Por. J. Jesús Lemus
Al cumplirse dos años del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ocho años de la consolidación del proyecto político de la Cuarta Transformación en el Poder Ejecutivo, el ejercicio periodístico de rendición de cuentas exige mirar más allá de los discursos oficiales.
Si bien el discurso gubernamental insiste en la continuidad del bienestar y la austeridad, la realidad nacional expone fracturas estructurales que continúan afectando la vida cotidiana de millones de ciudadanos. A continuación, un análisis detallado de veinte asignaturas pendientes donde la respuesta del Estado ha resultado insuficiente ante el reclamo social, detonando una creciente decepción en diversos sectores del país.
La persistencia de la violencia violenta y la crisis de control territorial
A pesar de los ajustes en la narrativa oficial y la reestructuración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, grandes regiones de la geografía nacional continúan bajo el control fáctico de organizaciones criminales. El cobro de piso, la extorsión sistemática a pequeños comerciantes y las disputas territoriales armadas han dejado de ser eventos aislados para convertirse en la norma de convivencia en amplios municipios. La promesa de pacificar el país atendiendo las causas no ha logrado desmantelar la capacidad operativa ni financiera de los grupos delictivos.
La ciudadanía percibe que las fuerzas federales actúan a menudo como observadoras o en labores puramente disuasivas, sin una estrategia frontal de captura e inteligencia preventiva que desarticule el crimen organizado. Esta inacción ha llevado a que comunidades enteras vivan bajo el yugo de fronteras invisibles impuestas por las bandas locales, mermando el desarrollo económico local y minando la confianza institucional. La impunidad con la que se despliegan estos grupos evidencia la incapacidad del aparato gubernamental para restablecer el orden público.
El sentimiento de indefensión ha provocado el desplazamiento forzado interno en estados afectados, dejando pueblos fantasma y familias despojadas de sus bienes. La falta de presencia estatal efectiva en los momentos críticos refuerza la idea de que la soberanía de la nación está seriamente comprometida en el ámbito local. La ciudadanía exige respuestas tangibles que trasciendan las cifras diarias presentadas en los informes matutinos.
Por otra parte, la coordinación entre corporaciones locales, estatales y federales sigue enfrentando fallas operativas desgastantes y celos institucionales. La Guardia Nacional, aun con mayor presencia física, carece en muchas zonas del conocimiento del terreno y la empatía comunitaria indispensable para construir inteligencia social. Esta desconexión impide anticiparse a las masacres o enfrentamientos urbanos que paralizan la vida civil.
En última instancia, el estancamiento de los índices de homicidios y la expansión de delitos de alto impacto demuestran que la estrategia de seguridad heredada y continuada no ha dado el viraje necesario. La falta de resultados contundentes en este rubro representa la herida más abierta de la administración actual, provocando una severa desilusión entre quienes esperaban un cambio radical en la pacificación del país.
Desabasto de medicamentos y la crisis persistente del sistema público de salud
El compromiso histórico de garantizar un sistema de salud universal, gratuito y con abasto pleno de insumos continúa como una meta lejana. A pesar de las reestructuraciones administrativas e institucionales para centralizar la atención médica a través de IMSS-Bienestar, las farmacias del sector público sufren interrupciones continuas en el suministro de medicamentos básicos, especializados y tratamientos oncológicos. Pacientes con enfermedades crónicas deben costear de sus propios recursos recetas que el Estado está obligado a proveer.
La transición burocrática entre los modelos anteriores y el actual ha generado vacíos operativos que devienen en la cancelación de cirugías programadas, la falta de reactivos en laboratorios y el deterioro de los equipos médicos. Médicos y enfermeras trabajan bajo condiciones de precariedad insumo-material, viéndose obligados a dar la cara ante la frustración de la derechohabiencia. La comunicación oficial intenta minimizar el problema reduciéndolo a fallas en la distribución, pero en la práctica se trata de una falla sistémica en la cadena de consolidada de compras.
Las familias mexicanas de menores ingresos destinan una parte desproporcionada de sus presupuestos para adquirir insumos tan elementales como gasas, jeringas o medicamentos de primera línea en farmacias privadas. Esta realidad contraviene el principio básico de gratuidad y cobertura universal promovido por el proyecto político gobernante. El impacto de esta carencia mina la economía popular que paradójicamente se buscaba proteger.
Las infraestructuras hospitalarias existentes padecen además un sobrecupo crónico y un desgaste por falta de mantenimiento adecuado en salas de urgencias y áreas de internamiento. Las largas esperas para consultas de especialidad o intervenciones quirúrgicas urgentes pueden prolongarse por meses, comprometiendo la calidad de vida y la supervivencia de los enfermos. La atención médica se ha vuelto un calvario logístico para los usuarios.
