Por. J. Jesús Lemus
El estado de Zacatecas permanece atrapado en el centro geopolítico del crimen organizado en México. La entidad, considerada históricamente un nodo estratégico para las rutas del trasiego de drogas, armas y personas hacia el norte del país, vive una compleja transformación operativa donde convergen disputas territoriales añejas, la infiltración en industrias clave como la minería y serias acusaciones sobre la permisividad institucional.
El mapa delictivo zacatecano no se entiende sin la herencia violenta que dejó la irrupción del Cártel de los Zetas durante la primera década del siglo veintiuno. Aquella estructura militarizada instauró un modelo de control territorial basado en la extorsión generalizada, el secuestro y la violencia explícita.
Sin embargo, con el fragmentado colapso de ese grupo y la posterior ofensiva del Cártel Jalisco Nueva Generación, la entidad se convirtió en una trinchera frontal. La llegada de la organización jalisciense rompió los antiguos equilibrios del narcotráfico local, desencadenando una pugna sin tregua contra las células remanentes de los Zetas, así como sus posteriores alianzas y facciones rivales que intentan frenar el avance del grupo de las cuatro letras.
A esta conflagración armada se ha sumado un actor económico determinante: el sector minero. Zacatecas es uno de los principales productores de plata, zinc y plomo en el mundo, lo que convierte a sus zonas de extracción en botines codiciados.
Diversos análisis de inteligencia e investigaciones periodísticas apuntan a que el repunte de la violencia en municipios con intensa actividad extractiva responde, en parte, a la relación distorsionada entre empresas mineras y grupos criminales.
En un intento por salvaguardar sus infraestructuras, convoyes de mineral y personal en regiones de alto riesgo, ciertos consorcios y contratistas de la industria minera han recurrido a la contratación directa e indirecta de servicios de protección brindados por células del narcotráfico.
Esta dinámica de financiamiento privado a grupos armados bajo el disfraz de seguridad no solo ha empoderado financieramente a las facciones en disputa, sino que ha provocado violentos enfrentamientos por el control del cobro de piso y la custodia de los yacimientos.
En el centro del debate político y de seguridad se encuentra la administración del gobernador David Monreal Ávila. Diversos sectores críticos, organizaciones civiles y células delictivas contendientes han señalado de forma reiterada la presunta corrupción e inacción gubernamental que facilitaron la penetración y consolidación del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio zacatecano.
Las críticas apuntan a que los giros en la estrategia policial estatal y la omisión ante la llegada de convoyes armados en municipios estratégicos permitieron al grupo jalisciense ganar terreno operativo a costa de un incremento exponencial en las tasas de victimización de la población civil.
Aunque el discurso oficial defiende la existencia de una estrategia de pacificación coordinada con las fuerzas federales, las denuncias de colusión institucional persisten ante los constantes episodios de violencia que sacuden la entidad.
En el balance general de la violencia, Zacatecas presenta un escenario contrapuesto.
Por un lado, las autoridades destacan reducciones en las cifras oficiales de homicidios dolosos respecto a los picos críticos registrados entre 2021 y 2022, cuando el estado llegó a ocupar los primeros lugares nacionales en tasa de asesinatos por cada cien mil habitantes. Por otro lado, la realidad en las calles refleja la persistencia de masacres, hallazgos de cuerpos en vías públicas, extorsiones a productores agrícolas y enfrentamientos armados en zonas rurales.
A nivel nacional, aunque las estadísticas oficiales muestran un descenso en el ranking absoluto de homicidios, la percepción de inseguridad ciudadana y el control territorial ejercido por las mafias mantienen a Zacatecas clasificado como un foco rojo de alta vulnerabilidad estratégica dentro del panorama de la seguridad en México.
