Por. J. Jesús Lemus
Al recordarse, a un cuarto de siglo de distancia, los atentados contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, la seguridad global vuelve a colocarse en el centro de la agenda. Este contexto resulta propicio para examinar un debate persistente en las relaciones bilaterales entre México y su vecino del norte: la tipificación de las actividades del crimen organizado como narcoterrorismo. El término no es nuevo en la región, pero su aplicación al panorama mexicano genera profundas tensiones políticas, ideológicas y legales.
El concepto de narcoterrorismo nació en la década de 1980 en el seno de la CIA, para explicar las relaciones entre las guerrillas ideológicas y los cárteles de la droga. En México la génesis de esta dinámica respondió a la confluencia entre la extrema izquierda y el narcotráfico, en donde se dio la paulatina transformación de las organizaciones dedicadas al contrabando de drogas en estructuras con capacidades paramilitares y control territorial.
La evolución formal hacia tácticas que la doctrina militar internacional define cómo terroristas comenzaron a visibilizarse con fuerza a mediados de los años 2000. A medida que el Estado mexicano incrementó el despliegue de las fuerzas armadas para combatir a las mafias del crimen organizado, los grupos delictivos modificaron sus métodos. Surgieron agrupaciones formadas por exmiembros de fuerzas de élite militar que introdujeron tácticas de guerra psicológica, uso masivo de explosivos, masacres sistemáticas de civiles, decapitaciones y ataques a infraestructuras públicas con el propósito implícito de paralizar a las autoridades y someter a comunidades enteras.
Con el paso de los años, estas organizaciones diversificaron sus fuentes de ingresos, abarcando el secuestro, la extorsión a sectores productivos clave y el tráfico de personas. Además, adoptaron tecnologías avanzadas como el uso de drones cargados de explosivos, artefactos de producción casera en vías públicas y ataques directos contra instituciones del gobierno, lo que llevó a diversos analistas en Estados Unidos a calificar sus métodos como abiertamente narcoterroristas.
La postura de Estados Unidos: La tesis de la amenaza de seguridad nacional
Para diversos sectores de las agencias de inteligencia, el Congreso y el Ejecutivo estadounidense, la proliferación de armas de uso exclusivo militar en manos de los cárteles y la letal crisis del fentanilo constituyen una amenaza directa a su seguridad nacional. Washington sostiene que estas bandas han dejado de ser simples grupos delictivos motivados por el lucro financiero para transformarse en entidades que desafían la soberanía estatal e infunden terror deliberado en la población.
Bajo la perspectiva norteamericana, la catalogación de estos grupos dentro de la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) otorga a las autoridades herramientas legales de mayor alcance. Estas medidas incluyen la congelación inmediata de activos financieros a nivel global, el enjuiciamiento agravado de cualquier entidad que les brinde soporte material o logístico y, en el plano geopolítico, la presión sobre los gobiernos locales para aceptar una cooperación operativa mucho más intrusiva.
La postura de México: La defensa de la soberanía y la doctrina legal
Por su parte, el Estado mexicano ha mantenido históricamente una postura de rechazo tajante ante la etiqueta de narcoterrorismo impulsada por Washington. Las autoridades de México argumentan que, desde el punto de vista del derecho internacional y de la propia legislación nacional, la intencionalidad del crimen organizado en el país no es política ni ideológica, sino estrictamente económica.
El gobierno mexicano argumenta que aceptar la designación de los cárteles como grupos terroristas abriría la puerta a violaciones de la soberanía nacional, permitiendo eventualmente intervenciones o acciones unilaterales de fuerzas extranjeras en suelo mexicano. Asimismo, la diplomacia mexicana enfatiza que el problema debe abordarse bajo un principio de responsabilidad compartida, señalando que la fuerza bélica de los cárteles se alimenta directamente del flujo ilegal de armas de alto poder provenientes de Estados Unidos, y que el mercado de consumo norteamericano es el motor financiero que mantiene vivas a estas estructuras delictivas.
Radiografía de las organizaciones señaladas por Estados Unidos
A través de sus agencias de seguridad y del Departamento de Estado, las autoridades norteamericanas reconocen e identifican de forma prioritaria a varios grupos criminales que operan en México, señalándolos por sus métodos violentos y su alcance transnacional:
- Cártel de Sinaloa: Considerado una de las organizaciones de narcotráfico más antiguas y extensas del mundo. Cuenta con redes de distribución que abarcan múltiples continentes y se le atribuye una capacidad logística superior para el tráfico masivo de drogas sintéticas y de origen natural. A pesar de los constantes golpes contra sus cúpulas directivas, mantiene una estructura descentralizada mediante facciones o células fuertemente armadas que disputan el control de rutas y territorios.
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Caracterizado por las autoridades de seguridad por su vertiginoso crecimiento y su elevado nivel de violencia paramilitar. Destaca por el despliegue de vehículos blindados de fabricación artesanal, uso sistemático de drones con explosivos y el enfrentamiento directo con fuerzas de seguridad pública. Mantiene un modelo de expansión agresivo que combina el narcotráfico masivo con la coacción a comunidades enteras.
- Cártel del Golfo: Una de las estructuras criminales de mayor antigüedad en el noreste del país. Históricamente concentrado en el control del tráfico fronterizo, su fragmentación derivó en la formación de diversas células que operan con altos niveles de violencia urbana, enfrentamientos constantes y control de actividades como el tráfico ilícito de personas y la extorsión.
- Cártel del Noreste: Escisión de antiguos grupos de choque con presencia predominante en áreas estratégicas del norte de México. Se distingue por el uso intensivo de armamento de grueso calibre, uniformes tácticos y vehículos modificados para emboscadas a corporaciones policiales y militares.
- La Nueva Familia Michoacana: Organización arraigada en el suroeste del país que combina el tráfico de drogas sintéticas con una profunda penetración en la economía local mediante la extorsión sistemática a agricultores, comerciantes y transportistas, imponiendo precios sobre productos básicos bajo la amenaza del uso de la fuerza.
- Cárteles Unidos: Alianza de diversas células criminales y grupos locales surgida para hacer frente a la incursión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Michoacán. Ha sido señalada por la utilización de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados y enfrentamientos de alta intensidad que afectan directamente a las poblaciones civiles.
El debate sobre si la violencia armada en México debe catalogarse como narcoterrorismo sigue siendo un punto crítico en la geopolítica de América del Norte. Mientras Washington insiste en la necesidad de marcos punitivos internacionales más severos para contener el flujo de drogas y la violencia, México sostiene que la solución de fondo requiere combatir las causas socioeconómicas, frenar el tráfico de armas de norte a sur y mantener intacta la soberanía territorial.