La decepción social en torno a la salud pública se profundiza ante la discrepancia entre las declaraciones formales de triunfo y las vivencias diarias en las salas de espera. La salud, lejos de consolidarse como un derecho plenamente garantizado, sigue operando bajo dinámicas de carencia que castigan a los sectores más vulnerables de la población.
La impunidad ante la tragedia de la desaparición forzada
México supera los cien mil registros de personas desaparecidas y no localizadas, una cifra desgarradora que se incrementa día con día sin que exista una respuesta institucional a la altura de la magnitud del problema. Las madres y familiares de las víctimas continúan realizando labores de búsqueda en fosas clandestinas con sus propios recursos, utilizando palas y varillas ante la omisión o lentitud de las fiscalías. El apoyo del Estado se percibe fracturado y subordinado a la contención del impacto político.
Las comisiones de búsqueda carecen del presupuesto, personal capacitado y respaldo político indispensable para realizar investigaciones científicas profundas y en tiempo real. La burocracia judicial ralentiza la identificación forense, provocando que miles de cuerpos permanezcan almacenados en servicios periciales o fosas comunes sin ser devueltos a sus familias. La promesa de priorizar la localización de los desaparecidos se ha diluido en una serie de confrontaciones por la actualización y depuración de los padrones oficiales.
El tratamiento mediático del problema por parte del Ejecutivo genera resentimiento en las organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, quienes acusan una minimización de la crisis para no empañar los indicadores de gestión. La falta de investigaciones exhaustivas que desarticulen las redes de complicidad entre autoridades locales y redes de trata o delincuencia organizada garantiza la repetición incesante del fenómeno.
Los avances en casos emblemáticos han sido escasos, manteniendo la sombra de la simulación sobre el desempeño de la administración. La impunidad casi absoluta en los casos de desaparición envía un mensaje de permisividad a los perpetradores, perpetuando el ciclo de violencia y duelo suspendido en miles de hogares.
Esta omisión del aparato estatal representa una de las mayores fallas éticas del gobierno. La frustración social crece a medida que el Estado demuestra más interés en el control narrativo de las cifras que en el despliegue de operativos eficientes para devolver la tranquilidad a los familiares.
La degradación de la infraestructura educativa pública
El sistema educativo nacional arrastra deficiencias estructurales graves en materia de infraestructura básica que no han sido atendidas de manera integral. Miles de escuelas en zonas rurales y periferias urbanas carecen de servicios fundamentales como agua potable, drenaje, energía eléctrica e internet de banda ancha. Las aulas improvisadas o en mal estado comprometen el aprendizaje de millones de niñas, niños y jóvenes, haciendo improbable la equidad educacional pregonada.
El modelo de transferencia directa de recursos para mantenimiento, aunque descentralizado, carece de mecanismos técnicos de fiscalización y asesoría arquitectónica que garanticen obras seguras y duraderas. Muchos centros escolares continúan funcionando con severas deficiencias estructurales acumuladas tras sismos u omisiones históricas, sin que la autoridad educativa intervenga de forma directa para garantizar estándares mínimos de calidad edilicia y seguridad estructural.
A la par de la precariedad física, la discusión sobre los planes de estudio y contenidos pedagógicos ha desplazado la prioridad de la alfabetización digital y la recuperación de aprendizajes clave. Los rezagos acumulados en áreas como matematicas y lectura no han sido objeto de un plan nacional de regularización urgente, limitando el horizonte formativo de las nuevas generaciones.
La condición laboral y de actualización continua del magisterio tampoco ha mostrado transformaciones sustanciales. Salvo los incrementos salariales de rigor, la formación docente carece de incentivos vinculados al desarrollo profesional pedagógico y a la incorporación de herramientas tecnológicas de vanguardia, dejando a los profesores solos frente a aulas masivas y con escasos insumos didácticos.
La educación pública, concebida histórica y políticamente como el gran movilizador social de México, se encuentra en un estado de estancamiento físico y pedagógico. Esta inacción estatal compromete el futuro competitivo del país y defrauda a las familias que confían en las aulas como vía de superación para sus hijos.
Opacidad y riesgo presupuestal en las megagobras de infraestructura
Las grandes obras prioritarias de infraestructura heredadas y continuadas durante la presente administración han superado con creces los presupuestos previstos originalmente, comprometiendo importantes sumas del gasto público. La falta de transparencia en la rendición de cuentas sobre los costos finales, la efectividad operativa y la rentabilidad financiera a largo plazo genera dudas razonables sobre la planeación y la eficiencia técnica de estas intervenciones urbanas y ferroviarias.
