Por. J. Jesús Lemus
Las alertas rojas se han encendido en los despachos de Washington. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha confirmado un cambio radical en la estructura financiera de los grupos criminales transnacionales:
El robo, adulteración y contrabando de combustible, conocido popularmente en México como huachicol, se ha consolidado oficialmente como la segunda fuente de ingresos más lucrativa para los cárteles y las mafias mexicanas, superada únicamente por el narcotráfico tradicional.
Las agencias de inteligencia financiera norteamericanas detallan que el flujo monetario reportado bajo sospecha directa de estas operaciones delictivas globales, que involucran tanto el mercado mexicano como redes en la frontera sur de Estados Unidos, ha alcanzado un acumulado de más de 7 mil millones de dólares anuales.
La sofisticación del delito ha mutado drásticamente. Lo que inició como una extracción artesanal en ductos locales se ha transformado en un andamiaje internacional que abarca el contrabando transfronterizo, la evasión fiscal a gran escala del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en México y la operación de redes de empresas fachada que inyectan el hidrocarburo en gasolineras formales.
La diversificación corporativa de la delincuencia organizada ha llevado a que los grupos del narcotráfico más dominantes asuman el control absoluto de las rutas de distribución y zonas de extracción.
De acuerdo con los recientes informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, las organizaciones que mantienen una participación protagónica en este multimillonario mercado negro son el CJNG, Cártel de Santa Rosa de Lima, Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo.
No son los únicos, otros cárteles con menos presencia, pero a final de cuentas dentro del huachicol, son La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Cártel de Los Hermanos Arellano Félix, Cártel de Los Hermanos Beltrán Leyva, Cárteles Unidos de Michoacán, de Caborca, de Juárez, La Línea, Los Tequileros, Los Ardillos y Cártel del Noreste.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación, es señalado como la organización más agresiva en la expansión de este delito. El Tesoro estadounidense detalla que este grupo criminal no solo extrae combustible en el centro del país, sino que coordina complejas redes de importación fiscal ilícita de diésel y gasolina desde Estados Unidos mediante comercializadoras cómplices.
El Cártel de Sinaloa, con su estructura de alcance global aprovecha los puntos de control fronterizos y marítimos para el movimiento e infiltración de combustibles adulterados o robados, utilizando los recursos financieros obtenidos para fortalecer el financiamiento de su aparato logístico de tráfico de drogas sintéticas.
El Cártel del Golfo, con un bastión histórico en la zona fronteriza y costas de Tamaulipas, mantiene un dominio crítico sobre las rutas norteñas de contrabando. Esta organización aprovecha el flujo terrestre entre Texas y México para camuflar crudo robado y combustibles que ingresan ilegalmente evadiendo aranceles.
Al Cártel de Santa Rosa de Lima, aunque es una organización regional comparada con las anteriores, el Departamento del Tesoro le ha impuesto sanciones directas debido a que su subsistencia y la gran mayoría de sus ingresos ilícitos dependen críticamente del huachicol en la zona del Bajío, manteniendo una pugna sangrienta por el control de la refinería y oleoductos de Guanajuato.
El fenómeno del huachicol no surgió de la noche a la mañana, sino que responde a un proceso de incubación criminal de varias décadas. Originalmente, la palabra huachicolero se utilizaba en el siglo pasado para designar a quienes adulteraban bebidas alcohólicas o a los choferes que diluían el combustible de los camiones de carga para vender el excedente.
El salto hacia la delincuencia organizada comenzó a gestarse a finales de la década de los noventa y principios de los años dos mil, cuando grupos delictivos locales y células desertoras descubrieron que perforar los ductos de Petróleos Mexicanos era un negocio de alta rentabilidad y bajo riesgo legal en ese momento.
Con el tiempo, los cárteles de la droga asimilaron estas células locales mediante la violencia o la subordinación, profesionalizando la técnica de las tomas clandestinas.
En los medios informativos, el fenómeno comenzó a registrarse de manera marginal a mediados de la década de dos mil como simples notas de nota roja bajo apelativos como ordeña de ductos o robo de hule.
