Por. J. Jesús Lemus
El Banco del Bienestar, consolidado como la institución financiera con mayor presencia física en el país al superar las 3,100 sucursales, opera bajo el escrutinio técnico debido a dos vulnerabilidades estructurales: las alertas por debilidades en la prevención de lavado de dinero y la precariedad patrimonial derivada de la situación jurídica de sus predios.
Las alertas sobre el uso potencial de la red del Banco del Bienestar para el blanqueo de capitales provienen de organismos civiles, analistas financieros y auditorías de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los focos rojos se concentran en tres puntos:
El flujo de miles de millones de pesos en efectivo y la recepción de remesas internacionales —particularmente en zonas rurales y de alta influencia del crimen organizado— representan el principal factor de riesgo. Estudios independientes han detectado “pautas atípicas” en los picos de cobro de remesas en municipios específicos que coinciden con corredores del narcotráfico.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha documentado observaciones y multas administrativas aplicadas por la CNBV al banco, derivadas de deficiencias en sus controles internos, manuales de operación y sistemas de monitoreo para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
En respuesta a la presión regulatoria, la institución formalizó la contratación de servicios especializados de verificación de listas de riesgo internacional. Con esto se busca cotejar la identidad de sus usuarios con bases de datos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la DEA, la CIA y la Interpol, confirmando que la infraestructura arrastra un rezago en la depuración y blindaje de sus cuentahabientes.
El señalamiento sobre la falta de un patrimonio inmobiliario consolidado es exacto y constituye un severo problema de certidumbre jurídica a largo plazo.
Para cumplir con la meta de expansión acelerada edificada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el banco no compró terrenos, sino que recurrió a la donación, comodato o asignación de espacios públicos de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, el proceso administrativo no marchó a la par de la construcción.
Auditorías internas del Órgano Interno de Control, revelan que más de 2,300 sucursales del plan de expansión -aproximadamente el 84% de las plantas nuevas- operan sin un instrumento jurídico definitivo que acredite legalmente la propiedad, uso o posesión regular del suelo.
Los inmuebles están levantados sobre porciones de terrenos originalmente destinados a cuarteles militares y zonas federales, clínicas de salud, hospitales y unidades deportivas locales, predios escolares y ejidales, terrenos municipales o estatales cedidos mediante acuerdos verbales o convenios preliminares que no han concluido su proceso de escrituración o desincorporación legal.
Esta falta de control documental ya expone al banco a litigios civiles, disputas con núcleos ejidales, reclamaciones de particulares y frenos en las obras, como el caso emblemático de la sucursal de Rincón de Tamayo, en Celaya, paralizada por años debido a pleitos de propiedad.
Al carecer de escrituras a nombre de la Sociedad Nacional de Crédito, la infraestructura física del banco descansa, en términos reales, sobre un patrimonio prestado e inestable.
El reto inmediato para el Banco del Bienestar no es la captación de usuarios —la cual tiene asegurada mediante la bancarización obligatoria de los programas sociales— sino la regularización masiva de su inventario inmobiliario frente a eventuales cambios de administraciones locales y el endurecimiento de los sistemas de alertas tempranas frente a transacciones fraccionadas en efectivo.