El argumento de la seguridad nacional para clasificar información clave sobre contratos, proveedores y evaluaciones ambientales sentó un precedente opaco que impide el escrutinio público independiente. Proyectos insignia operan con subsidios constantes del erario federal para mantener sus operaciones diarias, restando recursos vitales a áreas de alta prioridad social como la educación, la investigación científica y la atención médica primaria.
Los diagnósticos sobre el impacto ambiental y ecológico de estas obras han sido desplazados por la prisa de la entrega política, dejando secuelas acumuladas en ecosistemas frágiles, acuíferos y selvas. Las comunidades locales que en un principio respaldaron los proyectos enfrentan hoy distorsiones económicas, encarecimiento de la vida y daños colaterales a sus entornos comunitarios sin un plan de remediación efectivo por parte del Gobierno.
La fiscalización sobre posibles irregularidades o sobrecostos en la adjudicación directa de contratos ha sido deficiente. Los órganos internos de control no han actuado con la firmeza requerida para deslindar responsabilidades por retrasos y sobrecostos presupuestales que ascienden a miles de millones de pesos.
La gestión gubernamental de las obras públicas prioritarias deja un saldo de dudas sobre su impacto real en el desarrollo sostenible. La población observa cómo recursos financieros monumentales quedan comprometidos en proyectos deficitarios mientras las demandas cotidianas de infraestructura urbana básica continúan ignoradas.
La crisis hídrica nacional y el rezago en infraestructura hídrica
Gran parte del territorio mexicano atraviesa una crisis crónica de disponibilidad de agua que pone en riesgo el consumo humano, la soberanía alimentaria y el desarrollo industrial. La respuesta gubernamental frente al desabasto en grandes zonas metropolitanas y campos agrícolas ha sido eminentemente reactiva, carente de una política nacional de inversiones profundas en la red de distribución, tratamiento de aguas residuales y modernización del riego agrícola.
Las fugas en las redes de agua potable urbanas consumen hasta un cuarenta por ciento del flujo disponible sin que exista un programa federal masivo para la sustitución de tuberías obsoletas en los municipios más castigados. La falta de presupuesto asignado a la Comisión Nacional del Agua ha paralizado grandes proyectos de desalinización, captación pluvial y tecnificación de distritos de riego que podrían mitigar el estrés hídrico que aqueja a millones de habitantes.
La regulación y fiscalización sobre las grandes concesiones industriales y agropecuarias sigue marcada por la debilidad institucional. Mientras familias completas en colonias marginadas dependen de pipas costosas y escasas, sectores con alto consumo hídrico operan con escaso monitoreo sobre sus niveles de extracción, lo que genera acusaciones de inequidad social en el acceso al vital líquido.
El cambio climático ha acentuado la severidad de las sequías prolongadas, pero el Plan Nacional de Desarrollo no contempla una estrategia adaptativa con recursos financieros garantizados para hacer frente a esta emergencia. Las soluciones de corto plazo, como el envío temporal de camiones cisterna, resultan paliativos ineficaces ante un problema de proporciones catastróficas.
La inacción del Estado en el sector hídrico atenta contra un derecho humano básico y pone en jaque la viabilidad del crecimiento socioeconómico a mediano plazo. La falta de agua potable continua en los hogares es un factor constante de malestar social y protestas ciudadanas ignoradas.
La crisis de movilidad y el colapso del transporte público masivo
El transporte público en las principales áreas metropolitanas del país padece un deterioro estructural caracterizado por la obsolescencia de unidades, la falta de mantenimiento integral y la sobresaturación de sus capacidades. La inversión estatal en redes de transporte masivo sustentable, como trenes urbanos, metros o líneas de autobuses de tránsito rápido, ha sido insuficiente frente al crecimiento demográfico de las periferias, condenando a millones de trabajadores a perder hasta cuatro horas diarias en traslados.
Los incidentes operativos repetidos en los sistemas de metro y trenes de pasajeros evidencian una política de austeridad presupuestal mal entendida que afecta la conservación de instalaciones fijas, sistemas de señalización y parque vehicular. La percepción ciudadana de inseguridad y riesgo de accidentes al abordar el transporte público mina la confianza en la gestión gubernamental y perjudica desproporcionadamente a los sectores de menores ingresos.
La falta de una estrategia integral que regule y modernice el transporte concesionado o informal ha permitido que persistan unidades inseguras, contaminantes y con tarifas arbitrarias en los suburbios. Las mujeres, en particular, sufren índices preocupantes de acoso y violencia sexual durante sus desplazamientos cotidianos, sin que los protocolos o cámaras de vigilancia prometidos funcionen con efectividad real.
