Este martes por la mañana, Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mientras conducía por calles de Houston, Texas. Presuntamente, los agentes le indicaron que detuviera el vehículo y descendiera de él debido a su estatus migratorio irregular en el país. Sin embargo, habría intentado evadir la detención embistiendo a los agentes, quienes accionaron sus armas.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tras los hechos, el conductor fue alcanzado por elementos del ICE, quienes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia para que recibiera atención médica y posteriormente fuera trasladado a un hospital, donde perdió la vida. La Oficina del Inspector General de ese departamento encabeza una investigación sobre el tiroteo.
El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en Houston investiga la presunta agresión cometida por la víctima contra un agente del ICE.
En 2026 han muerto siete mexicanos a manos del ICE
Con el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, suman siete los mexicanos muertos a manos del ICE durante 2026. De acuerdo con documentos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, bajo custodia del ICE habían muerto Heber Sánchez Domínguez, Alberto Gutiérrez Reyes, Royer Pérez Jiménez, José Guadalupe Ramos Solano, Alejandro Cabrera Clemente y Félix Alcorta Rodríguez, a quienes se suma Salgado.
Heber Sánchez Domínguez
Heber Sánchez Domínguez era un hombre de nacionalidad mexicana de 34 años que fue detenido por la unidad de Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE de Atlanta el 7 de enero de 2026, luego de su arresto en la cárcel del condado de Richmond por conducir sin licencia. El 9 de enero fue trasladado a la Oficina de Campo del ICE de Atlanta para continuar con su proceso y, el 11 de enero, fue enviado al lugar donde encontraría la muerte: el Centro de Detención Robert A. Deyton (RADDF, por sus siglas en inglés), en Lovejoy, Georgia, en espera de un “procedimiento de expulsión”.
Al llegar al RADDF, Heber Sánchez fue recibido por una enfermera que completó su examen de admisión y le realizó una evaluación de salud en español para asegurar que entendiera las preguntas. En ella documentó que negó el uso de medicamentos, problemas médicos o de salud mental, así como ideaciones suicidas u homicidas, por lo que fue autorizado para integrarse a la población general.
Tres días después, el 14 de enero, alrededor de las 2:03 de la mañana, un celador presuntamente encontró a Heber con un objeto alrededor del cuello, atado a la litera de su celda, por lo que activó la alerta de emergencia médica. Tras retirar el objeto, el celador colocó a Sánchez en el suelo. Dos minutos después, a las 2:05, dos enfermeras llegaron y lo encontraron inconsciente, sin pulso y sin respiración, por lo que iniciaron maniobras de RCP. A las 2:08, el personal contactó a los servicios de emergencia y trasladó a la víctima al departamento médico del centro.
A las 2:20 de la mañana llegaron los servicios de emergencia, quienes asumieron el cuidado y traslado de Heber. Arribó al Hospital Piedmont Henry a las 2:52, pero a las 3:09 un médico lo declaró fallecido. No existe información sobre si Sánchez se suicidó o si existe algún otro elemento en torno a su “fallecimiento”, pues en la entrevista médica del 11 de enero negó padecer tendencias suicidas y la enfermera del RADDF validó dicha información.
Alberto Gutiérrez Reyes
Alberto Gutiérrez era un mexicano de 48 años que fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos el 9 de enero de 2026 y transferido a la custodia de la unidad de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) del ICE en el Centro de Esclarecimiento de Los Ángeles, California. El 11 de enero fue notificado de que su estatus era el de un “extranjero presente sin admisión o libertad condicional”, debido a una condena previa por infligir lesiones corporales a su cónyuge. Al día siguiente, la ERO lo trasladó al Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto (AIPC), también en California.
El 12 de enero, cuando llegó al AIPC, fue sometido a un examen médico en el que se documentó un historial con varias enfermedades infecciosas, así como presión arterial y niveles de glucosa en sangre elevados, por lo que sería sometido a revisiones médicas constantes. El 17 de enero fueron ordenadas pruebas de laboratorio integrales para Alberto y una evaluación de salud completa para el 20 de enero. Ese día, el médico registró un examen normal, a excepción de un leve enrojecimiento en la garganta y síntomas leves de resfriado, con signos vitales “en gran medida dentro de los límites normales, aparte de presión arterial y glucosa en sangre ligeramente elevadas”, constata el informe de su muerte proporcionado por el propio ICE.
A partir de esta información, se continuó con el suministro de medicamentos y se programó un electrocardiograma basal, así como referencias a especialistas en enfermedades infecciosas y oftalmología, además de una cita de seguimiento 90 días después.
Durante todo febrero, Alberto Gutiérrez reportó y recibió atención por síntomas continuos que incluían congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, tos, dolores corporales, dolor de cabeza, mareos y dificultad para comer debido al dolor de garganta.
El 25 de febrero fue trasladado al Centro Médico Global Victor Valley (VVGMC, por sus siglas en inglés) debido a “una emergencia médica”, con dolor en el pecho, mareos, debilidad y síntomas neurológicos. Ahí recibió una transfusión de sangre por hemoglobina baja y se iniciaron pruebas adicionales y consultas especializadas.
