Por. J. Jesús Lemus
El debate en torno a la soberanía energética en México ha tomado un giro determinante con el impulso a la explotación de reservas no convencionales de gas natural y petróleo a través de técnicas de fracturación hidráulica o Fracking.
La administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha estructurado una estrategia orientada a disminuir la dependencia de las importaciones de gas provenientes de Estados Unidos, un insumo del que México importa cerca del 75 por ciento de su consumo nacional.
Para alcanzar la meta de producción proyectada en cinco mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, el Gobierno de la República ha diseñado un modelo de inversión mixta que busca atraer capital privado e Inversión Extranjera Directa manteniendo la rectoría del Estado a través de Petróleos Mexicanos.
Esta política energética contempla la creación de instrumentos financieros y fideicomisos mixtos que permiten a corporaciones multinacionales y firmas nacionales aportar capital, tecnología de punta y capacidad operativa en cuencas de recursos no convencionales, especialmente en reservorios de lutitas y esquisto.
Aunque el discurso gubernamental evita en ocasiones la denominación explícita del Fracking por razones de impacto político y ambiental, los proyectos técnicos para la extracción en formaciones de baja permeabilidad en el norte y oriente del país requieren de estimulación hidráulica masiva y perforación horizontal para ser viables económicamente.
Las expectativas de apertura e incentivos de coinversión han posicionado a diversas corporaciones globales entre las principales interesadas en participar en este nuevo esquema de desarrollo energético.
Empresas alzan la mano
Entre las empresas trasnacionales de perfil internacional y grande escala que han manifestado interés estratégico, preparado proyectos de exploración o participado en la evaluación de áreas no convencionales en México, destacan gigantes mundiales como ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell, BP y TotalEnergies.
Estas compañías poseen vasta experiencia operativa en cuencas análogas de Estados Unidos como Permian y Eagle Ford, lo que las coloca en una posición de vanguardia para la eventual transferencia tecnológica hacia las formaciones mexicanas.
A esta lista de actores internacionales interesados en las convocatorias de contratos mixtos y alianzas con la empresa productiva del Estado se suman firmas de servicios petroleros globales y operadoras especializadas de la talla de Halliburton, SLB (anteriormente Schlumberger), Baker Hughes, Weatherford International, Repsol, Eni, Equinor, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), Harbour Energy, Woodside Energy, Pan American Energy, Tecpetrol y Nabors Industries.
La aportación de estas corporaciones resulta indispensable para la ejecución de perforaciones horizontales de gran longitud y la gestión de fluidos de fracturación a alta presión.
En el mapa operativo actual del país, la presencia de empresas trasnacionales y consorcios privados ya es una realidad consolidada en las cuencas del noreste y la Costa del Golfo, abarcando los estados de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León y Coahuila.
A través de las rondas de licitación previas, contratos de servicios integrales y los recientes contratos mixtos adjudicados por Petróleos Mexicanos, un nutrido grupo de compañías mantiene operaciones de exploración, extracción y mantenimiento en campos tanto convencionales como no convencionales.
Brazos abiertos a las extractivas
Entre las firmas operadoras y de servicios con presencia activa en dichas entidades federativas se encuentra Eni, de origen italiano, con una participación muy sólida en las costas y cuencas del Golfo de México; la hispano-argentina Repsol, con bloques de exploración en el norte del país; la británica Harbour Energy, que absorbió los activos continentales y marinos de Wintershall Dea en territorio veracruzano; la anglo-holandesa Shell, con áreas de evaluación geológica en la Cuenca de Burgos; y la compañía australiana Woodside Energy, que encabeza el desarrollo en aguas profundas frente a las costas de Tamaulipas en el campo Trion.
Asimismo, operan activamente en la región norte corporaciones como la norteamericana Jaguar E&P, una de las principales productoras privadas de gas natural terrestre en bloques de Tamaulipas y Nuevo León; la empresa de capital argentino Tecpetrol, con fuerte presencia operativa en la Cuenca de Burgos en el estado de Tamaulipas; Pan American Energy, que ejecuta trabajos de optimización de producción en Veracruz; y la operadora canadiense Renaissance Oil Corp, enfocada en la maduración de campos terrestres en el bloque Tampico-Misantla.
En el ámbito de la infraestructura y desarrollo de campos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz operan también consorcios como Tonalli Energía, fruto de la alianza entre la mexicana Idesa y la canadiense International Frontier Resources; la mexicana PetroBal, participante en bloques de la cuenca del Golfo; la empresa Carso Oil & Gas, propiedad del Grupo Carso, con asignaciones territoriales para la extracción de hidrocarburos terrestres; Grupo México Transportes y Servicios Petroleros, concentrado en infraestructura energética continental; así como Diavaz, pionera en la administración de campos maduros en el norte del país.
Completan la lista de empresas con operaciones clave o alianzas estratégicas vigentes en estos cuatro estados la firma Geolis, adjudicataria de contratos mixtos para el desarrollo de gas natural en el campo Cuervito en la Cuenca de Burgos; el Consorcio Petrolero 5M del Golfo, encargado de la extracción en el campo Tamaulipas-Constituciones y Sini-Caparroso; CESIGSA Recursos Petroleros, especializada en optimización de pozos en el terciario veracruzano; Petrolera Miahuapan, orientada a la extracción de crudo y gas en áreas terrestres; además de las trasnacionales de tecnología y perforación Halliburton, SLB, Baker Hughes y Weatherford, cuyas divisiones operativas suministran los equipos de fracturamiento, trépanos y productos químicos esenciales para el mantenimiento de la red de pozos en toda la franja del noreste mexicano.
El despliegue de esta estrategia financiera y operativa por parte del Gobierno Federal busca equilibrar la necesidad apremiante de soberanía en el suministro de gas natural para la industria eléctrica y manufacturera nacional con los esquemas de captación de capital privado.
La reactivación de estas cuencas del norte mediante alianzas entre Petróleos Mexicanos y la iniciativa privada definirá la balanza energética de México para los próximos años, en medio de un continuo escrutinio sobre el equilibrio entre la rentabilidad económica y el impacto ambiental de las técnicas de extracción.