Por otro lado, el incentivo al uso del automóvil particular continúa aumentando debido a la mala calidad del servicio colectivo, alimentando la congestión vehicular y empeorando los niveles de contaminación del aire en las urbes. Las políticas de movilidad activa y ciclista se quedan en proyectos marginales o restringidos a zonas turísticas y de clase media alta.
El Estado ha fallado en garantizar el derecho a una Movilidad Segura, Eficiente y Digna. La saturación cotidiana del transporte es un recordatorio permanente de la brecha existente entre los compromisos de modernización urbana y las condiciones reales de traslado de la fuerza laboral.
Premura y opacidad en la implementación de la Reforma Judicial
La profunda reforma al Poder Judicial impulsada por la mayoría legislativa y respaldada por el Ejecutivo ha entrado en una fase de implementación marcada por el desorden operativo, la falta de certeza jurídica y la percepción de intromisión política. La promesa de democratizar la impartición de justicia mediante la elección popular de jueces y magistrados ha generado inquietud en la certidumbre de los procesos legales y en la protección de los derechos humanos frente a actos de autoridad.
El diseño del proceso electoral para ocupar cargos judiciales carece de filtros técnicos rigurosos que garanticen la idoneidad, independencia y alta especialización académica de los aspirantes. Existe un riesgo fundado de que la captación partidista o la influencia de intereses fácticos y económicos distorsionen la impartición de justicia, erosionando el principio fundamental de la separación de poderes que sostiene el Estado de Derecho.
La transición ha provocado la paralización de miles de expedientes en los juzgados y tribunales, dejando en la indefensión a ciudadanos comunes que buscan resoluciones sobre materia laboral, civil, familiar o mercantil. La falta de presupuesto asignado para liquidaciones, capacitación intensiva e infraestructura de los nuevos órganos de administración judicial amenaza con colapsar el ya saturado sistema de justicia.
Organizaciones internacionales, barras de abogados y entes de inversión privada han expresado su preocupación por la pérdida de certidumbre regulatoria y la vulneración de la carrera judicial como mecanismo de mérito profesional. Lejos de acercar la justicia al ciudadano de a pie, la precipitación en los cambios ha generado mayor incertidumbre sobre la neutralidad de los tribunales.
El Estado ha abierto un frente de inestabilidad institucional sin garantizar previamente un mecanismo eficiente para erradicar la corrupción en los ministerios públicos y fiscalías locales, donde realmente se gesta el cuello de botella de la impunidad. La reforma se percibe más como un ajuste de cuentas político que como una solución sustantiva a las carencias del justiciable.
La militarización del ámbito civil y la pérdida de control democrático
La entrega progresiva de tareas de administración pública, infraestructura civil, control de aduanas, puertos, aeropuertos y seguridad pública a las Fuerzas Armadas se ha consolidado en esta administración sin los contrapesos civiles necesarios. Esta tendencia a la militarización estructural del Estado mexicano compromete la naturaleza civil de las instituciones del país y reduce la rendición de cuentas sobre los recursos operados por los mandos castrenses.
Las Fuerzas Armadas disfrutan de regímenes especiales de excepción presupuestal y reserva de información por motivos de seguridad nacional, lo que imposibilita la auditoría ciudadana y el escrutinio de los contratos públicos que manejan. La concentración de poder económico y operativo en mandos militares crea una dependencia gubernamental riesgosa para la estabilidad democrática futura, donde las decisiones de política pública quedan condicionadas por la cúpula militar.
A pesar de contar con mayores atribuciones y presupuestos históricos, la presencia de tropas en las calles no ha derivado en la disminución esperada de los delitos de mayor impacto social ni ha detenido la violencia extrema en las regiones con mayores conflictos criminales. Por el contrario, proliferan las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y uso desproporcionado de la fuerza sin que existan investigaciones independientes sobre los elementos involucrados.
El debilitamiento deliberado de las corporaciones policiales civiles a nivel estatal y municipal ha dejado a las comunidades locales totalmente expuestas y dependientes del despliegue militar. La construcción de capacidades institucionales locales ha sido sustituida por el despliegue de la Guardia Nacional, una corporación cuya formación y mando responden a esquemas netamente castrenses.
El viraje hacia un modelo de gobernanza con fuerte impronta militar aleja al país de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y contrapesos democráticos. La sociedad observa con preocupación la normalización de la presencia militar en aspectos centrales de la vida económica y social.
Estancamiento de la inversión productiva y precarización laboral
Aunque los indicadores macroeconómicos exhiben estabilidad financiera formal y un nivel salarial mínimo nominal al alza, la economía real muestra síntomas claros de estancamiento productivo e informalidad estructural. Las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan la mayoría de los empleos en el país, carecen de apoyos gubernamentales en materia de incentivos fiscales, acceso a créditos accesibles o simplificación administrativa para sobrevivir en un entorno económico adverso.
