Por. J. Jesús Lemus
Tras un sexenio caracterizado por la concentración del gasto público en el fortalecimiento operativo directo de las empresas del Estado y el cierre paulatino de los mecanismos de licitación abierta, el Gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha trazado un giro táctico en su política energética.
La administración ha manifestado de manera abierta su intención de activar una agenda renovada de alianzas con la iniciativa privada para estabilizar y reactivar la plataforma de producción de Petróleos Mexicanos, que padece presiones por sus compromisos financieros y la declinación natural de sus campos maduros.
Esta orientación busca articular un entorno de certidumbre regulatoria e incentivos económicos viables que atraigan capital privado nacional e internacional hacia tareas complejas de exploración, extracción, refinación y logística. No obstante, la articulación de este plan ha despertado un intenso debate entre analistas del sector, actores corporativos y la clase política, dado que el instrumento operativo central —el uso de contratos mixtos y alianzas estratégicas— guarda coincidencias sustanciales en su mecánica con los principios rectores de la Reforma Energética aprobada en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Parecido al Plan Peña Nieto
El punto de partida para entender este viraje es el diagnóstico financiero y técnico de la petrolera estatal. Al inicio del mandato de Sheinbaum, la producción de hidrocarburos líquidos requería de un impulso urgente de capital para revertir el agotamiento acelerado de yacimientos emblemáticos como Cantarell o Ku-Maloob-Zaap, así como para solventar la maduración tardía de nuevos descubrimientos.
Aunque durante el periodo 2018-2024 se canalizaron recursos fiscales directos y condonaciones del Derecho de Utilidad Compartida para aliviar las finanzas de la empresa pública, el presupuesto federal resultó insuficiente para cubrir por sí solo las altas tasas de inversión de capital que demanda la industria del petróleo, especialmente en yacimientos de aguas profundas, campos no convencionales y proyectos de recuperación mejorada.
Ante este escenario, la Secretaría de Energía y la directiva de la petrolera estatal formalizaron una estrategia orientada a compartir riesgos financieros y operativos con capitales privados mediante esquemas de participación mixta. La premisa de esta política es ofrecer certidumbre jurídica duradera y un marco fiscal competitivo a las empresas inversionistas, garantizando un retorno sobre la inversión en proyectos de maduración a mediano y largo plazo. Con ello, se busca captar recursos frescos sin aumentar el techo de deuda directa de la empresa pública ni comprometer el gasto corriente del presupuesto federal.
Para los mercados globales y los operadores privados, la propuesta representa una señal de apertura indispensable. Sin embargo, la naturaleza técnica de los contratos que se están estructurando reabre el expediente de la reforma constitucional de 2013. La Reforma Energética de Enrique Peña Nieto modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para poner fin a más de siete décadas de monopolio estatal sobre la cadena de valor de los hidrocarburos, permitiendo la firma de contratos de asignación, licencia, producción compartida y utilidad compartida tanto con operadoras nacionales como con gigantes petroleros transnacionales.
Al contrastar la agenda de la administración de Claudia Sheinbaum con la reforma impulsada por el gobierno de Peña Nieto, la similitud más evidente radica en la decisión de utilizar el capital, la capacidad tecnológica y la escala de las corporaciones transnacionales para explotar el subsuelo mexicano.
En ambos modelos se reconoce de forma implícita o explícita que el Estado mexicano, a través de sus estructuras públicas, carece de la suficiencia financiera y tecnológica para acometer simultáneamente la exploración en sísmica profunda, el desarrollo de infraestructura de transporte masivo de gas natural y la reactivación petroquímica sin el concurso de la iniciativa privada.
Cuestión de Semántica: una entrega a los larticulares
Un primer punto de coincidencia fundamental reside en el esquema de alianzas operativas. Bajo la administración de Peña Nieto, este mecanismo cobró vida mediante la figura de los farm-outs o asociaciones estratégicas, mediante las cuales la petrolera del Estado cedió la operación o compartió la titularidad de bloques específicos con empresas de talla global a fin de diluir el riesgo exploratorio y asimilar tecnologías de punta.
En el planteamiento actual de la administración federal, aunque el término semántico haya migrado hacia el concepto de “contratos mixtos” o “proyectos conjuntos”, la lógica técnica subyacente sigue la misma trayectoria: articular vehículos contractuales donde una firma privada aporta capital y know-how técnico a cambio de una rentabilidad garantizada o de una participación sobre los flujos generados por la venta del crudo extraído.
