Por. J. Jesús Lemus
La Fiscalía General de la República despliega una estrategia de alta filigrana jurídica con un trasfondo profundamente político: armar un expediente por extracción ilegal y secuestro que obligue a la repatriación de Ismael “El Mayo” Zambada.
La meta de fondo del aparato judicial mexicano no es solo defender la soberanía nacional frente a las agencias de Washington, sino activar un blindaje de Estado que impida al veterano capo del narco encender el caso en las cortes estadounidenses sobre el financiamiento del Cártel de Sinaloa a las campañas del partido oficialista Morena.
Para lograrlo, la FGR ha puesto la mira sobre el Buró Federal de Investigaciones. Tras bambalinas, la Fiscalía ha dejado saber su certeza velada de que el FBI no fue un simple receptor pasivo en el aeródromo de Santa Teresa, Nuevo México, aquel 25 de julio de 2024.
Los investigadores mexicanos manipulan con precisión sus piezas para demostrar que el traslado forzado de Zambada, orquestado por Joaquín Guzmán López, contó con la complicidad operativa o el aval táctico de la agencia estadounidense en suelo nacional, lo que configuraría un secuestro internacional.
Esta jugada tiene un espejo histórico idéntico: el caso del doctor Humberto Álvarez Machain. A principios de la década de los 90, la DEA, frustrada por la burocracia y la complicidad oficial tras el asesinato de su agente Enrique “Kiki” Camarena en 1985, pagó a policías y cazarrecompensas mexicanos para secuestrar al médico en Guadalajara y meterlo a la fuerza en una camioneta rumbo a Texas.
Aunque inicialmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos convalidó la captura en un polémico fallo, la defensa de Álvarez Machain logró demostrar la ilegalidad radical de su sustracción.
Al final, un juez federal estadounidense determinó que un proceso penal originado en un secuestro internacional violaba el debido proceso y los tratados internacionales, invalidando el juicio, ordenando su inmediata liberación y forzando su repatriación a México.
Es exactamente ese precedente el que la FGR busca calcar. Al robustecer la hipótesis penal de que “El Mayo” fue víctima de un secuestro internacional planeado o coadyuvado por el FBI, la Fiscalía pretende dotar a la defensa de Zambada en Estados Unidos de las herramientas jurídicas necesarias para echar abajo el juicio en Brooklyn o Texas.
Si el origen de su detención es judicialmente catalogado como un acto ilegal de agentes estadounidenses en territorio extranjero, el caso entero podría desmoronarse por la vía de la invalidez procesal.
Bajo este esquema, la petición formal de repatriación de Zambada a México no responde a un genuino afán de aplicar la justicia local, sino a una operación de control de daños de dimensiones transexenales.
Con “El Mayo” de regreso en una prisión mexicana, bajo las reglas y el aislamiento controlado del sistema penitenciario federal, el gobierno se aseguraría de que los secretos más oscuros del financiamiento electoral en Sinaloa y el resto del país permanezcan bajo llave, lejos del alcance de los fiscales norteamericanos y de un jurado en Nueva York dispuesto a escuchar la verdad sobre los nexos entre el dinero del narcotráfico y el poder político de Morena.
La posición oficial de la FGR
Con el propósito de dar a conocer al Pueblo de México información relevante en torno a la investigación derivada del secuestro de Ismael Zambada García, así como de su detención, junto con la de Joaquín Guzmán López, a continuación se referirán hechos, fechas y situaciones más relevantes de este caso.
A manera de antecedente, el 23 de julio de 2024, se tuvo conocimiento por medios de comunicación y reportes de representaciones mexicanas en Estados Unidos, que Ovidio Guzmán, extraditado por el Gobierno de México el 15 de septiembre de 2023, se incorporó al programa de testigos protegidos de aquel país. Dos días después, el 25 de julio de 2024, la Embajada de Estados Unidos informó del cambio de medida cautelar sin consultar al Gobierno de México.
Ese mismo día, 25 de julio, se llevó a cabo la operación que devino en la extracción ilegal o secuestro de Ismael Zambada, mediante una estrategia que se encuentra en investigación, llevada a cabo en Sinaloa y concluida en Nuevo México.
Estos acontecimientos permiten inferir, por la proximidad en el tiempo, los vínculos familiares, así como de organizaciones delictivas, que guardan una relación de intermediación, es decir, que presumiblemente, el secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar, aunado al hecho de la recepción de 17 familiares por parte del gobierno de ese país.
Recientemente, el periodista Luis Chaparro publicó en redes sociales un reportaje en el que revela la intervención del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en el secuestro de “El Mayo”, como una operación ejecutada en territorio mexicano, lo que estaría constituyendo una acción que afecta la soberanía de nuestro país.
El periodista da a conocer, entre otras cosas, que obtuvo una declaración del FBI aceptando que el operativo fue de ellos donde lograron la detención de uno de los principales objetivos de los Estados Unidos y que tuvo como principal autor material de esa acción, a Joaquín Guzmán López.
El reportaje agrega que la aeronave en la que fue trasladado “El Mayo”, es un modelo de los años 70, el cual fue modificado en diversos puntos como pintura, sistemas de luces, de combustible, motor, entre otros y que el plan de vuelo fue alterado, lo mismo que el número de serie, para no ser identificado. Según dicha publicación, el reportero, tuvo acceso al interior de la aeronave donde, afirma, que se ve lo que ellos mencionan como marcas de forcejeos y ventanas estrelladas.
