Por. J. Jesús Lemus
En los pasillos del poder judicial y de inteligencia en Washington se ha comenzado a tejer una red de investigaciones que apunta directo a la cúpula política de varias entidades clave de México.
Lo que comenzó como expedientes aislados sobre el tráfico ilícito de combustibles a gran escala, conocido como huachicol fiscal, ha derivado en un escrutinio minucioso que vincula las arcas públicas, el crimen organizado y el contrabando transfronterizo de hidrocarburos.
Para comprender la magnitud de lo que hoy rodea a mandatarios del Pacífico y del norte de México, es indispensable revisar el caso de Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California.
La gobernadora bajacaliforniana se colocó en el centro de la tormenta mediática y política tras la difusión de grabaciones en las que se le escucha dialogar con presuntos agentes e intermediarios de agencias de inteligencia de Estados Unidos, entre ellas la Oficina Federal de Investigación y el Departamento de Seguridad Nacional.
Las conversaciones revelan la inquietud de la mandataria ante eventuales acusaciones formales o requerimientos de extradición por parte de las autoridades estadounidenses, en el marco de las indagatorias que involucran tanto a su entorno cercano como al entramado de importación ilegal de diésel y gasolina.
La búsqueda de acuerdos o la disponibilidad de ofrecer información estratégica a cambio de inmunidad ha abierto una grieta profunda en la relación política regional y sirve como antecedente directo para medir la presión que Washington ejerce sobre otros gobiernos estatales.
Con la lupa en Michoacán, Colima y Sonora
Bajo ese mismo reflector de las agencias de justicia norteamericanas emergen los nombres de Alfonso Durazo Montaño en Sonora, Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán e Indira Vizcaíno Silva en Colima.
En el estado de Sonora, Alfonso Durazo ocupa una posición de alto valor estratégico geopolítico por su extensa frontera con Arizona.
Investigaciones y reportes periodísticos señalan que las agencias estadounidenses siguen la pista a los corredores del crimen organizado que operan entre Sonora y el norte del país, donde el tráfico de drogas sintéticas se entrelaza con el negocio ilegal de los hidrocarburos.
La gestión sonorense enfrenta señalamientos por la persistente presencia y dominio territorial de facciones del narcotráfico que controlan carreteras, aduanas y puertos de entrada, lugares clave por donde fluye el combustible sin declarar que alimenta a las estructuras criminales.
En el caso de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla administra un territorio convulso donde las agrupaciones delictivas locales e influencias del Cártel Jalisco Nueva Generación disputan con ferocidad el control económico y territorial.
Los expedientes abiertos del otro lado de la frontera indagan cómo el puerto de Lázaro Cárdenas y las principales vías de comunicación del estado han servido como rutas para el ingreso de químicos precursores y el desembarco o traslado de hidrocarburos robados.
Las acusaciones que salpican la administración estatal sugieren la omisión deliberada o la protección institucional que habría permitido a estas células diversificar sus fuentes de financiamiento, pasando del narcotráfico tradicional a la extorsión agrícola y la comercialización clandestina de energía.
Por su parte, en Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno está al frente de una de las puertas de entrada más codiciadas de América Latina, el puerto de Manzanillo.
Investigadores de seguridad nacional en Estados Unidos centran su atención en la infraestructura portuaria colimense, considerada la arteria principal para el contrabando de combustible a gran escala e insumos químicos.
El incremento dramático de los índices de violencia en Colima responde a la guerra por el control del recinto portuario, donde la red del huachicol fiscal habría operado con la complicidad o tolerancia de mandos locales, constituyendo una fuente multimillonaria de recursos que hoy forma parte de las carpetas de investigación transfronterizas.
El cerco judicial e informativo que se expande desde Estados Unidos amenaza con dinamitar las dinámicas políticas en estos tres estados. Mientras las indagatorias continúan acumulando testimonios y rastreos financieros, los gobernadores aludidos permanecen bajo una severa vigilancia que trasciende las fronteras nacionales.