El crecimiento del empleo se concentra abrumadoramente en el sector informal, donde más de la mitad de la población ocupada carece de seguridad social, aportaciones para el retiro, vacaciones pagadas o estabilidad contractual. El incremento al salario mínimo, aunque positivo, resulta neutralizado por la elevada inflación en los precios de la canasta básica de alimentos, mermando el poder adquisitivo real de las familias vulnerables.
La atracción de inversiones extranjeras bajo el esquema de relocalización de cadenas productivas no ha alcanzado el potencial proyectado debido a las deficiencias del país en materia de infraestructura energética limpia, abasto hídrico y certeza jurídica. Las empresas multinacionales encuentran frenos regulatorios e incertidumbre en las reglas del juego a largo plazo, desviando capitales hacia otros mercados emergentes.
Las políticas públicas de fomento económico han sido sustituidas casi por completo por la entrega de transferencias monetarias directas. Si bien estas ayudas otorgan un alivio temporal al gasto familiar, no generan capacidades productivas sostenibles, empleos de alta calificación técnica ni cadenas de valor locales que impulsen el desarrollo regional autónomo.
Existe una brecha creciente entre las expectativas de prosperidad integral y la precariedad cotidiana de millones de trabajadores. La falta de una política industrial moderna e incluyente condena a la economía nacional al bajo crecimiento y al empleo de supervivencia.
La crisis de la vivienda social y el encarecimiento de la vida urbana
El acceso a una vivienda digna y asequible para las nuevas generaciones y familias de trabajadores informales o de bajos ingresos se ha convertido en un problema crítico sin respuesta estatal coordinada. La especulación inmobiliaria, la gentrificación acelerada de las áreas centrales urbanas y la falta de oferta de vivienda de interés social han expulsado a los sectores populares hacia periferias lejanas, desprovistas de servicios básicos, escuelas y centros de trabajo.
Los organismos públicos encargados de la vivienda han reducido el otorgamiento de créditos para la adquisición de vivienda nueva, orientando sus esfuerzos principalmente al mejoramiento de estructuras existentes o la autoconstrucción. Esta estrategia, aunque útil en ciertos contextos rurales, resulta insuficiente para atender el enorme déficit habitacional de los jóvenes y trabajadores urbanos que no logran cubrir las elevadas rentas o precios comerciales del mercado libre.
La falta de regulación sobre las plataformas digitales de hospedaje turístico ha acelerado el desplazamiento de comunidades completas y el incremento desmedido en los costos del suelo, sin que las autoridades federales o locales impongan límites o esquemas de mitigación social. Vivir cerca de las fuentes de trabajo se ha transformado en un lujo inalcanzable para la mayoría de la fuerza laboral.
El desarrollo urbano desordenado en las periferias genera asentamientos irregulares expuestos a riesgos naturales como deslaves e inundaciones. El Estado no ha implementado un banco de suelo público ni programas masivos de vivienda social bien conectada que frenen la expansión caótica de las manchas urbanas.
La promesa de garantizar el derecho a la ciudad se ha quedado en el plano teórico. La ciudadanía enfrenta la imposibilidad de consolidar un patrimonio familiar seguro, sintiendo la ausencia de una política pública efectiva que frene la especulación inmobiliaria y promueva la equidad espacial.
La postergada transición energética y la dependencia de los combustibles fósiles
La política energética nacional continúa anclada en el rescate financiero y operativo de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad bajo un esquema de combustión de fósiles, relegando el desarrollo de energías limpias y renovables. A pesar de los compromisos internacionales de México para mitigar las emisiones de carbono, la inversión pública en proyectos eólicos, solares o geotérmicos se mantiene en niveles mínimos, priorizando el refinamiento de petróleo y la quema de combustóleo.
Las barreras regulatorias impuestas a la inversión privada en energías renovables han paralizado proyectos a gran escala que habrían reducido el costo de la generación eléctrica y disminuido la huella ambiental. Esta parálisis no solo frena el avance tecnológico del país, sino que amenaza con provocar cuellos de botella en el suministro eléctrico industrial y doméstico durante las temporadas de alta demanda de consumo.
Petróleos Mexicanos representa una pesada carga para las finanzas públicas debido a su abultada deuda financiera y sus pérdidas operativas recurrentes. Las transferencias multimillonarias del presupuesto federal para rescatar a la paraestatal restan margen de maniobra al Estado para financiar la infraestructura del siglo veintiuno, convirtiendo a Pemex en un barril sin fondo fiscal.