Con respecto a la aeronave, es importante retomar que, en agosto de 2024, personal de esta institución, acudió a inspeccionar en las oficinas del FBI en El Paso, Texas, los indicios encontrados en la misma, y posteriormente se inspeccionó el avión en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México.
En términos generales, en dicha diligencia no se permitió el acceso para realizar las acciones pertinentes, de acuerdo con una investigación de este tipo ni se proporcionó la información requerida para el esclarecimiento de los hechos, también se impidió tomar fotografías; entre otras cosas, es importante señalar que el FBI no proporcionó, en esa ocasión, datos de identificación del piloto, solo señaló que solicitó ser deportado inmediatamente a México.
Asimismo, es de destacarse que en las constancias se advierte que las autoridades norteamericanas, en distintas ocasiones, han dado datos falsos o imprecisos de identificación de ese avión.
En ese contexto, nos encontramos frente a una investigación compleja.
Además de la trascendencia natural de este hallazgo para las investigaciones, de confirmarse dicha acción, se estaría frente a una serie de posibles violaciones graves.
El 09 de agosto de 2024, el entonces Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el gobierno de su país NO participó en esa operación, que NO fue una aeronave estadounidense, NI su piloto, NI sus agentes o su gente en México; sino que fue una operación entre cárteles.
Frente a ello, de confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves: una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, la cual significaría una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas, previsto en diversos tratados internacionales.
Frente a este escenario, la Fiscalía General de la República realiza ya nuevos actos de investigación. Por principio de cuentas, hemos solicitado mediante el mecanismo de asistencia jurídica internacional, en términos de lo previsto en el tratado bilateral en la materia, una serie de requerimientos para que el gobierno estadounidense proporcione información relacionada con los acontecimientos referidos.
Es importante recordar que, desde que ocurrieron los hechos, el 25 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República ha iniciado siete carpetas de investigación relacionadas y derivadas con este caso, por los siguientes hechos posiblemente constitutivos de delitos: homicidio de Héctor Melesio Cuén, secuestro de Ismael Zambada, desaparición de dos escoltas de Ismael Zambada y contra la procuración de justicia, por alteración de escena del crimen y diversas negligencias ministeriales del fuero común.
En todas estas indagatorias se han realizado un total de 153 entrevistas, mil 288 informes, 124 dictámenes en diversas especialidades, así como una gran cantidad de actos de investigación, entre los que se encuentran solicitudes de asistencia jurídica internacional y la solicitud de extradición de Ismael Zambada alias “El Mayo”, la cual devino de tres causas penales relacionadas con el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud en territorio mexicano.
Frente a ello, el Departamento de Justicia notificó la imposibilidad de atender dicha solicitud de extradición realizada por el Gobierno mexicano, argumentando que “El Mayo” está siendo procesado ante una Corte de Distrito de ese país.
Como resultado de las investigaciones, entre otras conclusiones parciales, se ha logrado identificar el lugar donde se llevó a cabo la reunión en la que Ismael Zambada fue privado de su libertad junto con dos de sus escoltas, actualmente desaparecidos, y donde presuntamente Héctor Melesio Cuén fue lesionado y que posteriormente perdiera la vida.
Asimismo, el aeropuerto donde despegó y aterrizó la aeronave en la que fue transportado Ismael Zambada a los Estados Unidos de América, la persona que la pilotó, precisando que la pista de donde despegó, no contaba con autorización para operar; además, se acreditó que esta aeronave, presentaba sus medios de identificación alterados.
También es de destacar que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano proporcionó el audio del momento en que el piloto de la aeronave que transportó a Ismael Zambada solicitó a la Torre de Control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, código transponder para ingresar a los Estados Unidos.
Además, a través de dictámenes periciales en materia de audio, se logró la identificación del piloto.
Asimismo, fue posible establecer que la declaración jurada de Ismael Zambada ante notario público de Texas, narró los hechos ocurridos, y fue desahogada conforme a la normatividad de ese país.
Las investigaciones continúan se tienen contempladas diversas diligencias y actos de investigación.
Esta situación se da en el marco de los acuerdos y resultados históricos y contundentes alcanzados por el Gabinete Federal de Seguridad, del cual la Fiscalía General de la República forma parte, encabezado por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo; resultados por demás favorables, tanto al interior del país, como en su relación con Estados Unidos.
Como dato de alta relevancia, quiero precisar que en México se cuenta con 32 investigaciones en contra de Ismael Zambada alias “El Mayo”, de las cuales se tienen órdenes de aprehensión vigentes.
El Pueblo de México puede tener certeza y garantía de que continuaremos procurando justicia con objetividad, contundencia y responsabilidad, en el marco del respeto irrestricto a la soberanía nacional, la cual, no debe perderse de vista, radica y deriva del Pueblo, por lo que cualquier intento de transgresión a la soberanía nacional lo será en contra suya.
Podemos concluir, que, de establecerse la participación de agencias extranjeras en el hecho investigado, podría acreditarse algún grado de responsabilidad en contra de las personas que resulten.
