Por. J. Jesús Lemus
El diputado local morenista de Michoacán Juan Carlos Barragán Vélez recibió un golpe fulminante a sus aspiraciones políticas rumbo a 2027. La Primera Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM) de Michoacán dictó una inhabilitación por 20 años para ejercer cualquier cargo público y le ordenó resarcir 5.6 millones de pesos por desvío de recursos.
Este fallo no solo dinamita el escenario electoral en Morelia, sino que arrastra al partido guinda al fango de las contradicciones discursivas, sumando otro expediente de corrupción a las filas de la llamada “Cuarta Transformación”.
La sanción, asentada en el expediente PRA-0011/2025-I, es el resultado de una investigación impulsada por la Secretaría de Contraloría del Estado. El origen del fraude no es nuevo, pero la justicia administrativa finalmente le dio alcance.
Las irregularidades se detectaron en la operación del programa “Beca Futuro” durante el año 2018, cuando Barragán fungía como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) en la administración estatal de Silvano Aureoles, antes de que operara su pragmático brinco a Morena.
Se acreditó el desvío de $5,636,600 pesos, dinero que debió destinarse a jóvenes estudiantes de escasos recursos y que, según el Tribunal, el hoy legislador no pudo comprobar.
Por lo anterior se le dicto la inhabilitación total de dos décadas (que vencería en 2046) y la obligación de pagar el total del daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal.
El caso de Juan Carlos Barragán rasga de tajo el discurso oficialista del “ya no hay corrupción”. La realidad en territorio michoacano demuestra lo contrario: Morena se ha convertido en un eficaz receptor de perfiles con pasados cuestionables bajo la promesa de purificación en las urnas.
Barragán, quien coordinaba esfuerzos y operaba con la bandera guinda buscando abiertamente la candidatura para la alcaldía de Morelia en 2027, encarna la contradicción de un movimiento que agita el pañuelo blanco en la tribuna nacional, pero cuyas bases locales cargan con pesados lastres de opacidad administrativa.
No es un hecho aislado; es el síntoma de un pragmatismo electoral que prioriza la estructura sobre la honestidad. El PAN estatal ya ha catalogado el panorama como un reflejo de las feroces “disputas internas” del partido oficial.
Fiel al manual de defensa del oficialismo, el diputado local no tardó en salir a medios a defenderse, argumentando que la resolución “no está firme” y que se trata de un golpe orquestado desde las cúpulas del poder.
“Esta resolución responde a una consigna política para frenarme rumbo al proceso electoral de 2027. Las cuentas están claras desde hace seis años.”, dijo Juan Carlos Barragán
Barragán acusó directamente a la magistrada de la Primera Sala de incurrir en un conflicto de interés por supuestos lazos familiares con un exdirigente de su propio partido, y adelantó que recurrirá a la apelación y al amparo federal para mantenerse en la jugada.
Debido a que el cargo de diputado local es de elección popular, la inhabilitación administrativa en primera instancia no lo remueve del escaño de forma automática, requeriría un juicio político o un consenso parlamentario complejo.
Sin embargo, el golpe reputacional es irreversible: Morena Michoacán queda atrapado entre cobijar a un perfil sentenciado por corrupción en tribunales locales o desmarcarse para salvar la narrativa del partido.
