Por. J. Jesús Lemus
El mapa de la violencia letal en México mantiene un núcleo duro donde la pugna territorial se entrelaza con la reconfiguración del negocio transnacional de los sintéticos.
Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las métricas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ubican el mayor volumen de homicidios dolosos concentrado en cinco entidades principales: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Morelos, seguidos de cerca por el Estado de México.
Esta distribución no es casualidad geopolítica ni mero reflejo del crimen común; responde directamente a las rutas críticas de insumos químicos, laboratorios clandestinos de procesamiento de fentanilo y puertos clave de cruce fronterizo.
Guanajuato encabeza de forma recurrente el número absoluto de homicidios en el país, representando aproximadamente el ocho por ciento del total nacional de muertes violenta.
Esta entidad es el escenario de una conflagración cruenta entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y remanentes locales del Cártel de Santa Rosa de Lima apoyados episódicamente por facciones del Cártel de Sinaloa. El atractivo estratégico de Guanajuato radica en su densa red vial del corredor industrial del Bajío y su cercanía con rutas clave para mover cargamentos y sustancias terminadas.
La intensa letalidad no solo responde al narcomenudeo local, sino al afán de control de los centros urbanos y nudos logísticos esenciales para la cadena operativa de los químicos sintéticos.
Baja California ocupa el segundo peldaño nacional en muertes violentas, aportando casi el ocho por ciento de los casos del país. Ciudades fronterizas como Tijuana y Mexicali representan el punto final del trayecto terrestre y la puerta de entrada directa hacia el mercado de Estados Unidos.
En esta zona se libra un choque trilateral violento por el dominio de la aduana y los pasos fronterizos entre facciones divididas del Cártel de Sinaloa y la ofensiva del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Además del valor logístico para el tráfico, las agencias de inteligencia han detectado en Baja California laboratorios de prensado final de pastillas de fentanilo, un factor determinante para el volumen de violencia en la región.
Chihuahua figura de igual forma en los primeros puestos con una participación cercana al siete por ciento en el balance nacional de homicidios dolosos.
La cruenta disputa en esta franja fronteriza gira principalmente en torno al control de la plaza de Ciudad Juárez y los corredores rurales de la Sierra Tarahumara.
La presencia bélica de brazos armados vinculados al Cártel de Sinaloa compite ferozmente contra estructuras ligadas a facciones locales y células adscritas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Chihuahua representa un enclave crítico para el almacenamiento, ensamblaje final y cruce de cargamentos de drogas sintéticas de alta densidad hacia el país vecino.
Sinaloa ha registrado un repunte sin precedentes en su tasa de letalidad, superando el seis por ciento de la cuota nacional de homicidios a raíz de la abierta confrontación interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.
Sinaloa es considerado el centro histórico y técnico primordial para la síntesis química a gran escala del fentanilo en el país.
El descubrimiento recurrente de narcolaboratorios clandestinos de gran capacidad en zonas rurales y serranas de Culiacán, Elota y Badiraguato confirma que la entidad opera como el núcleo de fabricación masiva desde donde parten los empaques hacia los pasos fronterizos del norte.
Morelos completa este bloque crítico al registrar cerca del seis por ciento del total de homicidios, destacando por una elevada tasa de letalidad en proporción a su población y tamaño territorial.
La posición geográfica de Morelos lo convierte en una puerta de paso natural entre el sudoeste y el centro del país. Diversas células criminales que responden a fracturas del Cártel Jalisco Nueva Generación, en disputa con facciones independientes y aliados del Cártel de Sinaloa, buscan el control de la red carretera que conecta los cargamentos provenientes de las costas del Pacífico hacia la zona metropolitana de la capital y el norte.
La centralidad de estas entidades en la cadena de valor del fentanilo las sitúa directamente bajo la lupa de los organismos de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos, particularmente la Agencia Antidrogas (DEA) y el Departamento de Justicia.
Desde la perspectiva de Washington, la cadena productiva del fentanilo no abarca únicamente el cruce de la frontera, sino que integra desde la recepción de precursores químicos en puertos del Pacífico hasta la síntesis en laboratorios serranos y el prensado en zonas urbanas de estos estados.
El escrutinio estadounidense hacia los gobiernos locales de estas regiones ha escalado de forma notoria. Misiones de observación, informes del Departamento de Estado y presiones en mesas bilaterales apuntan a la necesidad de estrechar la fiscalización sobre las autoridades estatales y municipales de estos bastiones productivos.
La sospecha de penetración institucional, la omisión operativa en el desmantelamiento de laboratorios o la falta de controles efectivos sobre precursores químicos mantienen a las administraciones locales de estos cinco estados bajo permanente escrutinio internacional, fijando la violencia y el narcotráfico sintético como el tema central de la agenda de seguridad hemisférica.
