Por. J. Jesús Lemus
La historia reciente de la Tierra Caliente en Michoacán representa uno de los capítulos más complejos y dramáticos en la dinámica del conflicto armado y el narcotráfico en México.
Lo que en el año 2013 inició como un movimiento social de campesinos, ganaderos y pobladores levantados en armas para defender a sus familias y propiedades frente al yugo del Cártel de los Caballeros Templarios, mutó gradualmente hasta convertirse en una reconfiguración directa del mapa del crimen organizado en el país.
A lo largo de más de una década, la frontera entre la legalidad, la legítima defensa y la delincuencia se difuminó por completo.
Aquellas milicias comunitarias que una vez avanzaron con camisetas blancas entre aplausos locales terminaron por absorción, cooptación o convicción propia sirviendo como la vanguardia armada de viejos y nuevos cárteles.
Estimaciones del sector de seguridad indican que al menos 36 grupos de autodefensas terminaron sumándose de manera activa al narcotráfico a través de distintas siglas, incorporando una fuerza de por lo menos 11 mil civiles armados que pasaron directamente a nutrir las filas de las organizaciones criminales.
El Armamento e Institucionalización en el Sexenio de Peña Nieto
Para comprender cómo los civiles en armas se convirtieron en capos de la droga, es indispensable revisar el papel del Estado mexicano durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
En enero de 2014, tras una escalada sin precedentes de enfrentamientos en municipios como Tepalcatepec, Buenavista y Apatzingán, el Ejecutivo federal designó una Comisión Especial para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.
Bajo la conducción del comisionado Alfredo Castillo Cervantes, la estrategia oficial no consistió en desarmar a los civiles, sino en institucionalizarlos. El gobierno entregó credenciales, uniformes, armas de grueso calibre y patrullas a miles de civiles, creando la denominada Fuerza Rural.
Sin embargo, los filtros de control de confianza fueron prácticamente inexistentes. El Estado armó, uniformó y dotó de legitimidad operativa a personajes que ya contaban con antecedentes penales o que mantenían vínculos previos con estructuras del narcotráfico rivales a los Caballeros Templarios.
Al darles estatus de fuerza pública, el gobierno de Peña Nieto no solo validó el uso de la fuerza fuera del marco legal, sino que proveyó una estructura logística y un paraguas de impunidad que más tarde serviría como cimiento para el afianzamiento de nuevos cárteles.
Con López Obrador, Omisión, Tolerancia y Consolidación del Crimen
Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2018 y la implementación de la política de no confrontación directa con los grupos delictivos, el panorama en Michoacán dio un giro determinante.
La estrategia gubernamental optó por ignorar el problema estructural de las milicias armadas y la reconfiguración territorial de los cárteles en la región.
Durante dicho sexenio, el gobierno federal congeló las intervenciones directas contra los liderazgos regionales de las autodefensas reconvertidas.
Al no perseguir legalmente a las células armadas que operaban bajo el pretexto del cuidado comunitario, la autoridad permitió un vacío de poder que fue aprovechado por las autodefensas para apropiarse por completo del tráfico de drogas sintéticas, la extorsión agropecuaria al aguacate y al limón, así como la captación de nóminas municipales.
La omisión estatal aceleró el proceso mediante el cual los líderes comunitarios hicieron alianzas defensivas y ofensivas con grupos del narcotráfico de mayor alcance, derivando en la consolidación de alianzas sanguinarias.
El fenómeno de la metamorfosis de las autodefensas no es abstracto; posee nombres y apellidos de comandantes que pasaron de coordinar la defensa de sus pueblos a encabezar las organizaciones criminales más violentas de la región.
Adalberto Fructuoso Comparán, Autodefensa en la Red del Narcotráfico Internacional
Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, conocido popularmente con el apodo de Fruto, representa la simbiosis entre la política local, las autodefensas y el tráfico trasnacional de metanfetaminas.
Comparán Rodríguez se desempeñó como alcalde del municipio de Aguililla entre los años dos mil ocho y dos mil once. Posterior a su periodo gubernamental, cuando el movimiento de las autodefensas cobró fuerza en dos mil trece, se posicionó rápidamente como uno de los líderes visibles del levantamiento armado en la zona serrana de Aguililla.
Sin embargo, su rol como supuesto protector de la comunidad sirvió de fachada para la consolidación de redes de narcotráfico. Fruto aprovechó la estructura militar de los grupos armados para asegurar el control de rutas clave de suministro de precursores químicos que ingresaban por el puerto de Lázaro Cárdenas.