No hay desarrollo son las trasnacionales, la visión
El segundo elemento de convergencia es la apertura a la inversión extranjera directa en aguas profundas y recursos no convencionales. Tanto en el diseño normativo del peñanietismo como en la actual proyección energética, existe una coincidencia técnica respecto al Golfo de México profundo: su desarrollo es inviable sin la concurrencia de transnacionales que posean la tecnología necesaria para trabajar a miles de metros de tirante de agua. Ambas políticas coinciden en que la extracción en estos tirantes de agua representa la única vía real para que el país reconstituya de forma significativa sus reservas totales a largo plazo.
Un tercer punto en común se observa en la oferta de estabilidad jurídica y reglas del juego predecibles. La reforma de 2013 creó órganos reguladores coordinados en materia energética para brindar certidumbre procesal y técnica a los inversionistas ajenos al aparato gubernamental. Hoy en día, la insistencia del Ejecutivo en enviar señales de tranquilidad a los mercados financieros e inversionistas extranjeros obedece a la misma necesidad estructural: evitar que el capital internacional migre hacia otras cuencas petroleras con menor incertidumbre regulatoria o mejor perfil costo-beneficio.
No es entrega de recursos, es coordinación
No obstante, las marcadas similitudes operativas, existen diferencias conceptuales e institucionales entre ambas agendas, las cuales marcan la narrativa del actual Gobierno federal. La administración de Claudia Sheinbaum defiende que su modelo no implica una privatización ni un desmantelamiento de las facultades rectoras del Estado, sino una integración subordinada de los privados a la planeación energética central.
A diferencia del esquema implementado entre 2013 y 2018, en el que se celebraron rondas petroleras abiertas administradas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos donde las empresas competían directamente por bloques independientes sin intervención obligatoria de la petrolera estatal, la agenda actual mantiene a Petróleos Mexicanos como el actor central y preponderante en la articulación de cualquier proyecto.
Mientras que el modelo peñanietista apostó por la creación de un mercado petrolero abierto con múltiples competidores independientes, la visión vigente busca un esquema de asociación donde el Estado conserva la titularidad y el control de las decisiones estratégicas de la exploración y extracción.
Asimismo, la administración actual enmarca estas asociaciones dentro de una política integral de transición energética soberana y autosuficiencia en combustibles. La participación privada no se plantea con la meta de maximizar la exportación de petróleo crudo para la captura de renta petrolera pura —que fue una de las premisas del modelo de 2013—, sino con la prioridad de abastecer de materia prima al sistema nacional de refinación y asegurar insumos básicos para la generación de energía eléctrica y el desarrollo industrial del país.
La gran paradoja
En el fondo de este panorama subyace una paradoja pragmática: a pesar de la retórica política que contrapone de manera sistemática la visión estatista frente a la visión neoliberal de la economía, la realidad operativa de la industria petrolera internacional impone sus propias reglas.
Las dimensiones de la deuda de la empresa estatal, combinadas con los costos de capital requeridos para la exploración en yacimientos complejos, terminan por estrechar el margen de maniobra de la política pública. Por ello, el retorno hacia esquemas que permiten la explotación privada del recurso nacional representa una respuesta de carácter técnico ante las restricciones del erario.
El verdadero reto para la presente administración no radicará únicamente en la capacidad de atraer a los inversionistas que busca seducir, sino en la edificación de una arquitectura normativa sólida que brinde garantías legales efectivas sin vulnerar el mandato político de rectoría estatal. Las multinacionales de la energía demandan contratos claros, mecanismos ágiles de resolución de controversias y garantías de retorno de capital.
Si el Gobierno federal logra equilibrar el control público de los recursos con condiciones comerciales atractivas, México podría ver un repunte en la inversión privada directa en sus cuencas petroleras. Si, por el contrario, prevalece la ambigüedad regulatoria o los sesgos en la certeza jurídica, el intento por revivir las asociaciones privadas bajo una nueva denominación corredor el riesgo de quedarse en el terreno de las intenciones sin lograr el impacto necesario sobre la plataforma de producción nacional.
En conclusión, el panorama energético de México vive una fase de convergencia pragmática. La administración de Claudia Sheinbaum adopta las herramientas técnicas y contractuales desarrolladas a raíz de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto para solventar las limitantes financieras de la empresa pública.
La incursión del capital privado extranjero en la explotación de los yacimientos mexicanos vuelve a posicionarse como la piedra angular para sostener el sistema energético nacional, demostrando que la interacción entre el sector público y la iniciativa privada resulta indispensable para el desarrollo de la industria del petróleo en el siglo XXI.
