Por. J. Jesús Lemus
El primer balance anual del renovado Poder Judicial de la Federación ha comenzado a revelar fisuras en el engranaje de la impartición de justicia en México. Tras el histórico y controvertido proceso de selección por voto ciudadano, las cifras operativas presentadas por el Tribunal de Disciplina Judicial exponen los retos teóricos y prácticos que enfrenta la nueva generación de administradores de la ley.
De acuerdo con el primer informe de monitoreo institucional, un total de 89 juzgadores electos recibieron una calificación catalogada como no satisfactoria dentro de su evaluación inicial de desempeño, un dato que enciende las alarmas sobre los criterios de idoneidad, rigor técnico y preparación académica de quienes hoy ocupan los estrados en las salas federales.
Durante este periodo inaugural de revisión, el organismo disciplinario sometió a examen a 851 juezas, jueces, magistradas y magistrados que asumieron sus encargos bajo la nueva bandera representativa. Si bien el reporte oficial destaca que 762 impartidores de justicia lograron superar los parámetros normativos de calificación, la cifra de casi un 10 por ciento de aprobados deficientes evidencia una brecha estructural de aptitud que no ha podido ser disimulada por el respaldo en las urnas.
El propio esquema de fiscalización interna debió reconocer que el ejercicio jurisdiccional exige habilidades sustantivas que rebasan con frecuencia la simple aceptación o simpatía electoral.
A diferencia de las metodologías tradicionales que ponderaban de forma prioritaria el volumen numérico de sentencias dictadas o el desahogo mecánico de los expedientes, el actual órgano de supervisión integró una matriz cualitativa.
Este enfoque midió la solidez de la argumentación jurídica, el apego estricto al debido proceso, la correcta fundamentación de las medidas cautelares y el trato procesal otorgado a las partes involucradas. Fue en estos rubros de carácter analítico y de praxis formal donde los evaluados reprobados mostraron las carencias más marcadas, dejando en evidencia la falta de trayectoria y el escaso dominio de la técnica del derecho constitucional.
Diversos analistas del ámbito legal, barras de abogados y voces de la academia señalan que este porcentaje de dictámenes desfavorables confirma los riesgos advertidos durante la discusión de la reforma. La transición desde un sistema de carrera judicial, fundamentado en la oposición de exámenes de aptitud, años de meritorio y escalafón profesional, hacia un modelo de elección ciudadana facilitó el ascenso de perfiles con deficiencias formativas.
Muchos de los perfiles elegidos carecían del adiestramiento especializado en la substanciación de juicios de amparo, derecho procesal complejo y hermenéutica, lo cual se traduce hoy en resoluciones mal estructuradas que vulneran certezas procesales.
La problemática de la capacidad técnica adquiere una dimensión aún más delicada al considerar la naturaleza inamovible o el origen popular del mandato de estos juzgadores. La reprobación cualitativa plantea serios dilemas éticos y procedimentales sobre las medidas correctivas que deberá tomar la autoridad competente.
Aunque las normativas vigentes contemplan capacitaciones intensivas y apercibimientos administrativos para aquellos que obtienen números reprobatorios, la ciudadanía y la litis cotidiana reciben de forma inmediata las consecuencias de estas fallas en la calidad de la justicia, a través de dilaciones indebidas, inconsistencias en las sentencias y violaciones a las garantías individuales.
La discusión sobre la efectividad de las nuevas instituciones judiciales se intensifica a la luz de estos resultados. Mientras que las autoridades promotoras de la reestructuración defienden los hallazgos como una muestra de transparencia y rigor del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, los sectores críticos sostienen que la necesidad de fiscalizar masivamente la falta de destreza básica es la prueba fehaciente del desmantelamiento de la profesionalización judicial.
El desafío central para los años venideros consistirá en evitar que los tribunales se conviertan en espacios de aprendizaje empírico a costa de los derechos de la población, en un contexto donde el voto legitima la investidura pero no sustituye al conocimiento técnico del derecho.