El impacto en la salud pública por la contaminación atmosférica generada por las refinerías y plantas termoeléctricas en distintas regiones es evidente, elevando las enfermedades respiratorias entre las poblaciones aledañas. La falta de una hoja de ruta creíble para la descarbonización de la economía sitúa a México a la saga de las tendencias energéticas globales.
La obstinación por mantener un modelo energético del siglo pasado defrauda a las generaciones jóvenes y a los sectores comprometidos con el desarrollo sustentable. La falta de un viraje definitivo hacia la transición verde constituye una omisión estratégica con costos económicos y ambientales incalculables.
Abandono del sector agropecuario y amenazas a la soberanía alimentaria
El campo mexicano enfrenta un abandono institucional profundo provocado por la eliminación de programas de fomento productivo, subsidios técnicos, seguros contra desastres naturales y esquemas de comercialización directa. Los pequeños y medianos productores agrícolas se encuentran indefensos ante los efectos destructivos de las sequías prolongadas, las plagas y el encarecimiento desmedido de los insumos y fertilizantes indispensables para la siembra.
El desmantelamiento de los apoyos gubernamentales a la producción a pequeña y gran escala ha provocado la caída en las cosechas de granos básicos como el maíz, el frijol y el trigo, aumentando la dependencia histórica del país de las importaciones de alimentos desde el extranjero. Esta situación vulnera la soberanía alimentaria y expone los precios de los productos de primera necesidad en los mercados nacionales a la volatilidad internacional.
A la precariedad económica de los agricultores se suma el control que ejercen los grupos de la delincuencia organizada sobre las cadenas de producción, empaque y distribución de alimentos en estados eminentemente agrícolas. El cobro de cuotas a los productores de aguacate, limón, grano y ganado incrementa drásticamente los costos finales al consumidor y ahoga las ganancias de los campesinos.
Los programas de transferencias directas al campo no sustituyen la necesidad de infraestructura de riego, maquinaria moderna, investigación científica agronómica y redes de almacenamiento seguro. La falta de una política integral para el desarrollo rural impulsa la migración del campo a las ciudades o hacia el extranjero, despoblando zonas productivas clave.
El campo no ha recibido la atención prioritaria requerida para asegurar la alimentación del país en condiciones dignas. Los productores sienten que el discurso de apoyo a los campesinos no se traduce en herramientas de desarrollo real ni en protección frente a la violencia.
El desmantelamiento de la ciencia, la tecnología y la cultura
La política nacional en los sectores de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la promoción cultural se ha visto seriamente afectada por recortes presupuestales, reformas normativas centralizadoras y una constante sospecha ideológica sobre la labor comunitaria de académicos y creadores. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías ha restringido becas de posgrado, cancelado apoyos a proyectos de investigación aplicada y generado un entorno de confrontación con la comunidad académica.
La reducción de recursos a centros públicos de investigación, universidades públicas y laboratorios de vanguardia frena el desarrollo de soluciones propias para problemas nacionales complejos en materia de salud, biotecnología, computación y medio ambiente. La fuga de cerebros de jóvenes científicos y tecnólogos que no encuentran oportunidades ni condiciones dignas de trabajo en el país se ha acelerado en los últimos años.
En el ámbito cultural, las instituciones sufren un ahogo presupuestal que impide el mantenimiento adecuado de zonas arqueológicas, museos, teatros y bibliotecas públicas. El presupuesto del sector se ha concentrado de manera desproporcionada en proyectos urbanos específicos en la capital del país, descuidando el tejido cultural comunitario en los estados y los estímulos a la creación artística independiente.
La precarización laboral de los trabajadores del arte, la restauración y la divulgación científica es generalizada. Los pagos atrasados, la contratación por honorarios sin prestaciones y la falta de insumos de trabajo son situaciones cotidianas en las dependencias federales y estatales del ramo.
El alejamiento entre el Estado y el sector del conocimiento y las artes deja un vacío profundo en el desarrollo intelectual del país. La falta de apuesta por la innovación y la cultura resta dinamismo al progreso nacional y desilusiona a la comunidad científica y artística.
Ineficacia de las políticas públicas frente a la violencia de género y feminicidios
La violencia contra las mujeres continúa como una emergencia nacional que no ha sido abordada con la prioridad ni los recursos requeridos. Las cifras de feminicidios, agresiones sexuales y violencia intrafamiliar se mantienen en niveles alarmantes, evidenciando el fracaso de las alertas de violencia de género y la falta de eficacia de las medidas cautelares y de protección emitidas por los ministerios públicos.
Los refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijos enfrentan incertidumbre presupuestal permanente y trabas burocráticas para acceder a fondos públicos federales, poniendo en riesgo la operación de espacios seguros que salvan vidas diariamente. La respuesta institucional tiende a la revictimización y al burocratismo, alejando a las denunciantes de las instancias de procuración de justicia.
