gobierno de la llamada Cuarta Transformación han señalado históricamente que la estrategia de seguridad civil comandada por Durazo facilitó un repliegue institucional en las zonas controladas por el Cártel de Sinaloa, sirviendo de puente político en una administración federal reiteradamente señalada de mantener una postura de “abrazos, no balazos” frente a los principales capos de dicha organización.
3. El Antecedente de Puente Grande (2001)
La memoria histórica juega un papel fundamental en los señalamientos de la oposición y de analistas de seguridad. En enero de 2001, Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó por primera vez de un penal de máxima seguridad: el de Puente Grande, Jalisco. En ese momento, Alfonso Durazo fungía como secretario particular del presidente Vicente Fox Quesada. Debido a su posición estratégica en el aparato de la presidencia, diversas investigaciones periodísticas y señalamientos políticos lo han colocado históricamente en la lista de funcionarios que, por omisión o presunta colusión, facilitaron el terreno para que se consumara la primera gran evasión del capo sinaloense.
Mientras tanto, el caso continúa en desarrollo bajo una tensa calma diplomática; mientras las autoridades de Sonora exigen carpetas de investigación formales, las filtraciones de la prensa estadounidense sugieren que la justicia en Washington avanza en el desmantelamiento de las redes de protección institucional del narcotráfico en México.