Más tarde figuró como un cuadro de mando en las alianzas territoriales opuestas al Cártel Jalisco Nueva Generación, coordinando la producción masiva de drogas sintéticas destinadas al mercado estadounidense.
Su trayectoria internacional concluyó en marzo de dos mil veintiuno, cuando fue arrestado en la Ciudad de Guatemala mediante una operación coordinada con autoridades de Estados Unidos.
Tras su extradición a territorio estadounidense, enfrentó procesos judiciales en Florida por el tráfico de más de quinientos kilogramos de metanfetamina de alta pureza, consolidando su caso como la prueba de cómo los mandos de autodefensa terminaron al frente de redes internacionales del crimen.
Nicolás Sierra Santana, De las Tropas de Autodefensa al Liderazgo de Los Viagras
El caso de Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo o El Coruco, expone cómo una familia completa transitó de los palenques y la seguridad comunitaria al control criminal total.
Originario de la región de Huetamo, Sierra Santana y sus hermanos integraron inicialmente las brigadas de autodefensas auspiciadas por el gobierno federal en el año dos mil catorce, participando activamente en la expulsión de los Caballeros Templarios del valle de Apatzingán.
Aprovechando el armamento y los vehículos entregados por el Estado dentro de la Fuerza Rural, la familia Sierra Santana estructuró un brazo armado temible. Cuando el proyecto gubernamental de pacificación se colapsó, Nicolás Sierra Santana asumió el mando supremo del grupo denominado Cártel de Los Viagras, nombrado así por el uso recurrente de fijador para el cabello entre los integrantes de su guardia personal.
Bajo el mando de Sierra Santana, Los Viagras pasaron de ser una milicia legalizada a convertirse en el grupo criminal predominante en la Tierra Caliente michoacana. La organización diversificó sus ingresos criminales mediante la producción masiva de metanfetaminas, el secuestro y el cobro de cuotas a productores agrícolas y empacadores de limón, transformándose en una de las estructuras responsables de la ola de violencia que afectó al estado durante la última década.
Juan José Farías Álvarez, el Fundador de Tepalcatepec y la creación de Cárteles Unidos
Juan José Farías Álvarez, conocido bajo el alias de El Abuelo, es quizás la figura más representativa del continuismo criminal en Michoacán. Con antecedentes de señalamientos por narcotráfico que datan desde finales de los años noventa y principios de los dos mil por sus vínculos con el extinto Cártel del Milenio, Farías Álvarez fue aprehendido en 2009 pero posteriormente liberado por falta de elementos.
En febrero de 2013, El Abuelo reapareció públicamente como uno de los principales fundadores y financiadores del movimiento de autodefensas en Tepalcatepec, apareciendo en reuniones oficiales al lado de mandos militares y del propio comisionado federal Alfredo Castillo. Bajo la bandera de la protección de su pueblo frente a las atrocidades de los Templarios, estructuró una sólida fuerza armada local.
Con el paso del tiempo, Farías Álvarez consolidó el control territorial absoluto sobre Tepalcatepec y sus municipios colindantes, constituyendo el Cártel de Tepalcatepec. Ante la embestida territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación, El Abuelo articuló una amplia coalición de viejas autodefensas y facciones locales para conformar la alianza criminal conocida como Cárteles Unidos.
Esta organización mantiene enfrentamientos armados constantes con armamento militar, drones explosivos y vehículos blindados de fabricación artesanal, convirtiendo la región en un escenario de guerra abierta y situando a su líder entre los objetivos prioritarios de las agencias de seguridad internacionales.
El fenómeno vivido en Michoacán demuestra los riesgos inherentes a la delegación de las tareas de seguridad pública en manos de actores irregulares. Lo que comenzó bajo la justificación de la autodefensa ciudadana terminó por abastecer al narcotráfico con un contingente estimado de más de 11 mil hombres armados con tácticas de combate e insumos bélicos procedentes de la propia institucionalidad gubernamental.
La falta de un desarme efectivo durante el gobierno de Peña Nieto y la omisión de operativos de contención durante el mandato de López Obrador propiciaron que la Tierra Caliente michoacana mantenga una estructura criminal enraizada, donde las fronteras entre el defensor comunitario y el capo de la droga desaparecieron de forma definitiva.
