Por. Luis Calderón
La tarde de este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) convocó a una rueda de prensa para informar sobre los avances en la investigación en torno al “secuestro” de Ismael “El Mayo” Zambada y la presunta participación de autoridades de Estados Unidos en territorio mexicano.
En la conferencia participaron la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, y el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), David Boone de la Garza.
En la rueda de prensa, Ernestina Godoy describió una cronología que comienza el 23 de julio de 2024, cuando el Gobierno de México tuvo conocimiento, a través de reportes de representaciones diplomáticas, de que Ovidio Guzmán (quien fue extraditado el 15 de septiembre de 2023) se incorporó al programa de testigos protegidos de Estados Unidos.
Dos días después, la embajada informó oficialmente el cambio en la medida cautelar sin consultar previamente al Gobierno de México.
El mismo 25 de julio de 2024 se llevó a cabo una operación que terminó con el secuestro de El Mayo Zambada mediante una estrategia que aún es investigada por la FGR. Presuntamente, el secuestro fue consecuencia del cambio en la medida cautelar de Ovidio, así como de la recepción de 17 de sus familiares en territorio estadounidense.
En días recientes, el periodista Luis Chaparro reveló la participación de agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en la operación de detención y extracción de El Mayo Zambada.
De acuerdo con el periodista, obtuvo una declaración del FBI en la que aceptan que fueron ellos quienes llevaron a cabo la operación, que tuvo como principal autor material a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La investigación de Chaparro también asegura que la aeronave en la que fue trasladado Ismael Zambada fue modificada en diversos aspectos, como la pintura, el sistema de luces, el sistema de combustible y el motor, entre otros, al igual que el número de serie y el plan de vuelo, con el objetivo de no ser identificada.
Godoy aseguró que, en agosto de 2024, personal de la FGR ya había acudido a las oficinas del FBI en El Paso, Texas, para inspeccionar los indicios encontrados en la avioneta. Posteriormente, inspeccionaron la aeronave en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.
En esta diligencia no se permitió al personal de la FGR el acceso para realizar las acciones correspondientes ni se proporcionó la información requerida para el esclarecimiento de los hechos. Además, se impidió la toma de fotografías.
El FBI tampoco proporcionó datos de identificación del piloto; solo señaló que este solicitó ser deportado a México inmediatamente. Respecto al piloto, David Boone informó que, tras ser deportado a México, continuó cometiendo delitos, por lo que eventualmente fue detenido por el delito de portación de arma de fuego y entregado nuevamente al Gobierno de Estados Unidos.
Ken Salazar mintió: FGR
Según la cronología señalada por la fiscal, el 9 de agosto de 2024 Ken Salazar, entonces embajador de Estados Unidos, sostuvo que su país no participó en esta operación; que no fue una aeronave estadounidense, ni su piloto, ni sus agentes o personal en México, sino una operación entre cárteles.
Raúl Jiménez dijo que el 14 de agosto de 2024 la FGR formuló una solicitud de asistencia jurídica al Gobierno de Estados Unidos en relación con el secuestro y traslado de El Mayo. En esta solicitud se plantearon 11 temas informativos de interés para la Fiscalía con el fin de continuar las indagatorias sobre los hechos.
La respuesta de Estados Unidos es que, de los 11 datos solicitados por la Fiscalía, únicamente se ha respondido a seis. Los cinco restantes no han sido debidamente solventados por el Departamento de Justicia. Jiménez recalcó que, a la fecha, se han emitido 16 oficios de recordatorio, insistiendo en la necesidad de que se proporcione la información faltante.
Por su parte, la fiscal Godoy aseguró que las autoridades estadounidenses, en distintas ocasiones, han proporcionado datos falsos o imprecisos sobre esta aeronave, por lo que:
“… de confirmarse la información reciente con respecto a que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa planeada, organizada y ejecutada por el FBI, para capturar y secuestrar, en suelo mexicano, a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves: una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense…”.
Ante este escenario, la FGR realiza ya nuevos actos de investigación. Ha solicitado una serie de requerimientos de información para que el Gobierno proporcione los datos relacionados con los acontecimientos referidos. Aseguran que existen siete carpetas de investigación relacionadas con este caso, derivadas de los siguientes hechos: el homicidio de Héctor Melesio Cuén, el secuestro de Ismael Zambada, la desaparición de dos de sus escoltas y delitos contra la procuración de justicia por alteración de la escena del crimen y diversas diligencias del fuero común.
La fiscal aseguró que ya se había solicitado la extradición de El Mayo; sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó la imposibilidad de atender la solicitud del Gobierno de México bajo el argumento de que ya está siendo procesado ante una Corte de Distrito de ese país. Ante ello, el Gobierno de México ha solicitado que también sea procesado por los delitos que ha cometido en territorio mexicano.
Entre los resultados que destaca la Fiscalía se encuentra la identificación del lugar donde se llevó a cabo la reunión en la que El Mayo fue privado de la libertad junto con dos escoltas que hasta el momento siguen desaparecidos y donde presuntamente Héctor Melesio Cuén fue lesionado, lo que posteriormente provocó su muerte.
Tras la conferencia, Ernestina Godoy fue cuestionada por la prensa sobre si Ken Salazar será llamado a declarar o si se presentarán acciones legales en su contra por su responsabilidad en el caso.
La fiscal cedió la palabra a Raúl Jiménez, quien se mostró reacio a contestar la pregunta de manera clara, aunque precisó que las consecuencias de esta investigación “no son necesariamente penales”, pues “los diplomáticos poseen inmunidad diplomática internacional”, por lo que lo realizado durante el desempeño de sus funciones “no puede ser ni investigado, ni perseguido, ni castigado”.
Jiménez añadió que “lo que se le reprocha al embajador Salazar es que se condujo con falsedad y, en virtud de lo anterior, violentó, contravino y atacó el marco regulatorio de la diplomacia internacional”.
“No ha habido pruebas”, respondió el fiscal David Boone ante el cuestionamiento de la prensa sobre la investigación realizada a los 10 funcionarios señalados por Estados Unidos, entre los que se encuentra Rubén Rocha Moya. Ernestina Godoy especificó que no hay delitos que impliquen una investigación o el congelamiento de las finanzas de las personas señaladas, pues únicamente se les investiga por los delitos señalados por Estados Unidos.