La impunidad que rodea a los delitos de género alcanza niveles superiores al noventa por ciento, derivada de investigaciones deficientes, falta de perspectiva de género en las fiscalías y la escasez de personal capacitado para integrar carpetas de investigación sólidas. La falta de sentencias condenatorias firmes envía un mensaje de permisividad social hacia los agresores.
Las protestas y exigencias del movimiento feminista han recibido en múltiples ocasiones respuestas institucionales caracterizadas por el amurallamiento de sedes gubernamentales, la estigmatización de las manifestaciones y la descalificación del malestar social, atribuyéndolo a intereses políticos opuestos al gobierno.
El Estado no ha logrado garantizar el derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia. La falta de acciones contundentes para erradicar el feminicidio genera una honda indignación en la sociedad y fractura la relación del Ejecutivo con las nuevas generaciones de mujeres.
La opacidad institucional y el debilitamiento de la transparencia pública
La política de transparencia y acceso a la información pública ha sufrido un retroceso significativo mediante el debilitamiento, paralización o reforma de los órganos autónomos encargados de garantizar este derecho. La narrativa de la austeridad y la eliminación de la burocracia se ha utilizado como justificación para reducir la fiscalización sobre las compras gubernamentales, las asignaciones directas de contratos e información sobre la gestión pública.
El uso desmedido de la adjudicación directa en la compra de bienes y la contratación de obras públicas por parte de las dependencias federales se ha consolidado como la regla general y no como la excepción. Esta práctica limita la competencia, impide conocer las mejores condiciones de precio y calidad para el Estado y abre la puerta a dinámicas de nepotismo y corrupción administrativa.
El acceso a las bases de datos abiertas del gobierno se ha deteriorado, presentando inconsistencias, falta de actualización o la reserva discrecional de información estratégica bajo causales ambiguas de seguridad nacional. Los ciudadanos y periodistas encuentran cada vez mayores barreras para documentar el uso de los recursos públicos y evaluar el cumplimiento de las metas gubernamentales.
Las denuncias sobre presuntos actos de corrupción o malversación de fondos en la administración actual rara vez derivan en investigaciones independientes o sanciones penales a funcionarios de alto nivel. La justicia administrativa se percibe selectiva, perdonando faltas internas mientras persigue administrativamente a adversarios políticos o exfuncionarios.
La erosión del principio de máxima publicidad atenta contra el derecho ciudadano a saber y a vigilar el ejercicio del poder. La falta de contrapesos y de una fiscalización rigurosa empaña el discurso de honestidad radical promovido por el proyecto político.
Desatención e ineficacia en la gestión del fenómeno migratorio
La política migratoria del Estado mexicano ha estado marcada por la contradicción entre el discurso de defensa de los derechos humanos de los migrantes y las acciones operativas de contención, retención y deportación implementadas en las fronteras sur y norte. México ha asumido de facto el rol de barrera de contención para contener los flujos migratorios procedentes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe hacia Estados Unidos.
El despliegue de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración en las rutas de tránsito ha derivado en frecuentes denuncias de abusos, extorsiones y violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes. Las estaciones migratorias operan en condiciones de hacinamiento e insalubridad que contravienen los tratados internacionales suscritos por el país, convirtiéndose en centros de detención punitivos.
Las ciudades fronterizas mexicanas sufren una presión social y económica extrema al albergar a decenas de miles de personas varadas a la espera de citas de asilo o deportadas desde el norte. La falta de un presupuesto federal extraordinario para apoyar a los municipios fronterizos en la atención médica, albergue y alimentación de la población migrante recarga la atención en albergues de la sociedad civil y la Iglesia.
El combate a las redes de tráfico de personas que operan con la complicidad de autoridades locales de tránsito y seguridad no ha dado resultados significativos. Los migrantes continúan siendo víctimas de secuestros masivos, extorsión por parte del crimen organizado y accidentes fatales en transportes de carga inseguros.
La inacción para construir una política migratoria soberana, humanitaria e integral expone a miles de personas a condiciones inhumanas. La gestión del problema se percibe como una subordinación operativa a las presiones políticas de Washington.
Abandono de la protección ambiental y desprotección a defensores de la tierra
La agenda ambiental y de conservación ecológica ha quedado supeditada a las prioridades del desarrollo de infraestructura pesada y la extracción extractivista de recursos. La Secretaría de Medio Ambiente y sus órganos desconcentrados operan con presupuestos diezmados que imposibilitan la inspección, vigilancia y sanción de delitos ambientales como la tala clandestina, la contaminación de ríos y la minería ilegal en áreas naturales protegidas.
