Por. J. Jesús Lemus
El uso estratégico de la agenda pública para dirigir la atención social y mediática hacia ciertos acontecimientos, en detrimento de otros de mayor trascendencia estructural, es una de las dinámicas operativas más recurrentes en la gestión política.
En la teoría política y de la comunicación, este fenómeno se analiza a través del modelo de establecimiento de agenda (Agenda-Setting), el cual postula que los medios de comunicación y las narrativas institucionales no determinan exactamente cómo deben pensar los ciudadanos, pero sí imponen de manera muy efectiva sobre qué temas deben enfocar su atención cotidiana.
Un ejemplo representativo de esta dinámica es la prominencia mediática otorgada al caso del retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, conocido públicamente como “Andy”, hijo del expresidente de México y figura relevante dentro de la estructura organizativa del partido oficialista.
La discusión en torno a si la revocación de un visado consular constituye un acto de injerencia geopolítica o si responde a señalamientos sobre posibles irregularidades operativas ocupó un espacio protagónico en los espacios informativos de análisis y debate.
Este tipo de eventos posee componentes idóneos para acaparar la conversación: el protagonismo de la alta esfera política, la implicación diplomática con Estados Unidos y el dinamismo de la confrontación partidista.
Se olvidan de la agenda de seguridad
Sin embargo, el sobredimensionamiento de esta controversia administrativa ha desplazado del centro del debate asuntos de orden prioritario para la seguridad e integridad del Estado mexicano.
Entre ellos destaca la apremiante necesidad de localización, contención y aprehensión de los principales líderes operativos del crimen organizado transnacional: por un lado, la facción conocida como “Los Chapitos”, encabezada por los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar; por el otro, Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, figura clave en el mapa de sucesión de la organización delictiva asentada en el noroeste del país.
El contraste entre ambos temas expone una disonancia crítica en la articulación del discurso público. Por un lado, la cancelación de un visado es un acto unilateral de naturaleza administrativa emitida por una delegación extranjera, cuyos efectos jurídicos no inciden directamente sobre la soberanía territorial, el Estado de derecho ni la seguridad ciudadana.
Por el otro, la permanencia en la impunidad y operatividad de líderes de facciones armadas tiene implicaciones directas en los niveles de violencia endémica, el tráfico ilícito de sustancias sintéticas como el fentanilo, el desplazamiento forzado de comunidades en la sierra del Pacífico y la penetración del poder fáctico en las estructuras institucionales locales.
Desde la perspectiva sociopolítica, la efectividad de la distracción mediática radica en la saturación informacional. Cuando la agenda pública se satura con debates sobre personajes de la clase política o disputas retóricas de coyuntura, la capacidad de la ciudadanía para fiscalizar y exigir rendición de cuentas sobre la política de seguridad nacional disminuye.
La captura de los liderazgos criminales requiere despliegues de inteligencia de alto nivel, operativos de contención y un costo político y social sumamente elevado. En contraste, el debate polarizado sobre temas de índole personal o administrativa resulta de bajo costo operativo y genera un alto rendimiento en términos de cohesión ideológica y polarización partidista.
El fenómeno denominado “caja de humo” o “cortina de humo” no siempre implica la invención artificial de un suceso, sino el aprovechamiento deliberado y la amplificación de un hecho noticioso secundario para desplazar de la atención social las problemáticas de fondo.
En el contexto de las dinámicas institucionales, el escrutinio cotidiano sobre el desempeño de los cuerpos de seguridad e procuración de justicia queda eclipsado cuando la narrativa dominante se traslada a la retórica de la soberanía frente a decisiones consulares extranjeras.
Para comprender plenamente el funcionamiento de la distracción política, es fundamental identificar que el debate público es un espacio de capacidad limitada. Ningún sistema social puede procesar con la misma intensidad todos los problemas nacionales de manera simultánea.
Al priorizar en el foro mediático discusiones sobre las implicaciones políticas personales de un integrante del grupo en el poder, las preguntas de fondo sobre las garantías de paz, los avances en la desarticulación de grupos delictivos de alto impacto y la evaluación objetiva de la estrategia de seguridad quedan relegadas a un plano marginal dentro del escrutinio ciudadano.
