Por. J. Jesús Lemus
Durante los últimos años, el fenómeno del crimen organizado en México ha sufrido una transformación radical. Lo que antes era un negocio enfocado predominantemente en el tráfico transfronterizo de sustancias ilícitas o la extorsión local, hoy se ha diversificado hacia el control del suelo, los bienes naturales y la infraestructura extraccionista.
Los cárteles de la droga han dejado de ser meras organizaciones de narcotráfico para convertirse en auténticos actores corporativos informales que buscan monopolizar recursos estratégicos. En esta nueva fase de expansión territorial, las comunidades indígenas y campesinas se encuentran en la primera línea de vulnerabilidad, enfrentando un asedio sistemático que busca expulsarlas de las tierras ancestrales que habitan.
El patrón de conducta que se ha documentado a lo largo de varias regiones del país responde a una lógica económica de intermediación forzada.
Diversos grupos delictivos despliegan tácticas de despojo violento, desplazamiento forzado, amenazas a autoridades comunitarias y coacción social sobre núcleos ejidales y comunales. El objetivo de fondo no es únicamente la apropiación de parcelas para el uso agrícola o el ocultamiento de actividades ilícitas, sino el control geoestratégico de subsuelos ricos en minerales de alto valor industrial.
De acuerdo con proyecciones y estimaciones de observadores en el campo de los derechos humanos y defensores del territorio, se calcula que actualmente al menos una treintena de poblaciones originarias —aproximadamente 35 comunidades distribuidas en diversos puntos de la República— se encuentran bajo un esquema directo de despojo o presión territorial violenta por parte de estructuras criminales, entre las que destaca de manera preponderante la presencia y el accionar del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Uno de los epicentros más ilustrativos de esta problemática se localiza en el estado de Michoacán, particularmente en las franjas que colindan con la Meseta Purépecha y la Sierra-Costa de la entidad.
Históricamente, las comunidades purépechas han mantenido una relación de resguardo comunitarios sobre bosques y cerros con un elevado potencial de minerales metálicos, destacando importantes yacimientos de hierro. En años recientes, la combinación de factores macroeconómicos y anuncios gubernamentales vinculados a la reactivación e impulso de la industria siderúrgica nacional —donde la inversión extranjera directa y el capital privado juegan un papel relevante dentro de las metas de infraestructura energética y metalúrgica trazadas por el Ejecutivo federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum— ha encendido los reflectores sobre la factibilidad de explotar dichos yacimientos.
Es precisamente en este contexto donde la violencia del crimen organizado opera como un agente de despojo preventivo. Integrantes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación han incrementado sus incursiones en los predios comunales purépechas, utilizando la fuerza de las armas para fracturar los asambleísmos locales y desplazar a las autoridades tradicionales.
La dinámica que se denuncia en la zona sugiere que el grupo delictivo busca asegurar el dominio de facto de los suelos ricos en hierro con el propósito de ofrecer posteriormente la superficie “limpia de conflicto social” o negociar contratos de extracción, cobro de piso y provisión de materia prima con empresas y corporaciones dedicadas a la transformación siderúrgica que buscan asentarse o invertir en la región. El mineral no solo representa un activo financiero directo en el mercado negro o legal, sino una ficha de negociación para incrustarse en las cadenas productivas internacionales.
Sin embargo, Michoacán no es un caso aislado, sino la muestra de un esquema que se replica con matices regionales en diversas partes del país. Si dirigimos la mirada hacia el norte, en estados como Coahuila y Nuevo León, la disputa territorial de las organizaciones criminales se vincula estrechamente a la apropiación de terrenos estratégicos para la minería de carbón, agregados industriales y la servidumbre de paso para proyectos de transporte y energía, donde el despojo de comuneros y pequeños propietarios rurales se realiza bajo la amenaza directa de las armas.
Por otro lado, en la vertiente del Golfo, concretamente en Veracruz, el avance de las células delictivas ha golpeado a núcleos poblacionales nahuas y popolucas en zonas ricas en minerales no metálicos y áreas de proyección minera, donde la presión criminal busca allanar el terreno para la instalación de concesiones privadas sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos originarios.
Al descender hacia el sur, el estado de Guerrero presenta una de las situaciones más alarmantes en cuanto a la simbiosis de violencia criminal y extracción de oro, plata y hierro. En las regiones de la Montaña y Costa Chica, grupos criminales dominantes han cercado a comunidades me’phaa y na’savi, utilizando el homicidio de líderes comunitarios y el desplazamiento de familias para fragmentar la resistencia contra megaproyectos mineros privados.
En este escenario, el crimen actuante desplaza a la población originaria para controlar el acceso a la tierra y actuar como intermediario forzoso ante corporaciones transnacionales.
El panorama se extiende de igual forma a entidades del centro del país como Hidalgo y al occidente en Jalisco. En las zonas serranas de Hidalgo, la población otomí y nahua se enfrenta a presiones violentas orientadas al control de yacimientos y bosques, mientras que en Jalisco, el territorio ancestral wixárika y comunidades campesinas han denunciado de forma reiterada la invasión de sus predios por grupos armados que buscan controlar tanto las concesiones de exploración minera como las rutas logísticas asociadas.
El diagnóstico general que arroja esta investigación evidencia que el despojo de tierras indígenas ha dejado de ser un asunto únicamente mercantil o de litigio agrario para convertirse en un problema socio-criminal de seguridad nacional. La incursión de actores armados ilegales como el Cártel Jalisco Nueva Generación en la gestión e intermediación de los recursos minerales genera una fractura profunda en el tejido comunitario, vulnera los derechos de autonombramiento y autodeterminación de los pueblos originarios y plantea un desafío institucional crítico para la legalidad de las inversiones privadas e internacionales que llegan al país.