México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del activismo ambiental y la defensa del territorio indígena y comunitario. Decenas de defensores del medio ambiente, líderes comunitarios y defensores del agua han sido asesinados o desaparecidos por oponerse a megaproyectos, la tala ilegal o la desposesión de sus tierras, sin que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos cuente con los recursos ni el personal para garantizar su integridad.
La política de reforestación a través de programas sociales de siembra ha carecido de una evaluación técnica rigurosa sobre sus impactos ecológicos reales. En diversas regiones se han denunciado deforestaciones previas para ingresar al cobro de subsidios, provocando la pérdida de biodiversidad en bosques nativos sin garantizar la supervivencia de los nuevos árboles plantados.
La gestión de los residuos sólidos urbanos y peligrosos no cuenta con un marco de economía circular a nivel federal que apoye a los municipios en la clausura de basureros a cielo abierto que contaminan mantos freáticos y aire. Las emisiones de contaminantes de las industrias del Estado continúan sin controles estrictos de mitigación.
La brecha entre la retórica de amor a la tierra y la devastación ecológica permitida desilusiona a las organizaciones ambientalistas. El país avanza en sentido contrario a las exigencias globales de protección del capital natural.
El deterioro del sistema de procuración de justicia y las fiscalías locales
El cuello de botella de la impunidad en México no se encuentra únicamente en los juzgados, sino en la ineficacia estructural, la corrupción endémica y la falta de capacidad técnica de las fiscalías generales de justicia estatales y la Fiscalía General de la República. La transición de las antiguas procuradurías a fiscalías autónomas ha sido un proceso predominantemente cosmético que no se tradujo en una mejor atención a las víctimas ni en investigaciones científicas rigurosas.
Las agencias del Ministerio Público continúan caracterizadas por la saturación de trabajo, la falta de peritos especializados, los salarios precarios de los agentes de investigación y la persistencia de prácticas de fabricación de culpables mediante tortura o irregularidades procesales. El ciudadano común que acude a denunciar un delito enfrenta tratos inhumanos, filas kilométricas y la certeza casi absoluta de que su denuncia será archivada sin ser investigada.
La coordinación entre la Fiscalía General de la República y las dependencias de seguridad del Ejecutivo se encuentra fracturada por disputas políticas y falta de voluntad institucional. Esta desconexión permite que delincuentes de alto perfil queden en libertad por fallas en el debido proceso o integración deficiente de las carpetas de investigación de las que nadie se hace responsable.
No existe un programa nacional unificado para la modernización tecnológica y profesionalización de las corporaciones de investigación policial civil a nivel local, donde se comete el noventa y nueve por ciento de los delitos que afectan cotidianamente a la población, como el robo a transeúnte, el asalto en transporte público o el despojo.
El Estado ha ignorado el eslabón más débil y corrupto del sistema de justicia. Sin una reforma profunda a las fiscalías locales, los discursos sobre la reducción de la impunidad resultan vacíos para la mayoría de los ciudadanos afectados por el delito.
El estancamiento de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas
A pesar del uso constante de la simbología indígena en actos oficiales y de la promesa de resarcir las deudas históricas con los pueblos originarios, la aprobación completa de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos ha enfrentado regateos políticos y dilaciones en el Congreso de la Unión. Las comunidades continúan sin contar con el reconocimiento pleno de su autonomía, libre determinación y personalidad jurídica como sujetos de derecho público.
El derecho al consentimiento y a la consulta previa, libre e informada sobre proyectos de infraestructura, minería, gasoductos o desarrollos turísticos en sus territorios ancestrales ha sido violado o simulado mediante asambleas amañadas o desinformadas organizadas por dependencias gubernamentales. Las voces de las comunidades que se oponen a la imposición de proyectos que alteran su vida comunitaria son ignoradas o criminalizadas.
Los índices de pobreza extrema, analfabetismo, mortalidad materna y falta de servicios médicos en los municipios con mayor concentración de población indígena continúan estando muy por encima de la media nacional. Los programas de transferencias monetarias no han logrado alterar las relaciones de dominación, discriminación institucional y marginación económica que padecen estas poblaciones.
La preservación de las lenguas indígenas nacionales enfrenta un escenario de extinción acelerada sin que existan políticas educativas bilingües efectivas, presupuesto para el rescate lingüístico ni personal suficiente en los tribunales para garantizar la traducción judicial a quienes no dominan el español.
El paternalismo oficial ha sustituido al verdadero reconocimiento de los derechos territoriales y políticos de los pueblos originarios. La contradicción entre el discurso de reivindicación histórica y el despojo de recursos en los hechos genera un sentimiento de traición entre las autoridades tradicionales y las organizaciones indígenas independientes.
