Por. J. Jesús Lemus
El mapa político del oficialismo mexicano enfrenta serias turbulencias de cara a los procesos electorales de 2027. Lo que en comicios anteriores operó como una maquinaria electoral coordinada y disciplinada, hoy exhibe grietas profundas a nivel regional.
Las cúpulas nacionales y locales del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México han comenzado a explorar y anunciar públicamente la posibilidad de competir de forma individual en diversos comicios estatales.
La decisión de alejarse de la marca Movimiento Regeneración Nacional en ciertas entidades responde al costo reputacional que representan los severos escándalos de corrupción y presuntos nexos con el crimen organizado en los que se han visto envueltas figuras prominentes de la autodenominada Cuarta Transformación, con especial énfasis en el escenario sinaloense encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázares.
Se rompe la unidad
El resquebrajamiento de la unidad responde a un pragmatismo de supervivencia política. Dirigentes del Partido del Trabajo y del Partido Verde han evaluado que la cercanía irrestricta con perfiles bajo investigación u observancia judicial representa una vulnerabilidad operativa ante un electorado cada vez más crítico frente al deterioro de la seguridad.
Las denuncias, señalamientos e indagatorias que vinculan a sectores del gobierno sinaloense y liderazgos afines con redes de delincuencia organizada y desvío de recursos han encendido las alarmas en las dirigencias aliadas.
Para el Partido Verde y el Partido del Trabajo, ser percibidos como encubridores o socios solidarios de esas estructuras gubernamentales cuestionadas pondría en riesgo sus propios registros locales, sus cuotas de representación proporcional y sus aspiraciones en estados con dinámicas locales polarizadas.
Ante este panorama, la dirigencia nacional de Morena ha tenido que asumir una postura pragmática pero compleja. Mientras a nivel central el discurso insiste en mantener la cohesión del bloque, en la arena local las negociaciones han tomado un rumbo diferente.
Morena contempla seriamente la posibilidad de ir en solitario en aquellas entidades donde la marca partidista sufra un desgaste pronunciado por los escándalos locales, o bien donde sus aliados condicionen la coalición a la entrega de candidaturas clave o a la depuración de las listas de aspirantes.
La hipótesis de ir en boletas separadas le permite al partido guinda no diluir su propia identidad en pugnas internas y, al mismo tiempo, exime a sus aliados de asumir el costo político de respaldar candidatos señalados por irregularidades graves.
Las fricciones entre los socios de la coalición no solo obedecen al control del daño de la agenda de seguridad e impunidad, sino también al reparto de los espacios de poder. En varios estados donde se renovarán gubernaturas y congresos locales, tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde han acusado a las dirigencias guindas de pretender imponer perfiles sin someterlos a procesos transparentes de selección o mediciones demoscópicas compartidas.
El descontento por las nominaciones unilaterales ha encontrado en los escándalos éticos y judiciales de Morena el argumento perfecto para romper acuerdos y presentar candidaturas propias. Al alejarse de las figuras controvertidas, los partidos aliados buscan posicionarse como alternativas dentro del mismo espectro oficialista, atrayendo al votante desencantado que simpatiza con la agenda gubernamental central, pero rechaza los liderazgos locales salpicados por la corrupción.
El impacto de una fragmentación de la alianza oficialista modificará sustancialmente la correlación de fuerzas de cara a 2027. Una contienda dividida entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde abre rendijas estratégicas para la oposición, al romper el sesgo de mayoría que el bloque unido solía consolidar en las urnas.
Para Morena, medirse en solitario en territorios donde el desgaste por escándalos de gobernabilidad es alto representa un riesgo calculado, pues medirá el peso real de su marca territorial frente al descontento social generado por los abusos de poder. La definición de estas alianzas parciales o rupturas definitivas marcará el rumbo de la contienda subnacional y redefinirá los límites éticos y pragmáticos del proyecto político en los estados.
