Por. J. Jesús Lemus
La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una nueva línea de investigación en relación con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, para esclarecer el papel y los posibles vínculos de su viuda y actual presidenta municipal sustituta, Grecia Quiroz García, con el Cartel Jalisco Nueva Generación
Esta indagatoria no califica a Quiroz como culpable de forma anticipada, pero sí busca verificar judicialmente las declaraciones recibidas y determinar si existieron encubrimientos o colusión política. Sobre todo, si Grecia Quiroz mantuvo conexión con los asesinos de su esposo, todos parte de una célula del CJNG.
El giro en las investigaciones responde a la ampliación de la declaración ministerial realizada por la exsecretaria particular del ayuntamiento, Yesenia Méndez, ante la fiscalía estatal. En su testimonio, la excolaboradora señaló que Grecia Quiroz habría mantenido una relación cercana o de protección hacia Samuel García Rivero, exdirector de Protocolo y Relaciones Públicas del municipio, quien actualmente está detenido.
Las pesquisas del caso sostienen que Samuel García Rivero actuaba como infiltrado para la célula criminal denominada “Los eRRes”, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación y liderada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”. La fiscalía documentó que Samuel García Rivero estuvo monitoreando y filtrando en tiempo real los movimientos, horarios y la agenda del alcalde Carlos Manzo a los ejecutores del ataque cometido el 1 de noviembre de 2025.
Según los testimonios integrados en el expediente, Carlos Manzo le había exigido la renuncia a Samuel García Rivero dos meses antes de su asesinato debido a severos problemas de adicciones y dudas sobre su desempeño. Sin embargo, tras el homicidio del edil, Grecia Quiroz asumió el cargo de presidenta municipal y nombró formalmente a Samuel García como director de Protocolo, además de otorgarle un incremento salarial.
La exsecretaria y familiares de Manzo aseguran que Quiroz y otros mandos locales tenían pleno conocimiento de las irregularidades de dicho funcionario, pero optaron por sostenerlo en el ayuntamiento.
Negativa de entrega de los dispositivos móviles
Un factor central en las recriminaciones de entorpecimiento a la investigación radica en la custodia de dos teléfonos celulares que pertenecían a Carlos Manzo. Tanto los familiares directos del alcalde —encabezados por su hermano Juan Manzo— como el Ministerio Público confirmaron que Grecia Quiroz se ha negado a entregar los dispositivos.
La fiscalía considera que los teléfonos contienen información clave, agendas de contactos, registros de llamadas y mensajes de amenazas previas que podrían identificar la red de autores intelectuales detrás de la célula operativa. Debido a la falta de entrega voluntaria, la representación social analiza requerir la extracción o aseguramiento de los equipos mediante orden judicial.
Por un lado, el hermano del alcalde, Juan Manzo, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso de forma total, argumentando falta de avance local y señalando que la retención de pruebas por parte de la alcaldesa genera opacidad.
Por su parte, Grecia Quiroz ha negado cualquier vínculo con grupos de la delincuencia organizada o componendas con el imputado Samuel “N”. La edil sostiene que la investigación en su contra forma parte de una campaña de desgaste en el marco del contexto político regional, al tiempo que insiste en que el asesinato de su esposo fue un crimen motivado por el combate que libraba contra la corrupción. Quiroz manifestó públicamente estar dispuesta a someterse a las revisiones legales correspondientes para deslindar responsabilidades.
