Por. J. Jesús Lemus
Tras comparecer ante la jueza Katherine Polk, de la corte sur de Nueva York, el general Gerardo Mérida Sánchez ha visto desvanecerse sus posibilidades reales de alcanzar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Estados Unidos, pero tiene un as en la manga.
El gobierno norteamericano dijo tener un cúmulo de evidencias sobre la responsabilidad criminal del General Mérida, cuando fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa y se alió con el Cártel de Los Chapitos, a los que suministró de armas de grueso calibre y explosivos.
La jueza que lleva el caso, donde se le acusa al general Gerardo Mérida de haberse aliado al Cártel de Ovidio Guzmán y sus hermanos, citó al general para el próximo 4 de agosto a las 2.30 de la tarde para saber en qué condición se declara el acusado.
En la audiencia de este lunes primero de junio, el general Gerardo Merida solo acudió para saber cómo será su proceso penal, en caso de que se declare inocente, y para conocer formalmente los cargos que se le acusan por parte del gobierno federal, por lo que él mismo decidió entregarse.
Los cargos que se le acusan al general Mérida Sánchez son: conspiración para la importación de narcóticos, posesión y tráfico de ametralladoras y artefactos explosivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Sobre el primer cargo, el gobierno de Estados Unidos responsabiliza al general Mérida haber hecho gestiones en el puerto de Manzanillo para suministrar toneladas de precursores químicos, a fin de facilitar la producción de fentanilo por parte del Cártel de Los Chapitos.
Por lo que hace al delito de posesión y tráfico de ametralladoras, la Fiscalía de Estados Unidos lo culpa de haber importado cargamentos de armas de fuego de algún país de Asia, solo para abastecer al Cártel de Los Chapitos, a fin de elevar el nivel de violencia de esa organización.
Y con respecto al delito de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos explosivos, la Fiscalía de Estados Unidos asegura tener evidencia que indica como el general Mérida comerció armas y explosivos en suelo mexicano para ser entregados a los sicarios a cargo de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmá Salazar.
Una oleada de acusados
Durante la primera audiencia, para conocer formalmente los cargos que se le imputan, el general Gerardo Mérida Sánchez, también escuchó de la jueza que llevará su proceso, la sentencia que le quitó toda esperanza de salir pronto de prisión.
La Jueza Katherine Polk, como conocedora que es del caso, dijo que además del cúmulo de evidencias que existe contra el general Gerardo Mérida, habrá una oleada de acusados, con los dimensionó lo importante que es para el gobierno de Estados Unidos el procesamiento de los indiciados.
En ese sentido hay que resaltar que este caso, el del procesamiento penal del general Mérida, en donde se involucra, entre otros al senador con licencia Enrique Inzunza y al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, es de suma importancia para Estados Unidos porque es el primero en el que se está enjuiciando a una red de narcotraficantes que introdujeron toneladas de fentanilo desde México a Estados Unidos.
Hay que recordar que el tráfico de fentanilo, dentro de las políticas antidrogas del gobierno del presidente Trump, es uno de los más penados, por el solo hecho de que a causa del consumo de esa droga mueren más de 100 mil personas por sobredosis cada año.
La advertencia de la jueza Katherine Polk, de que habrá una oleada de acusados junto al general Mérida, solo es un anticipo de la importancia que sobre este caso está poniendo la Fiscalía de Estados, en donde el general Mérida es una de las piezas más importantes.
Una pieza clave
De acuerdo con la evidencia acumulada por el gobierno de Estados Unidos en contra del general Gerardo Mérida Sánchez, se puede establecer que durante el tiempo que fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Sinaloa, con pleno consentimiento del entonces gobernador Rubén Rocha Moya, se convirtió en agente de compras del Cártel de Los Chapitos.
Hasta donde se sabe, por fuentes de la Fiscalía de Estados, se ha establecido que el general Mérida hizo conexiones propias dentro del recinto portuario de Manzanillo, Colima. Mediante esas conexiones logró establecer un sistema de compra de precursores químicos para la fabricación de fentanilo.
Dichos precursores que se cuantificaban por toneladas cada mes, fueron la base de producción de fentanilo que se elaboraba en las cocinas clandestinas de la sierra de Badiraguato, en las inmediaciones de la región conocida como El Triángulo Dorado, en los límites de Sinaloa, Chihuahua y Durango.
Al general Mérida también se le atribuye el haber dotado de armas de grueso calibre y diversos explosivos al Cártel de Los Chapitos, y además haber organizado estrategias de seguridad para las decenas de cocinas que aún operan en la zona serrana.
Los 100 mil dólares que cada mes recibía el general secretario de seguridad de Sinaloa también eran para pagar los servicios de rondines de vigilancia que ordenaba, para garantizar la seguridad en las periferias de cada uno de las decenas de laboratorios que estaban operando a su máxima capacidad.
De todas estas acciones, de apoyo del general Mérida al Cártel de Los Chapitos, siempre estuvo al tanto el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de el secretario de Gobierno, hoy senador con licencia, Enrique Inzunza.
La última carta bajo la manga
Frente al desolador panorama judicial que enfrenta el general Mérida Sánchez, en donde se avizora una sentencia de no menos de 40 años de prisión, con posibilidad de que sea hasta de cadena perpetua, si no prospera la posibilidad de ser testigo protegido, aún tiene una alternativa.
Fuentes de la Fiscalía de Estados Unidos han referido que la defensa del general Mérida cuenta con un as bajo la manga. Le ha recomendado a su cliente que se reconozca culpable de los delitos atribuidos, pero siempre bajo la explicación de que su actuación criminal fue empujada y obligada por el gobernador Rocha y el entonces secretario de gobierno, Enrique Inzunza.
La defensa del general Mérida podría fincarse en la hipótesis de que el entonces secretario de Seguridad de Sinaloa, tuvo que cometer actos criminales porque recibió instrucciones de su mando superior y porque consideró que su vida estaba en riesgo si no atendía las instrucciones de Ruben Richa y Enrique Inzunza.
La cereza en el pastel de esa estrategia de defensa que se plantea para el general Merida es que, a él se le informó que parte de las utilidades que generaba la venta de fentanilo en Estados Unidos, era para sostener el financiamiento del partido Morena y las campañas electorales de diversos cuadros distinguidos.
