Por. J. Jesús Lemus
El municipio de Acapulco vuelve a encontrarse en el centro de una severa tormenta política y presupuestal debido a nuevos hallazgos de irregularidades en el uso de fondos públicos. La situación ha reavivado las críticas de diversos sectores de la ciudadanía y de la oposición, en un contexto en el que el puerto aún busca estabilizarse tras los severos impactos sociales y económicos dejados por desastres naturales recientes.
Para comprender el origen y la magnitud de este conflicto es necesario revisar el perfil de Abelina López Rodríguez, quien ha encabezado la administración del puerto de Acapulco tras ser electa por el partido Movimiento Regeneración Nacional.
Con una trayectoria marcada por el activismo social en colonias populares de la región y experiencia previa en la legislatura, López Rodríguez asumió la alcaldía con un discurso enfocado en la austeridad y el combate a la corrupción.
No obstante, a lo largo de su gestión ha estado rodeada de controversias, confrontaciones con órganos de fiscalización e investigaciones administrativas por la falta de transparencia en la comprobación del gasto municipal.
Acusa la Auditoría Superior de la Federación
El detonante de este nuevo episodio radica en los informes presentados por la Auditoría Superior de la Federación, los cuales señalan inconsistencias en la fiscalización de las cuentas públicas municipales.
De acuerdo con las revisiones correspondientes a los ejercicios fiscales de 2021, 2022 y principalmente 2024, el monto total de los recursos objeto de investigación asciende a 282 millones 168 mil pesos.
La mayor parte de esta cifra se concentró en el periodo de 2024, en el cual el órgano fiscalizador detectó irregularidades que superan los 206 millones de pesos, representando aproximadamente tres cuartas partes del total bajo observación.
Dentro de los pormenores detallados en las auditorías, se identificó que más de 186 millones de pesos carecen de la documentación justificativa y comprobatoria que acredite su destino o aplicación final.
Asimismo, se detectaron más de 20 millones de pesos imputados a pagos considerados improcedentes o ejecutados en exceso, a la par de irregularidades en licitaciones de obra pública, servicios contratados no realizados e incumplimientos de la normativa en materia de infraestructura.
Ya se había robado 800 millones de pesos
A este escenario se suma el antecedente administrativo con la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, instancia que previamente había iniciado procedimientos por más de 800 millones de pesos no comprobados.
Dichos procesos derivaron en disputas legales donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la revisión de fondos de origen federal es competencia de las autoridades fiscalizadoras de la Federación, dejando abiertas las vías para que los órganos del gobierno central sigan las indagatorias.
Ante la revelación de estos números y la acusación de un presunto desfalco a las arcas municipales, la defensa de Abelina López Rodríguez ha sido tajante. La funcionaria ha declarado públicamente que una observación de auditoría no equivale a un desfalco ni a una pérdida patrimonial consumada.
Ha sostenido que los requerimientos formulados forman parte del proceso ordinario de fiscalización y que el gobierno municipal cuenta con los plazos legales para entregar la documentación, realizar los aclaratorios requeridos y solventar los pliegos de observaciones presentados por los auditores.
En su argumentación, la presidenta municipal ha insistido en que su administración tuvo que atender situaciones extraordinarias derivables de las contingencias por los huracanes Otis y John, los cuales exigieron la movilización de recursos de emergencia para la recuperación del municipio y la atención a la población afectada. De igual manera, afirma que durante su mandato no se contrataron nuevas líneas de crédito bancario y que se logró una reducción en el saldo de la deuda pública.
El impacto de este señalamiento ha trascendido el ámbito puramente técnico de las finanzas públicas para convertirse en una crisis institucional que afecta la credibilidad del ayuntamiento. Diversas voces políticas demandan que los procedimientos de investigación lleguen a las últimas consecuencias, mientras que la administración local insiste en que presentará los elementos necesarios para solventar los pliegos ante las instancias competentes. El caso permanece abierto a la espera de los dictámenes finales de la Auditoría Superior de la Federación.
