Por. J. Jesús Lemus
El negocio del robo de combustible en México sufrió una transformación radical. Lo que comenzó como un esquema artesanal de extracción directa en los ductos de Petróleos Mexicanos ha mutado en una compleja estructura industrial capaz de procesar petróleo crudo en mini refinerías clandestinas.
Esta metamorfosis representa un salto cuantitativo y cualitativo en las operaciones del crimen organizado, pasando de la simple reventa de gasolinas al refinamiento ilegal para multiplicar sus utilidades.
Para entender el punto de quiebre actual es necesario revisar los orígenes del fenómeno. Durante años, la técnica predominante consistió en el raspado de tubo y la instalación de tomas clandestinas empíricas.
El inicio en Santa Rosa de Lima
En Guanajuato y la región del Bajío, el Cártel de Santa Rosa de Lima instauró un modelo basado en el control territorial, la violencia desmedida y el perforado sistemático de la red de poliductos.
Bajo ese esquema, las cuadrillas criminales pinchaban la infraestructura para llenar pipas y bidones que luego vendían a pie de carretera o en estaciones de servicio coludidas. La mercancía robada consistía en producto ya terminado por la petrolera estatal, como gasolina Magna, diésel o turbosina.
Sin embargo, el combate gubernamental a las tomas superficiales y el constante cierre de ductos forzaron al crimen organizado a sofisticar su estrategia. Las organizaciones delictivas pasaron de extraer gasolinas refinadas a robar directamente petróleo crudo de los pozos, oleoductos y terminales marítimas. Al apoderarse de la materia prima, los carteles comenzaron a construir infraestructura propia para refinarla.
El hallazgo de mini refinerías clandestinas en entidades como Veracruz, Tamaulipas y Tabasco expuso el verdadero alcance de esta industrialización ilícita. Estas instalaciones clandestinas cuentan con torres de destilación, calderas de alta presión, condensadores y tanques de almacenamiento masivo.
En ellas, los grupos criminales procesan el crudo robado para obtener diésel artesanal, nafta ligera, solventes y combustóleo. Este salto tecnológico les permite dominar toda la cadena productiva, desde la extracción hasta la transformación y comercialización, incrementando de manera exponencial sus márgenes de beneficio económico.
Robos con el respaldo del gobierno
Esta evolución hacia la escala industrial no habría sido posible sin tramas de complicidad e impunidad al más alto nivel. Informes de inteligencia militar e investigaciones periodísticas han puesto al descubierto complejas redes de protección política y operativa.
Un caso emblemático señala hacia la estructura política de Tabasco articulada durante la gestión gubernamental de Adán Augusto López.
Documentos oficiales de las Fuerzas Armadas identifican a mandos clave de su administración, entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública estatal Hernán Bermúdez Requena, como protectores de células delictivas que operaban el tráfico de combustible en áreas estratégicas como el puerto de Dos Bocas.
Las pesquisas revelan cómo los cargamentos de crudo y refinados se movían con el amparo de autoridades locales, conectando al poder público con las redes del denominado cártel del huachicol.
El impacto económico de esta actividad criminal resulta colosal para las finanzas públicas. Análisis del sector energético y reportes de la propia petrolera calculan que el robo de hidrocarburos genera pérdidas estimadas en más de cien millones de pesos diarios para Pemex.
Únicamente por concepto de sustracción en ductos y transporte, las sangrías alcanzan más de nueve mil millones de pesos en periodos de apenas tres meses.
No obstante, analistas independientes sostienen que los registros oficiales subestiman el daño real al no contabilizar adecuadamente la sustracción masiva de petróleo crudo ni el contrabando fiscal.
Si se contemplan las operaciones de las mini refinerías ilícitas y la entrada ilegal de combustibles por las aduanas, el desfalco acumulado para la empresa pública y la hacienda nacional supera los ciento veinte mil millones de pesos al año.
La detección de centros de refinación ilícitos confirma que el huachicol dejó de ser un delito menor de sustracción rústica. Hoy constituye una industria delictiva consolidada, dotada de ingeniería, logística avanzada y blindaje político, cuyo desmantelamiento exige golpear no solo la infraestructura física en el campo, sino también las redes financieras y de poder institucional que la sustentan.