No obstante, la explosión mediática del término huachicol ocurrió de manera masiva entre los años 2017 y 2019. Durante ese periodo, la prensa nacional e internacional convirtió el concepto en titulares de primera plana debido a los niveles inéditos de violencia en el llamado Triángulo Rojo de Puebla y en el estado de Guanajuato, las imágenes de comunidades enteras enfrentando al ejército para proteger los almacenes ilegales, el histórico desabasto nacional de gasolina a principios de 2019 debido al cierre estratégico de ductos y la tragedia de Tlahuelilpan.
A partir de ese momento, los medios dejaron de retratar el huachicol como un robo patrimonial común y comenzaron a reportarlo como una amenaza de seguridad nacional y una de las industrias criminales más complejas del hemisferio.
Del Triángulo Rojo a Adán Augusto López Hernández
El fenómeno del robo de combustible -mejor conocido como huachicol– ha mutado radicalmente. Lo que inició como una actividad delictiva marginal e hiperlocal, se transformó en una crisis de seguridad nacional, para finalmente incrustarse en los círculos más altos del poder político.
Durante años, el huachicol consistía en comunidades locales ordeñando ductos de Pemex de manera artesanal en zonas de Puebla y Veracruz -el llamado Triángulo Rojo-.
Sin embargo, el momento de quiebre ocurrió cuando los grandes carteles del narcotráfico, como los Zetas y el CJNG, vieron en el robo de combustible un negocio más lucrativo, rápido y de menor riesgo que el tráfico de drogas.
El huachicol dejó de ser un delito comunal para convertirse en una industria criminal fuertemente armada capaz de someter a poblaciones enteras.
Apenas iniciando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el huachicol se consolidó como la principal preocupación de la agenda pública. Para combatir el robo, el gobierno federal tomó la decisión radical de cerrar los ductos y distribuir la gasolina en pipas, lo que provocó un desabasto severo en el centro del país.
Días después, el 18 de enero de 2019, ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde la explosión de una toma clandestina cobró la vida de 137 personas. El país asimiló con horror que el huachicol no era sólo un problema de pérdidas financieras para Pemex, sino una crisis humanitaria y de seguridad fuera de control.
A medida que el gobierno militarizó la vigilancia en los ductos terrestres, el crimen organizado sofisticó su estrategia dando paso al huachicol fiscal. Las redes criminales comenzaron a importar masivamente combustible de contrabando desde Estados Unidos y a extraer crudo directamente a gran escala por vías marítimas.
El epicentro del delito se trasladó a los puertos y aduanas marítimas, como Tampico, Altamira y Dos Bocas, infiltrando los controles del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de las autoridades portuarias.
Los documentos de inteligencia militar revelaron que mientras Adán Augusto López era gobernador de Tabasco (2019-2021), nombró Secretario de Seguridad Pública a Hernán Bermúdez Requena.
Los reportes del propio Ejército señalaban que Bermúdez Requena estaba presuntamente vinculado con “La Barredora”, una célula criminal ligada al CJNG que controlaba el huachicol en la región de Dos Bocas.
A pesar de las alertas internas que acusaban a su secretario de encubrir la ordeña y el tráfico, Adán Augusto López Hernández desoyó las advertencias e incluso lo mantuvo en el cargo cuando él partió a la Ciudad de México para ser el titular de la Segob. Los datos oficiales confirmaron que, durante su gubernatura, las tomas clandestinas en Tabasco se dispararon un 167%.
El último y más crítico momento surge de investigaciones publicadas por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y diversos seriales de prensa. Expedientes judiciales federales destaparon complejas redes en las que empresarios del huachicol marítimo financiaban o impulsaban proyectos políticos de Morena.
Específicamente, se reveló que el muelle fiscal 289 en Tampico —pieza clave utilizada por una red criminal para descargar buques de combustible robado— estaba concesionado a una compañía de Saúl Vera Ochoa, un empresario tabaqueño que operó de forma pública como impulsor de las aspiraciones presidenciales de Adán Augusto López.
Los testimonios y las ligas notariales, algunas asociadas a la propia notaría de López Hernández antes de ejercer cargos, terminaron por configurar el mapa de una presunta red nacional donde las cabezas políticas habrían otorgado protección, aduanas libres y contratos a la par que recibían el cobro de sobornos y financiamiento electoral.
