Por. J. Jesús Lemus
El fenómeno del desplazamiento forzado interno en México ha dejado de ser un “daño colateral” de la guerra entre carteles para convertirse en una estrategia deliberada de vaciado de territorios.
Reportes de derechos humanos, como el del Centro Tlachinollan, y redes de observadores comunitarios confirman que en la región de La Montaña de Guerrero, rica en yacimientos de oro, plata y zinc, y en la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, con grandes reservas de hierro y un suelo altamente productivo, la violencia no busca solo el control de rutas de tránsito, sino el control del suelo mismo.
El modus operandi es implacable: mediante el terror provocado por ráfagas de asedio, drones con explosivos y minas antipersonales terrestres, que han vuelto intransitables los caminos rurales en Apatzingán, las poblaciones civiles son obligadas a huir de un día para otro.
Al provocar los pueblos fantasmas, el territorio queda “limpio” de resistencias ejidales y comunitarias, facilitando de forma indirecta —o mediante coacción directa a las autoridades locales— que intereses extractivos y corporaciones mineras transnacionales encuentren el terreno libre para futuras concesiones o explotación sin la oposición de sus legítimos dueños.
Este fenómeno, sin embargo, se topa con un muro de invisibilidad gubernamental. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una narrativa heredada centrándose en atender “las causas de la violencia” mediante programas sociales, sin reconocer formalmente la crisis humanitaria del desplazamiento forzado ni la correlación directa entre el despojo del crimen organizado y la posterior entrega de recursos naturales al capital minero internacional.
La fragmentación criminal y las alianzas cambiantes mantienen bajo fuego cruzado a estas dos entidades. Los principales grupos responsables del desplazamiento forzado son:
- La Familia Michoacana: Liderada por los hermanos Johnny (“El Pez”) y José Alfredo (“El Fresa”) Hurtado Olascoaga. Controlan con puño de hierro la Tierra Caliente de Guerrero (municipios como San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán). Han diversificado sus ingresos cobrando cuotas de extorsión brutales y asediando comunidades de la Sierra y de La Montaña para adueñarse de la explotación maderera y los minerales.
- Los Tlacos (o Cartel de la Sierra): Grupo que opera fuertemente en las regiones del Centro, la Sierra y con incursiones hacia La Montaña. Mantienen una encarnizada disputa con La Familia Michoacana. Se les ha documentado el control e infiltración en cadenas productivas y su fuerte interés en los territorios que integran el “Cinturón de Oro” de Guerrero.
- Los Tequileros: Aunque debilitados tras la muerte de sus líderes principales, operan como células remanentes aliadas o enemigas de los carteles mayores, sembrando el terror local en zonas mineras de la Tierra Caliente.
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Su brazo armado busca controlar por completo los municipios fronterizos de la Tierra Caliente (Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec). Su interés radica no solo en el mineral de hierro y la madera, sino en el control estratégico del puerto de Lázaro Cárdenas, adonde llega el hierro extraído de las minas ilegales y los precursores químicos.
- Los Viagras / Cárteles Unidos: Una federación de células criminales locales (como Los Blancos de Troya y los remanentes de la Familia Michoacana original). Tienen un control absoluto sobre economías legales como el limón y el aguacate en el Valle de Apatzingán, y usan minas terrestres artesanales para frenar los avances del CJNG, atrapando a los jornaleros y familias campesinas en medio del fuego.
Anatomía del despojo: De la bala a la mina
El proceso económico del despojo sigue una línea de tiempo muy clara en la que las comunidades indígenas y campesinas llevan la peor parte:
Primero es el asedio, iniciando con el Uso de drones, cobro de piso y quema de viviendas, con lo que se da la parálisis del comercio local y escasez de alimentos. Lo que termina por debilitar el tejido social de la comunidad.
Luego bien el éxodo, el que se da mediante ultimátum armados o masacres selectivas, lo que obliga al abandono total de tierras, ganado e infraestructura, con lo que -en consecuencia- se logra dejar el territorio libre y sin dueños legales presentes.
Finalmente de da el control, el que se logra mediante la instalación de campamentos criminales o minas terrestres, lo que deja la pérdida definitiva de los derechos ejidales por parte del pueblo y con ello se facilitan tratos opacos y forzados con consorcios mineros.
El desplazamiento rural en estas zonas rompe la propiedad colectiva de la tierra -el ejido-. Sin una comunidad cohesionada que interponga amparos o bloquee carreteras, las empresas mineras operan en la opacidad absoluta, negociando “rentas” o accesos con autoridades municipales controladas por el narco, o bien obteniendo permisos federales sobre zonas que legalmente aparecen deshabitadas.
Un fenómeno muy visto y poco atendido
Las organizaciones que acompañan a las víctimas de desplazamiento forzado coinciden en tres conclusiones alarmantes que el gobierno federal suele omitir:
- Licitaciones en “zonas de nadie”: El Estado sigue otorgando o manteniendo concesiones mineras vigentes en zonas donde sabe que no hay Estado de Derecho. Esto significa que las empresas operan con el aval del gobierno, pero negociando la seguridad real en el territorio con los jefes de plaza de los cárteles.
- Criminalización del defensor ambiental: El eslabón más débil son los activistas comunitarios. Quien se opone a una minera transnacional o denuncia el despojo de tierras, inmediatamente es catalogado por el narco local como “enemigo” u “objetivo”, lo que termina en asesinatos o en el exilio forzado de familias enteras.
- Uso del territorio post-desplazamiento: Una vez que las comunidades se convierten en pueblos fantasma, los terrenos pierden su valor comercial agrícola. Las empresas mineras o intermediarios pueden adquirir los derechos de paso o de explotación a precios de remate, o simplemente ocupar el suelo de facto bajo la protección del grupo criminal dominante.
El desplazamiento forzado en estas regiones no es un conflicto civil ordinario; es un mecanismo económico violento que utiliza al narcotráfico para limpiar el mapa de resistencia social, permitiendo que la riqueza del subsuelo -el hierro de la Tierra Caliente y el oro de La Montaña- fluya hacia el mercado global a costa de la vida y el territorio de miles de mexicanos.