El 26 de febrero “desarrolló un estado mental alterado” y experimentó una convulsión. Los resultados de los exámenes realizados previamente arrojaron anomalías en la función renal y en la coagulación sanguínea, por lo que se le indicaron más estudios y se programó su traslado a la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, el 27 de febrero Gutiérrez Reyes sufrió un paro cardiaco y, aunque el personal del hospital realizó maniobras de reanimación, falleció a las 12:57 a.m.
Aunque, de acuerdo con esta información, se llevaron a cabo múltiples pruebas y se atendieron los padecimientos de la víctima, se desconoce en qué medida las condiciones de su detención se relacionaron con el deterioro de su salud y con las enfermedades que previamente presentaba.
Royer Pérez Jiménez
Royer Pérez era un joven de 19 años que fue arrestado el 21 de febrero de 2026 y trasladado al Centro de Detención del Condado de Glades (GCDC, por sus siglas en inglés), en Moore Haven, Florida, en espera de un procedimiento de expulsión.
El 27 de febrero, una enfermera del GCDC, acompañada de un intérprete, llenó el registro médico de Royer Pérez, donde documentó que negó el uso de medicamentos, padecimientos crónicos o de salud mental y que presentaba signos vitales normales, por lo que fue autorizado para ingresar a la población general.
El 16 de marzo, cerca de las 2:34 de la madrugada, un celador encontró a Royer colgado con un objeto de tela en una de las duchas, por lo que se inició un protocolo de emergencia en el que se le brindaron primeros auxilios. Dos minutos después, dos integrantes del personal médico del GCDC le aplicaron un desfibrilador externo automático mientras continuaban las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Aunque los servicios externos de emergencia arribaron a las 2:42 y continuaron con las medidas de reanimación, a las 2:51 de la madrugada Royer fue declarado muerto. Al igual que en el caso de Heber, hasta el momento se desconoce si se trató de un suicidio o de otra situación anómala, dado que también había negado presentar conductas suicidas, hecho respaldado por el informe y el registro médico oficial.
José Guadalupe Ramos Solano
José Ramos era un mexicano de 52 años que fue arrestado por la unidad de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) del ICE el 23 de febrero de 2026 y trasladado al Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, California, en espera de un proceso de expulsión. Ramos Solano ya había sido detenido el 6 de mayo de 2025 por robo y posesión de una sustancia controlada.
A su arribo al centro fue sometido a un examen médico en el que la enfermera registró que padecía diabetes mellitus, hipertensión y que había sido sometido a una cirugía nasal. Sus signos vitales eran normales, excepto por la presión arterial y la glucosa elevadas, por lo que el médico le recetó insulina glargina, losartán y metformina, además de controles regulares de glucosa en sangre. A pesar de ello, fue ingresado a la población general, donde también rechazó aplicarse las vacunas contra la Covid-19 y la influenza.
De acuerdo con el informe sobre su muerte presentado por el ICE, entre el 24 de febrero y el 23 de marzo los niveles de glucosa en sangre de José Guadalupe oscilaron entre elevados y muy elevados. Aunque el hombre no presentaba síntomas adversos, el personal realizó ajustes incrementales en su régimen de insulina.
El 23 de marzo, una evaluación de seguimiento detectó que sufría presión arterial persistentemente alta, mal control glucémico, colesterol elevado, niveles bajos de vitamina D y altas cantidades de proteína en la orina, por lo que el médico ordenó medicamentos adicionales para la diabetes y la hipertensión, un suplemento de vitamina D y más pruebas diagnósticas para dar seguimiento a su estado de salud. Después fue devuelto a la población general.
El 25 de marzo, a las 5:35 de la tarde, un guardia se percató de que Ramos Solano se encontraba sentado en su litera, ligeramente inclinado, con dificultad para respirar, inconsciente y con saliva saliendo de la boca, por lo que activó la alerta de emergencia médica. A la celda llegó personal médico del centro, que realizó una prueba de glucosa e instruyó a los custodios para llamar al 911. Inmediatamente comenzaron maniobras de compresión torácica y la aplicación de oxígeno.
A las 5:46, los servicios médicos de emergencia externos asumieron el cuidado de José y continuaron con las medidas de reanimación. A las 6:04 decidieron trasladarlo al Centro Médico Global Victor Valley (VVGMC), en Victorville, California. A las 6:26 llegó a la sala de urgencias del hospital, donde fue intubado y el personal continuó con las maniobras de reanimación; sin embargo, a las 6:29 fue declarado muerto.
Alejandro Cabrera Clemente
Alejandro Cabrera fue un mexicano de 49 años localizado en la Cárcel del Condado de Bradley, en Cleveland, Tennessee, por la unidad de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) del ICE en Nueva Orleans el 8 de enero de 2026, cuyos agentes asumieron su custodia y lo trasladaron al Centro Correccional Winn (WCC), en Winnfield, Luisiana, el 13 de enero. Contaba con un historial delictivo que incluía arrestos por conductas desordenadas, posesión de parafernalia para drogas, agresión doméstica, no comparecencia y violación de la libertad condicional.
