Por. J. Jesús Lemus
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha destapado una de las cloacas financieras más complejas y peligrosas del crimen organizado en México.
De acuerdo con las conclusiones oficiales del gobierno estadounidense, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado un control casi absoluto sobre el contrabando y robo de hidrocarburos, una actividad conocida popularmente como huachicol, transformándola en su mayor fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico.
Sin embargo, el dato más alarmante de este informe —y que confirma las sospechas de analistas en seguridad— es cómo el dinero obtenido de este delito energético está financiando directamente campañas electorales en México para imponer a gobernantes afines a sus intereses.
Lejos de limitarse a la rudimentaria perforación física de ductos de Pemex, las investigaciones del Tesoro revelan que el CJNG evolucionó hacia el huachicol fiscal.
Este esquema transnacional consiste en comprar gasolina, diésel y nafta en Estados Unidos de manera legal a través de distribuidores cómplices.
Posteriormente, el combustible es contrabandeado hacia México utilizando empresas fachada de logística, transporte y comercializadoras que cuentan con permisos legítimos de la Comisión Nacional de Energía.
El fraude radica en la falsificación de documentos aduaneros, donde declaran el producto bajo conceptos falsos para evadir por completo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), generando ganancias multimillonarias inmediatas en el mercado negro mexicano.
Las operaciones financieras reportadas por la FinCEN identificaron más de $7,000 millones de dólares en actividad sospechosa vinculada a estas redes de contrabando en un periodo reciente de 12 meses, principalmente operadas por el CJNG.
El informe de las autoridades estadounidenses hace especial hincapié en el destino de estas ganancias ilícitas dentro del territorio mexicano. El dinero en efectivo del huachicol no solo sirve para armar al cártel o pagar nóminas de sicarios; está siendo utilizado como una herramienta de control político masivo.
De acuerdo con el análisis detallado del Departamento del Tesoro, el CJNG canaliza millones de pesos en efectivo directamente a campañas políticas locales y estatales en México. Se detectó el flujo de recursos hacia medios de comunicación locales para moldear la opinión pública a favor de ciertos perfiles.
El financiamiento busca asegurar la elección de políticos corruptos que estén dispuestos a ceder el control de puestos administrativos clave en el gobierno, como direcciones de seguridad, desarrollo urbano o fiscalización.
Con estas posiciones bajo su control, el cártel garantiza impunidad total para seguir operando el contrabando de combustible y obtiene acceso prioritario a contratos estatales para lavar el dinero restante.
La acción coordinada entre agencias como la DEA, el FBI y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México derivó en la congelación de cuentas y activos de piezas fundamentales de esta estructura
Oscar Guillermo Juraidini Silva, es señalado por el Tesoro como el cerebro contable y financiero detrás de la creación de las empresas fachada y la falsificación de los pedimentos aduaneros para el CJNG. Redes logísticas como SLA Servicios Logísticos Ambientales y Grupo Jala Logística, entre otras entidades que simulaban operaciones comerciales legítimas en la frontera sur de EE.UU. y el norte de México.
Este informe del Departamento del Tesoro cambia la narrativa tradicional de la guerra contra el narcotráfico. El “huachicol” ya no es un delito secundario de comunidades marginadas; es una industria criminal de cuello blanco y escala transnacional.
Al tocar las estructuras electorales, el CJNG no solo desafía el monopolio de la fuerza del Estado mexicano, sino que está comprando activamente pedazos del aparato gubernamental con los recursos que los ciudadanos pagan por el combustible.
