Por. J. Jesús Lemus
Fausto Corrales Rodríguez pasó en pocos meses de ser un nombre periférico en la crónica policiaca de Sinaloa a convertirse en la pieza engranaje sobre la que gravita una de las controversias políticas y judiciales más complejas del México reciente.
Su relevancia no deviene de un papel protagónico en las estructuras del crimen ni de un alto cargo en la función pública, sino de su condición de testigo presencial directo en las horas previas al traslado forzado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos y del homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Como conductor del vehículo en el que viajaba Cuén Ojeda el 25 de julio de 2024, Corrales se transformó en el custodio involuntario de los últimos minutos con vida del político sinaloense y en el observador clave de la logística que rodeó la caída del histórico líder del Cártel de Sinaloa.
El expediente del caso dio un giro radical cuando la Fiscalía General de la República atrajo las investigaciones, desmantelando de forma categórica la narrativa que inicialmente sostuvo la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
La primera versión oficial, apoyada en un video difundido por la dependencia estatal, presentaba el crimen de Cuén Ojeda como el resultado de un intento de asalto a mano armada en una estación de gasolina en Culiacán.
Sin embargo, los peritajes federales determinaron que dicha escena presentaba inconsistencias insalvables, hallando restos hemáticos que no correspondían con la mecánica planteada y señalando irregularidades graves en el procesamiento del cuerpo y del sitio del suceso, incluyendo una cremación apresurada que impidió segundas autopsias.
Es en este contexto de falsedades institucionales donde la actuación de la FGR muestra una marcada asimetría que alimenta sospechas de parcialidad y cálculo político. Por un lado, la maquinaria ministerial ha volcado un peso desproporcionado sobre Fausto Corrales, colocándolo bajo un escrutinio exhaustivo y procesándolo por su presunta vinculación con las omisiones y falsedades derivadas del montaje inicial.
La paradoja resulta evidente al constatar que la cadena de mando que fabricó e institucionalizó la versión del gasolinazo permanece prácticamente intocada. La exfiscal general del estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien firmó y respaldó públicamente la hipótesis fallida antes de presentar su renuncia en medio del escándalo, no ha enfrentado medidas cautelares ni un avance sustantivo en deslindes penales directos, gozando de una tranquilidad procesal que contrasta abiertamente con la presión ejercida sobre el testigo.
Esta selectividad en la persecución penal sugiere que la investigación federal no busca únicamente el esclarecimiento estricto de los hechos, sino la administración de los tiempos y de las responsabilidades políticas. Al centrar la presión en Corrales, la autoridad obtiene un elemento de contención y control de la narrativa, mientras evita escalar el conflicto hacia las altas esferas del gobierno estatal que colaboraron con la exfiscal o que validaron la actuación de la estructura local.
La figura de Corrales funciona así, como un eslabón maleable: lo suficientemente cercano a los hechos para sostener la causa penal, pero sin el blindaje político del que gozan los exfuncionarios que dictaron las directrices de la investigación alterada.
Más allá del ámbito local, la situación jurídica de Fausto Corrales y el esclarecimiento real de lo sucedido en la finca de Huertos del Pedregal poseen una proyección internacional directa.
El testimonio de Corrales y la acreditación formal del secuestro de Zambada en suelo mexicano constituyen el sustento jurídico indispensable para que el Estado mexicano formule una solicitud sólida de repatriación o extradición del capo desde territorio estadounidense.
Si la FGR logra documentar formalmente que la captura de Zambada fue producto de una privación ilegal de la libertad ejecutada en territorio nacional con violencia e irregularidades procedimentales, México obtendrá la palanca diplomática y legal para alegar una violación soberana.
En ese escenario, la figura de Fausto Corrales deja de ser un asunto puramente penal para convertirse en la puerta de entrada jurídica al proceso de repatriación de El Mayo, condicionando el curso de uno de los pleitos bilaterales más delicados entre México y Estados Unidos en materia de justicia y seguridad.
