Por. J. Jesús Lemus
La iniciativa impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la Ley de Inversión Extranjera e incorporar formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el proceso de revisión y autorización de capitales internacionales representa uno de los virajes normativos e institucionales más profundos en la historia económica reciente de México.
Esta propuesta plantea reformar la estructura y las atribuciones de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, el órgano colegiado que por décadas se encargó de evaluar el flujo de capitales privados hacia el país desde una perspectiva eminentemente técnica, financiera y de fomento económico.
Bajo la nueva normativa, las instituciones castrenses no solo obtendrán voz y voto dentro de este organismo, sino que se les encomienda la tarea de evaluar y dictaminar qué proyectos de inversión superiores al cuarenta y nueve por ciento de participación en empresas mexicanas representan un riesgo latente para la seguridad nacional.
El alcance de esta medida abarca un espectro excepcionalmente amplio de la economía, extendiendo el control militar a sectores estratégicos como la infraestructura energética, las telecomunicaciones, el transporte, la minería y los sistemas digitales de última generación, incluyendo tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología y la ciberseguridad. La justificación oficial para este cambio radica en la necesidad de blindar al país frente a presuntas amenazas externas, espionaje corporativo o la apropiación de activos críticos por parte de potencias extranjeras.
Sin embargo, en términos prácticos, esta reforma transforma un mecanismo administrativo de promoción económica en un filtro de inspección policial y militar, donde la viabilidad de un proyecto privado ya no dependerá únicamente de su rentabilidad, transparencia o apego a la ley, sino del criterio discrecional de las fuerzas castrenses en materia de seguridad.
Para comprender la magnitud de este cambio, es necesario analizar el trasfondo histórico y doctrinal que demuestra por qué nunca ha sido una buena idea otorgar un poder desmedido al ejército en las decisiones civiles y económicas de un estado democrático. Históricamente, la separación estricta entre la esfera militar y la administración pública civil ha sido uno de los pilares fundamentales para garantizar el equilibrio de poderes, la transparencia en el uso de los recursos públicos y el pleno respeto a las libertades individuales.
Cuando se encomienda a las fuerzas armadas la vigilancia, gestión o revisión de actividades comerciales e industriales, se rompe la naturaleza misma de su misión constitucional, la cual está diseñada exclusivamente para la defensa exterior y el resguardo de la soberanía interior bajo el mando de mandos civiles.
El primer gran riesgo que entraña la militarización de la economía radica en el choque insalvable de lógicas operativas. Las fuerzas armadas funcionan bajo un principio de jerarquía rígida, disciplina vertical, secrecía operativa y subordinación ciega al mando superior. En contraste, los entornos económicos de inversión requieren apertura, competencia justa, rendición de cuentas, certeza jurídica y un escrutinio público constante.
Al introducir la lógica de la seguridad nacional en las transacciones comerciales, las decisiones gubernamentales tienden a cubrirse con el velo del secreto militar, lo que invalida los mecanismos tradicionales de transparencia e impide que la ciudadanía y los competidores conozcan las razones reales detrás del bloqueo o aprobación de un determinado proyecto.
Un segundo peligro fundamental es el debilitamiento del Estado de derecho y la erosión de las instituciones civiles. Cuando los militares asumen funciones que corresponden por naturaleza a las secretarías de economía, hacienda o infraestructura, las burocracias civiles pierden autoridad, capacidad técnica y relevancia institucional.
Este vaciamiento institucional fomenta la creación de un estamento militar sobrepotenciado que termina volviéndose indispensable para la gobernabilidad diaria del país, complicando enormemente cualquier intento futuro de fiscalización o retorno al orden estrictamente civil. Además, la historia en diversas regiones del mundo demuestra que el involucramiento del ejército en tareas económicas masivas suele derivar en opacidad, opulencia castrense e inequidad, ya que las corporaciones armadas quedan exentas de los controles administrativos habituales a los que sí está sujeta cualquier dependencia civil.
Aunado a estos riesgos institucionales, existe el factor de la incertidumbre económica. El capital internacional y la inversión privada requieren reglas claras, predecibles y tribunales independientes para resolver controversias. Si la aprobación de un proyecto de gran envergadura queda sujeta al veto de mandos militares que evalúan conceptos ambiguos de riesgo nacional, el entorno de negocios se vuelve altamente impredecible.
La inversión se retrae ante el temor de discrecionalidad, expropiaciones indirectas o cancelaciones justificadas sumariamente bajo el argumento de la seguridad de la patria. Lejos de fortalecer la economía nacional, la militarización de la revisión de capitales envía un mensaje de desconfianza al mercado internacional y debilita la posición de México en tratados comerciales multilaterales.
En este contexto, resulta sumamente revelador observar la reacción pública y mediática que ha generado la presentación de esta iniciativa en el Congreso de la Unión. Lo que llama poderosamente la atención no es únicamente el contenido radical de la propuesta, sino la casi absoluta ausencia de una queja social estructurada o una protesta masiva por parte de los sectores que tradicionalmente habrían reaccionado con vehemencia.
Como si de pronto toda crítica se hubiese silenciado en México, el anuncio de que las fuerzas armadas revisarán el capital extranjero transcurrió sin marchas, sin pronunciamientos contundentes de los organismos empresariales y con un debate legislativo de bajo perfil que no parece reflejar la gravedad del asunto.
Esta aparente apatía o silencio coordinado responde a un proceso paulatino de normalización de la presencia militar en la vida cotidiana e institucional de la nación. A lo largo de los últimos años, la ciudadanía y el sector corporativo se han habituado gradualmente a observar al ejército administrando aduanas, construyendo vías férreas, gestionando aeropuertos, operando empresas de transporte y asumiendo tareas de seguridad pública en las calles. Este acostumbramiento progresivo ha adormecido la capacidad de asombro y la resistencia crítica de la sociedad civil, la cual tiende a percibir estas transferencias de poder como meras reformas administrativas rutinarias y no como la consolidación de un modelo de gobernanza militarizado.
Por otro lado, el silencio del sector empresarial responde a un pragmatismo acomodaticio y al temor latente a las represalias fiscales o administrativas. Gran parte de la iniciativa privada prefiere mantener una postura de neutralidad o cautela antes que confrontar abiertamente una propuesta que emana directamente de la Presidencia de la República. La falta de contrapesos políticos efectivos en el Poder Legislativo, sumada al debilitamiento de los órganos autónomos de regulación y transparencia, ha dejado a la sociedad sin las plataformas institucionales que antes servían para canalizar la disconformidad social y el análisis crítico detallado.
El panorama actual evidencia cómo las reformas estructurales de gran alcance en materia de seguridad y economía pueden avanzar en un escenario de aparente calma social, donde el consenso no necesariamente proviene del convencimiento democrático, sino de la resignación institucional y el repliegue de las voces críticas. Entregar el control y la revisión de las inversiones extranjeras a las fuerzas armadas consolida la presencia del estamento militar en los cimientos del desarrollo económico nacional, fijando un antecedente complejo para el equilibrio democrático de las décadas por venir.