A su llegada al WCC, el personal médico completó su evaluación de ingreso y registró su historial de hipertensión y una receta de lisinopril. Al momento de la evaluación presentaba presión arterial elevada, por lo que fue remitido para recibir supervisión médica regular y continuar con su medicación. Al día siguiente, tras una evaluación de salud más detallada, un especialista confirmó su hipertensión y registró nuevamente presión elevada, por lo que ajustó su régimen de medicación.
Entre el 4 de febrero y el 10 de abril, Cabrera fue evaluado en varias ocasiones por síntomas que incluían dolor de cabeza, dolor de garganta, síntomas gripales y dolor lumbar intermitente. Su presión arterial se mantuvo elevada durante todo este periodo y sus medicamentos fueron “ajustados en consecuencia”, además de recibir diversos tratamientos para aliviar los síntomas y la indicación de volver a atención médica si estos persistían.
El 11 de abril, a las 8:10 de la mañana, otros detenidos informaron al personal médico que Cabrera se encontraba inconsciente. Al llegar a su celda lo encontraron inconsciente, con caída facial del lado izquierdo, cianosis —decoloración de la piel causada por bajos niveles de oxígeno en la sangre— y sin pulso. El personal implementó maniobras de soporte vital e instruyó al personal de seguridad para llamar a los servicios médicos de emergencia.
Alrededor de las 8:30, el personal de los servicios médicos de emergencia llegó al WCC y asumió el cuidado de Cabrera Clemente. Doce minutos después, los paramédicos contactaron a un médico del Centro Médico de la Parroquia de Winn (WPMC, por sus siglas en inglés) y reportaron el estado del paciente. A las 8:51, los paramédicos, bajo la dirección del médico del WPMC, declararon muerto a Alejandro Cabrera.
Félix Alcorta Rodríguez
Félix Alcorta era un mexicano de 63 años que fue detenido por el Departamento de Policía de Laredo el 9 de mayo debido a una orden judicial por no comparecer ante el tribunal por un arresto ocurrido el 5 de febrero de 2018 por conducir bajo los efectos del alcohol. El 16 de junio, tras su liberación de la Cárcel del Condado de Webb, fue detenido por elementos del ICE y trasladado al Centro de Detención del Condado de Webb (WCDC).
El 19 de junio, alrededor de las 9:03 de la noche, Félix Alcorta fue encontrado inconsciente, por lo que los guardias del WCDC llamaron al personal médico de emergencias, que realizó maniobras de reanimación. Poco después, los servicios de emergencia externos llegaron al WCDC y lo trasladaron al Centro Médico de Laredo, donde fue declarada su muerte a las 10:02 p.m.
El ICE no ha esclarecido la muerte de Alcorta Rodríguez. Se desconocen las causas y toda la información disponible señala únicamente que está pendiente la autopsia para determinar el motivo de su fallecimiento, por lo que la versión anterior ni siquiera puede ser corroborada mediante un informe médico.
Existe un aumento de muertes de migrantes detenidos
La organización Human Rights Watch (HRW) publicó el 25 de junio de 2026 el estudio Morir en Detención sobre el aumento de muertes en el sistema de detención de migrantes. De acuerdo con este informe, en los 500 días transcurridos entre la toma de posesión de Donald Trump (20 de enero de 2025) y el 4 de junio de 2026, 52 personas murieron bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
El informe señala que la tasa de mortalidad bajo custodia del ICE ha alcanzado su nivel más alto en más de 10 años, al duplicarse desde el inicio del segundo mandato de Trump. Además, representa casi cuatro veces la registrada durante la administración de Joe Biden y más del doble de la correspondiente al primer mandato de Trump.
Este repunte no se debe únicamente al notable aumento de la población detenida —que alcanzó un récord histórico de más de 71 mil personas en enero de 2026—, sino también a que las muertes han crecido a un ritmo desproporcionado debido a fallas en el sistema de detención y en la atención médica.
De acuerdo con la organización Physicians for Human Rights (PHR), las muertes de migrantes bajo custodia del ICE evidencian un problema de falta de transparencia y rendición de cuentas. Los médicos de PHR determinaron que, en 39 casos analizados, el gobierno no proporcionó información pública suficiente sobre las circunstancias médicas ni el tratamiento recibido, lo que limita gravemente las auditorías médicas independientes.
Los expertos médicos de PHR han identificado graves indicios de negligencia o retrasos críticos en la atención a la salud, lo que sugiere que muchas de estas muertes eran prevenibles.
Los registros oficiales muestran que, de las 52 personas fallecidas bajo custodia del ICE, siete murieron en aparentes suicidios entre enero de 2025 y enero de 2026, un incremento importante en comparación con 2024, cuando solo se registró un caso. El informe señala que esto evidencia una falla del Estado en su obligación de monitorear el bienestar y prevenir riesgos de autolesión en los entornos bajo su control.
En conjunto, HRW y PHR atribuyen el incremento de la mortalidad tanto a deficiencias estructurales históricas como a las nuevas políticas de la actual administración, entre las que destacan el hacinamiento, las condiciones insalubres de los centros de detención y las trabas burocráticas para recibir atención médica externa.
