Por. J. Jesús Lemus
La dinámica operativa del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato y la región del Bajío ha mostrado una constante capacidad de reestructuración que desafía los diagnósticos de neutralización emitidos tras la captura de sus mandos originarios.
A pesar de que su fundador y principal figura visible, José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, fue aprehendido en agosto de 2020 y permanece recluido en un penal de máxima seguridad, la organización mantiene el control directo de múltiples redes de extracción y distribución ilegal de hidrocarburos en la zona.
El modelo organizativo del grupo evolucionó de una estructura vertical a una red descentralizada de células independientes que coordinan el pinchado de poliductos de Petróleos Mexicanos en municipios estratégicos como Celaya, Villagrán, Juventino Rosas, Cortazar y Salamanca.
Esta adaptabilidad les ha permitido sostener el flujo de recursos financieros provenientes del huachicol, diversificando sus ingresos mediante la extorsión sistemática a comercios locales, el narcomenudeo y el cobro de piso a distribuidores regionales de combustible.
Respecto a las redes de protección institucional, diversos análisis de inteligencia y reportes locales han señalado la persistencia de esquemas de cooptación y complicidad dentro de corporaciones de seguridad a nivel municipal y estatal, en Guanajuato.
La penetración en mandos policiales y agentes de campo ha sido un factor determinante para la supervivencia del grupo frente al embate territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta cobertura de seguridad local facilita alertas tempranas ante operativos federales, brinda logística para el libre tránsito de camiones cisterna y otorga cobertura operacional en los polígonos donde se ubican las tomas clandestinas.
Por otra parte, las indagatorias federales y los señalamientos mediáticos vinculados al fenómeno del huachicol a gran escala —incluidas las variantes del llamado huachicol fiscal en aduanas y puertos— han comenzado a conectar redes de extracción en el Bajío con esquemas de protección política de alcance nacional.
En este ámbito se han documentado expedientes e investigaciones que mencionan supuestos nexos entre mandos policiales, exfuncionarios de seguridad y figuras políticas relevantes, entre las que ha salido a relucir el nombre del senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, debido a señalamientos sobre presunta tolerancia o colaboración indirecta con redes dedicadas al tráfico ilegal de combustible durante gestiones previas en la región del Sureste y su posterior proyección federal.
La persistencia del Cártel de Santa Rosa de Lima demuestra que la detención de sus liderazgos visibles no desarticuló la infraestructura social, económica y policial que sustenta el negocio del hidrocarburo robado en el centro del país. La combinación entre arraigo comunitario, capacidad de fuego local y la colusión estructural con autoridades locales mantiene a esta organización como uno de los actores criminales más violentos y con mayor arraigo operativo en la región.
