Por. J. Jesús Lemus
Culiacán despierta este domingo 9 de agosto de 2026 con el mismo olor a pólvora y la misma pesadumbre que la han habitado durante los últimos dos años. Lo que comenzó como un ajuste de cuentas en las altas cúpulas del narcotráfico tras la caída de Ismael El Mayo Zambada se transformó en una conflagración abierta que ha trastocado la vida cotidiana de un estado entero, fracturando su economía, sus comunidades y el entramado social de regiones completas.
La jornada de este fin de semana vuelve a ratificar que la paz sigue siendo una promesa distante: una sangrienta racha de enfrentamientos y agresiones directas dejó un saldo de 14 personas muertas en distintos puntos de la entidad, un recordatorio brutal de que la disputa por el control territorial entre la facción de Los Chapitos y las fuerzas leales a la familia Zambada continúa al rojo vivo.
El recuento humano de esta conflagración es abrumador y dibuja una tragedia colectiva de dimensiones históricas para el noroeste mexicano. Desde el estallido de las hostilidades en el verano de 2024, las cifras de la violencia han alcanzado niveles drásticos.
Las estimaciones oficiales e investigaciones ministeriales contabilizan más de tres mil personas asesinadas en medio de esta sangrienta pugna, una estela de homicidios dolosos que ha colocado a la entidad en sus registros más críticos en más de una década.
A esta cifra de víctimas mortales se suma el drama silencioso de las desapariciones forzadas: más de tres mil quinientas personas permanecen en calidad de no localizadas, dejando a cientos de familias sumidas en la incertidumbre y recorriendo caminos y parajes rurales en búsqueda de rastros de sus seres queridos.
El impacto social de la contienda armada no se detiene en las bajas directas o las sustracciones violentas; ha generado además un fenómeno masivo de desplazamiento forzado. Diversos organismos empresariales, agrupaciones civiles y observadores territoriales estiman que cerca de ochenta mil pobladores han abandonado sus comunidades para huir de las balaceras, los cobros de piso, la quema de propiedades y el reclutamiento forzado.
Localidades rurales y asentamientos enteros en la sierra y los valles agrícolas han quedado semivacíos, convertidos en pueblos fantasma donde la actividad económica formal se ha desplomado y decenas de negocios han tenido que bajar sus cortinas definitivamente.
Geográficamente, el mapa del conflicto ubica a Culiacán como el epicentro ineludible de las hostilidades. La capital sinaloense concentra la mayor densidad de homicidios, enfrentamientos nocturnos, bloqueos de vialidades y quema de vehículos.
Sin embargo, la violencia se ha ramificado con fuerza hacia otros municipios clave. Navolato y Mazatlán registran constantes episodios de alto impacto, mientras que demarcaciones rurales como Elota, Concordia, San Ignacio, Cosalá, Escuinapa y los altos de Badiraguato sufren la incursión constante de células armadas que disputan brechas, rutas de trasiego y núcleos de producción.
Ante esta profunda crisis de seguridad, el Gobierno de la República ha desplegado una estrategia de contención focalizada con un contingente militar que supera los trece mil elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en el estado. La respuesta federal se ha centrado en patrullajes de disuasión, labores de inteligencia táctica, instalación de puestos de control en arterias viales y operaciones especiales contra los objetivos prioritarios de ambas facciones criminales.
En el contexto del repunte violento más reciente, la Secretaría de Marina puso en marcha la denominada Operación Sable, un despliegue operativo que involucra a más de mil setecientos efectivos navales concentrados en Mazatlán y las zonas costeras del sur del estado con la encomienda de neutralizar la infraestructura logística de las bandas armadas y devolver la tranquilidad a la población.
A pesar del despliegue masivo de tropas y los constantes anuncios de refuerzos militares, Sinaloa permanece inmersa en un desgaste continuo. La guerra entre Chapos y Mayos ha demostrado una capacidad de reorganización que desafía la presencia de las instituciones de seguridad pública. En el plano social, la población civil intenta mantener una aparente normalidad entre el temor de quedar atrapada en un fuego cruzado y el anhelo de recuperar la tranquilidad que la violencia les arrebató.
El profundo impacto económico
El costo económico de la conflagración en Sinaloa ha sido devastador para el tejido social y empresarial, paralizando sectores clave que históricamente sostuvieron el desarrollo de la entidad. La paralización del comercio en la zona centro y sur del estado, motivada por los toques de queda de facto y el riesgo latente en carreteras, ha provocado la quiebra o el cierre temporal de miles de pequeños y medianos negocios. Sectores como el turístico en Mazatlán, la agricultura en el valle de Culiacán y la gastronomía local sufrieron caídas drásticas en sus ingresos, generando una pérdida masiva de empleos formales y la cancelación de inversiones clave.
El constante secuestro de transporte de carga y la quiebra de rutas logísticas terminaron por encarecer los insumos básicos, sumiendo a familias enteras en la precariedad financiera mientras intentan sobrevivir en medio del conflicto.
En el mapa geográfico, la guerra no se limita a un frente único, sino que se fragmenta en corredores estratégicos a lo largo del territorio sinaloense. Culiacán funge como la trinchera central y disputada, donde la división de colonias y sindicaturas determina las zonas de control y patrullaje de las distintas facciones. Hacia el sur, municipios como Elota, San Ignacio, Concordia y Mazatlán representan un corredor vital de movilidad costera y logística marítima, convirtiéndose en escenarios de violentas emboscadas y bloqueos sobre la autopista del Pacífico.
En la franja serrana que abarca Badiraguato y Cosalá, la disputa se centra en los accesos al Triángulo Dorado y las rutas históricas de ocultamiento y producción, mientras que, en el poniente, la zona agrícola de Navolato sufre constantes incursiones que ahuyentan la mano de obra del campo.
