Por. J. Jesús Lemus
El periodismo en México continúa desarrollándose en uno de los entornos más hostiles y violentos del mundo. En la zona norte del estado de Veracruz, la violencia sistemática contra los trabajadores de la comunicación volvió a registrar un capítulo alarmante tras la privación ilegal de la libertad del periodista y asesinato de Elí Martínez, reportero enfocado en la fuente policiaca en el municipio de Poza Rica.
El comunicador fue interceptado por un grupo armado cuando realizaba coberturas en la colonia 27 de Septiembre, en un ataque donde su compañero reportero Raymundo Perdomo logró huir y resguardarse.
Tras 12 horas de incertidumbre, angustia y de un operativo de búsqueda desplegado por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y fuerzas del orden, Martínez fue localizado con vida.
Su hallazgo bajo resguardo de las autoridades trajo alivio a la comunidad periodística local, pero también reactivó la exigencia de garantías mínimas para ejercer el oficio en una región donde la cobertura informativa se ha convertido en una labor de alto riesgo.
El de Sheinbaum, un sexenio de terror
Para dimensionar el escenario actual, este hecho no representa un episodio aislado, sino que se enmarca dentro de una crisis nacional de violencia que azota al gremio informativo.
Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, iniciada en octubre de 2024, se han registrado más de una docena de asesinatos de periodistas en distintas entidades del país.
Nombres como Mauricio Cruz Solís en Michoacán, Calletano de Jesús Guerrero en el Estado de México, Alex Serna en Guerrero y Roxana Guzmán Ramírez en Veracruz reflejan la vulnerabilidad extrema del ejercicio periodístico en México.
A pesar de los discursos oficiales de justicia y de los cambios institucionales a nivel federal, las agresiones mortales y la impunidad en los crímenes contra comunicadores continúan siendo un patrón constante que sofoca la libertad de prensa.
Amenazas de muerte, la constante en Veracruz
Dentro de esta geografía del riesgo, la entidad veracruzana ratifica su posición histórica como el estado más peligroso para ejercer el periodismo en la República Mexicana.
Durante la actual gestión gubernamental encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, el panorama de seguridad para los comunicadores ha mostrado un deterioro continuo.
Municipios como Poza Rica, Minatitlán, Pánuco y Nanchital se han transformado en puntos rojos donde la violencia armada impone la censura a punta de pistola, cobrándose vidas y provocando la desaparición forzada de reporteros.
La causa fundamental atribuida a este clima de inseguridad radica en la fuerte presencia y operatividad de organizaciones de la delincuencia organizada en la entidad, entre las que destaca el llamado Grupo Sombra o la Mafia Veracruzana.
Se ha señalado persistentemente la falta de contención efectiva por parte del gobierno estatal frente a la expansión de este tipo de agrupaciones, así como la supuesta colusión o inacción de autoridades locales en diversas estructuras institucionales.
El Grupo Sombra ha sembrado un clima de terror mediante amenazas directas, extorsiones y agresiones armadas hacia profesionales de la comunicación que documentan la nota roja o abordan temas de seguridad.
La aparente permisividad gubernamental y las fallas estructurales en los mecanismos de protección estatal han dejado a los reporteros a merced de los poderes fácticos criminales que disputan el control del territorio.
El caso de Elí Martínez es un recordatorio urgente del estado de indefensión en el que laboran los reporteros de nota roja en Veracruz. La suma de una estrategia de seguridad estatal cuestionada, la penetración de carteles como el Grupo Sombra y una cifra nacional de bajas periodísticas que no cesa de aumentar, mantienen a la prensa veracruzana atrapada entre el silencio forzado y el riesgo constante de perder la vida por informar.
