Por. J. Jesús Lemus
La madrugada del 2 de junio de 2026, el municipio veracruzano de Nanchital se convirtió en el escenario de una brutalidad grabada en tiempo real. Un comando de hombres armados irrumpió en la vivienda de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora y directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste.
A marrazos y martillazos rompieron los accesos, sometieron a su familia entre gritos de auxilio y se llevaron a la periodista tras golpearla en su propio hogar.
La angustia de un mes de búsqueda a ciegas culminó en los primeros días de julio, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo de sus restos mortales en la región sur de la entidad, consumando un crimen más contra la libertad de expresión en uno de los territorios más letales para ejercer el periodismo.
Sin avances sustanciales
Hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha reportado la detención de al menos ocho personas presuntamente vinculadas con el secuestro y posterior homicidio de la comunicadora.
Entre los aprehendidos figuran presuntos operadores del crimen organizado conocidos en el expediente institucional bajo los alias de Delta Siete y Delta Uno, junto con otros supuestos ejecutores materiales.
Sin embargo, el dato que reviste la mayor gravedad institucional es la implicación directa de cuatro policías municipales de la zona, una circunstancia que corrobora los señalamientos de diversos colectivos sobre la persistencia de esquemas de desaparición forzada mediante la colusión entre corporaciones locales y la delincuencia organizada.
A pesar de esta constante exhibición mediática de capturados, el expediente padece un vacío estructural insostenible. Con casi una decena de personas tras las rejas, ninguna de las líneas de investigación presentadas por la fiscalía detalla o esclarece el móvil del asesinato.
Las autoridades no han querido ni sabido responder a la pregunta fundamental de este caso: por qué mataron a Roxana Guzmán. Esta ausencia absoluta de explicaciones sobre la causa raíz del crimen proyecta la imagen de una justicia de utilería.
La presentación periódica de detenidos parece obedecer más a un montaje coordinado para contener el escándalo y dar una falsa apariencia de eficacia, mientras las verdaderas razones y la identidad de los autores intelectuales permanecen resguardadas en la más absoluta impunidad.
El manejo de esta tragedia ha generado un severo desgaste e irreparable descrédito para el gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle García. Las imprecisiones iniciales y la prisa institucional por desvincular el secuestro de la actividad informativa de la comunicadora desataron la indignación de la familia de la víctima y de los organismos internacionales de derechos humanos.
Pretender restar importancia al trabajo periodístico como causa del ataque, sumado al hermetismo con el que la administración estatal procesa el caso, deja al descubierto la falta de garantías para la prensa y la debilidad de las instituciones locales.
Presentar sospechosos sin explicar el motivo del crimen no resuelve el homicidio de una periodista, solo confirma la construcción de un expediente diseñado para cerrar el expediente político, mas no para hacer justicia.
