Por. J. Jesús Lemus
El panorama político mexicano vuelve a cimbrarse bajo la mirada de la justicia estadounidense. En una exclusiva que recuerda los peores capítulos de la relación bilateral, un reporte publicado por The New York Times sitúa al gobernador de Sonora y prominente figura de Morena, Alfonso Durazo Montaño, en el ojo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Este caso amenaza con convertirse en la “segunda temporada” del drama político-criminal que inauguró el narco gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y sugiere que los tentáculos de la investigación sobre la narcopolítica en el Pacífico mexicano están lejos de retraerse.
De acuerdo con la información recabada por el rotativo neoyorquino —sustentada en el testimonio bajo anonimato de ocho fuentes involucradas en los acercamientos—, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene abiertas líneas de investigación que vinculan de manera directa a gobernadores y legisladores del partido oficialista con actividades delictivas.
En el caso específico de Alfonso Durazo las indagatorias giran en torno a sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Por cooperación o facilitación logística para las operaciones de cárteles de la droga en estados fronterizos clave, con respaldo de la policía estatal de Sonora.
También se le atribuye a Durazo su confabulación y omisión deliberada, a fin de permitir el flujo de estupefacientes y precursores químicos hacia el norte a cambio de acuerdos políticos o financiamiento, sobre todo con el Cártel de Los Mayos, la otra fracción del Cártel de Sinaloa sobre la que el gobierno norteamericano quiere iniciar su propia Guerra Contra el Narco.
El núcleo más explosivo del reporte de The New York Times no es solo la existencia de la investigación en sí, sino la disposición de altos funcionarios de Morena para colaborar con el gobierno estadounidense.
La premisa de la investigación es que “muchos de estos funcionarios buscan adelantarse a las investigaciones que temen que pronto puedan centrarse en ellos”, señala textualmente el diario de Nueva York.
Fuentes cercanas a las conversaciones señalan que existe una lista confidencial de políticos mexicanos que han buscado canales formales e informales para fungir como informantes o potenciales testigos protegidos.
La estrategia de Durazo Montaño y otros señalados radicaría en un pragmatismo de supervivencia legal: ofrecer información de alto valor sobre la estructura interna de su partido, el financiamiento de campañas pasadas y los nexos de otros gobernadores a cambio de inmunidad o acuerdos que frenen solicitudes de extradición en el futuro.
La opinión pública y los analistas de seguridad leen este acontecimiento como la secuela directa del caso de Rubén Rocha Moya, el narco gobernador de Sinaloa con licencia. Las similitudes en el modus operandi electoral y delictivo trazan un puente ineludible:
| Elemento | Caso Sinaloa (Rocha Moya) | Caso Sonora (Alfonso Durazo) |
| Origen del Conflicto | Elecciones de 2021 marcadas por violencia e intervención de comandos armados. | 46 carpetas de investigación por irregularidades y “terrorismo electoral” en 2021. |
| Situación ante EE. UU. | Formalmente acusado y señalado por el Departamento de Justicia. | Identificado formalmente por el NYT como uno de los objetivos prioritarios de investigación. |
| Estrategia Política | Aislamiento y defensa institucional desde la cúpula partidista. | Búsqueda activa de blindaje mediante la entrega de información estratégica y hacerse Informante. |
Si la caída en desgracia de Rocha Moya abrió la caja de Pandora sobre cómo el crimen organizado supuestamente operó para imponer gobiernos en el Pacífico, el expediente de Alfonso Durazo representa el desmoronamiento de la seguridad perimetral de la llamada Cuarta Transformación, considerando que Durazo fue nada menos que el secretario de Seguridad Federal al inicio del sexenio pasado.
Fiel al manual de crisis, el gobernador Alfonso Durazo reaccionó con celeridad enviando una carta pública dirigida al editor ejecutivo de The New York Times, Joseph Kahn.
En la misiva, Durazo negó categóricamente las afirmaciones y exigió una rectificación del medio, argumentando que: No ha recibido ninguna notificación oficial por parte de autoridades mexicanas o extranjeras sobre indagatorias en su contra. Y que “No existe actuación oficial conocida” que respalde las declaraciones de los informantes anónimos citados por el periódico.
La moneda está en el aire. Mientras el gobernador de Sonora exige pruebas y defiende la presunción de inocencia, los pasillos de Washington sugieren que los pactos de silencio en la política mexicana se están rompiendo a cambio de la protección que solo las agencias estadounidenses pueden ofrecer. La secuela criminal está en pleno desarrollo.
