Por. J. Jesús Lemus
En las entrañas de las sierras, las selvas y los valles de México, millones de personas habitan un país paralelo donde el Estado se desdibuja y la supervivencia es una batalla diaria.
La realidad de los pueblos originarios en la actualidad no se reduce únicamente a la preservación de lenguas milenarias o rituales ancestrales; se trata de una profunda crisis humanitaria articulada por la violencia del crimen organizado, la expansión desmedida de proyectos extractivos y una pobreza estructural que perpetúa la exclusión.
Desde las barrancas del norte hasta los límites fronterizos del sur, las comunidades autóctonas enfrentan una presión sin precedentes que amenaza su tejido social y su permanencia en los territorios ancestrales.
El mapa de la violencia y el despojo se ha extendido por toda la geografía mexicana con dinámicas devastadoras. En el norte del país, la Sierra Tarahumara en Chihuahua representa uno de los escenarios más dramáticos. Allí, el pueblo rarámuri y los tepehuanes atestiguan cómo grupos delictivos disputan no solo las rutas del narcotráfico, sino el control absoluto de los bienes naturales.
La tala ilegal desmedida, la minería de extracción desregulada y el acaparamiento del agua han desplazado a comunidades enteras. Las familias son forzadas a abandonar sus viviendas, tierras y cosechas bajo la amenaza de las armas, transformándose en desplazados internos que terminan vagando en las periferias urbanas sin garantías ni alimentos.
Situaciones semejantes se replican en Sonora con la nación yaqui, donde la defensa histórica del agua y de la autonomía territorial se salda con la desaparición y el asesinato sistemático de sus líderes y defensores comunitarios.
Al desplazarse hacia el occidente y las costas del Pacífico, el panorama adquiere matices de control territorial total por parte del crimen organizado. En Michoacán, las comunidades purépechas y nahuas luchan en varios frentes simultáneos.
Por un lado, la presión de la agricultura comercial, como el monocultivo de aguacate y las huertas intensivas, ha propiciado la deforestación criminal de bosques sagrados y la contaminación de acuíferos.
Por otro lado, los grupos armados imponen cobros de cuotas, extorsiones directas e infiltración en la vida comunitaria. Frente al vacío institucional, poblaciones como Cherán u Ostula han intentado estructurar rondas comunitarias y esquemas de autodefensa, pero el costo humano es altísimo, pagado con atentados con drones, emboscadas y el asedio constante a sus autoridades tradicionales.
En la zona centro y sur de la república, las condiciones de vulnerabilidad se intensifican al cruzarse con índices extremos de marginación. Los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas concentran los mayores porcentajes de población indígena en pobreza multidimensional.
En las montañas de Guerrero, entre las comunidades nahuas, me’phaa y na’savi, la falta de infraestructura médica básica, la desnutrición infantil endémica y la escasez de escuelas se combinan con la presencia de carteles que obligan a los jóvenes al reclutamiento forzado o al cultivo de enervantes.
En Oaxaca, los conflictos agrarios intercomunitarios, históricamente desatendidos por las autoridades, son instrumentalizados por poderes caciquiles y grupos armados para apropiarse de bosques, minas y cauces de ríos.
El caso de Chiapas refleja uno de los puntos más críticos del momento actual. Las regiones de los Altos, la Selva Lacandona y la frontera sur se han convertido en un campo de batalla directo entre grandes organizaciones criminales que disputan el tráfico de personas, drogas y armas.
Las comunidades mayas, entre ellas tzotziles, tzeltales y tojolabales, sufren bloqueos de caminos, desabasto de insumos básicos y agresiones armadas continuas que obligan a miles de personas a refugiarse en las montañas o cruzar las fronteras internacionales.
La estructura comunitaria construida durante décadas por organizaciones sociales y movimientos de autonomía civil se halla bajo un acoso persistente que resquebraja la vida cotidiana y paraliza la economía local.
A nivel social y económico, el rezago histórico se manifiesta en indicadores alarmantes que condicionan el desarrollo de las infancias y familias indígenas en todo el territorio nacional. El acceso a la salud especializada es casi inexistente en las regiones originarias, obligando a los enfermos a trasladarse durante horas por caminos de terracería hacia hospitales saturados en las capitales.
El sistema educativo público en estas zonas padece un desabasto crónico de maestros bilingües, infraestructura digna y materiales didácticos adaptados a sus lenguas maternas.
Esta cadena de privaciones perpetúa un ciclo de exclusión en el que la migración hacia los campos agrícolas del norte o hacia Estados Unidos surge como la única alternativa viable de supervivencia, aun cuando implica enfrentar discriminación laboral y violencia en los trayectos.
Frente a esta coyuntura, la demanda de los pueblos originarios trasciende la mera entrega de apoyos asistenciales o programas de transferencia monetaria.
La exigencia central de las autoridades comunitarias y defensores de derechos humanos apunta al reconocimiento pleno de su personalidad jurídica como sujetos de derecho público, la titulación y protección efectiva de sus tierras ancestrales, y la consulta previa, libre e informada ante cualquier megaproyecto o concesión extractiva.
Sin la restauración de la seguridad en sus territorios y el cese de la impunidad con la que operan los grupos delictivos y las redes de despojo, la brecha de desigualdad continuará profundizándose, poniendo en riesgo la pervivencia misma de la diversidad cultural y social de la nación.
