Por. J. Jesús Lemus
El panorama socioambiental en México atraviesa por una tensión histórica entre las promesas de justicia ecológica institucional y las realidades del modelo extractivo desplegado en el territorio nacional. La reciente iniciativa para renovar de manera integral la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) sitúa el debate sobre la sustentabilidad, los derechos de las comunidades originarias y el alcance real de las actividades mineras en el país.
El Gobierno de México, a través de la Presidente Claudia Sheinbaum y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, presentó la propuesta de reforma a la LGEEPA articulada sobre diez ejes conceptuales. El discurso oficial plantea la necesidad de actualizar un marco normativo con cuatro décadas de antigüedad para poner en el centro la justicia ambiental, la prevención de daños y la restauración de ecosistemas.
Entre los instrumentos anunciados se destacan la Evaluación Estratégica Ambiental preventiva para grandes proyectos y esquemas de compensación o financiamiento dirigidos a las comunidades que habitan o custodian Áreas Naturales Protegidas (ANP) y zonas de alta biodiversidad.
El dilema del Pago por Servicios Ambientales y el extractivismo
Desde la perspectiva crítica de diversos colectivos socioambientales, analistas territoriales y defensores del agua, la inclusión o profundización del mecanismo de Pago por Servicios Ambientales (PSA) dentro del marco legal entraña una contradicción de fondo frente al discurso de conservación.
El riesgo identificado en estos esquemas económico-financieros radica en que convierten la naturaleza en un activo transaccionable. Bajo la lógica de la monetización ambiental, las corporaciones mineras u otros proyectos de gran escala pueden incorporar el costo monetario de las afectaciones como un rubro operativo más dentro de sus balances financieros.
En la práctica, este mecanismo permite que el deterioro irreversible del suelo, la acidificación del agua o la fragmentación de ecosistemas en zonas frágiles —incluso en periferias o zonas de amortiguamiento de ANP— continúe a cambio de un flujo de recursos económicos hacia las comunidades locales.
Esta dinámica desplaza la protección efectiva del territorio por una lógica de compensación dineraria. Aunque el incentivo económico puede aliviar temporalmente las carencias presupuestales de las poblaciones rurales o ejidales, no detiene el agotamiento del suelo, la contaminación por metales pesados ni la pérdida permanente de los servicios hidrológicos de la cuenca.
La crisis del modelo minero en México
Para dimensionar el impacto de las actividades extractivas en el suelo y el agua, la obra periodística y de investigación del que esto escribe, el libro México a cielo abierto documenta cómo la minería industrial ha operado históricamente en el país como un factor de despojo y degradación ecológica.
Entre los puntos de análisis aportados para comprender la crisis socioambiental actual destacan:
El agotamiento y contaminación de mantos acuíferos: La minería a cielo abierto requiere volúmenes masivos de agua combinados con reactivos químicos como el cianuro de sodio o el ácido sulfúrico para la lixiviación de minerales. Esto genera drenaje ácido de mina, el cual contamina de forma irreversible los acuíferos subterráneos y esteriliza las capas fértiles del suelo por siglos.
La fragmentación del tejido comunitario: El ingreso de megaproyectos en zonas ejidales suele valerse de compensaciones económicas para fragmentar la resistencia comunitaria, utilizando el dinero como una herramienta que atenúa el conflicto social temporalmente mientras la devastación física del territorio avanza.
La vulneración de zonas de conservación: A lo largo de las últimas décadas, concesiones mineras han logrado sobreponerse a zonas de recarga hídrica y terrenos de alto valor biológico. Las figuras de compensación económica o ambiental han funcionado históricamente como un mecanismo de legitimación administrativa para la continuidad operativa de los tajos a cielo abierto.
El marco normativo ambiental enfrenta el reto de demostrar si la nueva legislación será un freno efectivo a la degradación del suelo y los bienes comunes, o si los instrumentos de compensación económica terminarán institucionalizando la mercantilización de los daños ambientales producidos por la industria extractiva.
